Parece que el conflicto de Chiapas se embrolla cada vez más. Pero es un embrollo intencional y ficticio, carente de una sustancia que altere realmente su contenido y su curso según la estrategia de paz convenida cuando menos desde el diálogo de San Cristóbal del mismo año de la insurrección, y luego en los días de la consulta nacional de agosto de l995.

Por una fuerte presión social que muy pronto procedía de más allá de nuestras fronteras, las partes beligerantes fueron obligadas a transitar por la vía de la negociación y se crearon los instrumentos legales para definir a los protagonistas y sujetar a derecho las pláticas de paz. La idea ha sido siempre no recurrir a la guerra para la solución de problemas ancestrales, pero tampoco mantener en la privación de derechos y en el desprecio a varios millones de compatriotas que descienden de los pobladores originales de nuestras tierras.

En el diálogo de San Andrés hubo importantes regateos gubernamentales, incluso en la mesa de derechos y cultura indígenas. No obstante, se llegó a acuerdos en cuestiones fundamentales, y la representación gubernamental aceptó y firmó esos acuerdos, como lo hizo también el EZLN después de consultar con sus bases de apoyo, mismas que estimaron que, aunque incompletos aún, tales acuerdos beneficiaban al movimiento indígena nacional. Es decir, los indígenas tenían objeciones, tenían también observaciones, pero acabaron comprometiéndose con los acuerdos y no con el todo o nada.

Tales acuerdos modificaban nuestro régimen de derecho, incluso en el orden constitucional, y así, se encargó a la Cocopa la elaboración del proyecto de reformas, que luego sería presentado al Congreso por el Ejecutivo. La Cocopa concluyó su trabajo en noviembre de l996, y un mes después el gobierno hizo las primeras observaciones, introducidas no para enriquecer el texto, sino para ganar tiempo. Y ha pretendido ganarlo de nuevo con las cuatro observaciones recientes. ¿De qué se trata?

Cualquier persona de buena fe que compare los Acuerdos de San Andrés Larráinzar con el proyecto de la Cocopa y con el Convenio 169 de la OIT suscrito por México, convendrá en que la instancia intermediaria obró en lo sustancial con apego a la ética y a la técnica jurídica. Por lo demás, nadie ha hecho esfuerzo alguno (que sería inútil) por demostrar lo contrario. Ciertamente, como a cualquier texto, se le pueden hacer muchísimos cambios enteramente irrelevantes: si fueran de relieve, habría infidelidad a la palabra empeñada y a la firma estampada.

No obstante, el gobierno rechaza (aunque no claramente, con franqueza) la iniciativa de la Cocopa, y pretende enviar al Congreso una iniciativa de ley que necesariamente diferirá en mucho de lo acordado en el diálogo de San Andrés, o la harán diferir los diputados fieles o afines. ¿De eso se trata? ¿Con una trampa tan burda se pone en riesgo la paz de la República?En todo caso, la Cocopa debe marginarse de todo género de maniobras, y no puede hacer, en cuanto a la iniciativa, más de lo que ha hecho, que está bien hecho. Si alguno de sus miembros vacila o cede ante presiones ilegítimas, será por intereses igualmente ilegítimos, ajenos por entero a la leal coadyuvancia a la que se comprometieron todos desde la aceptación del cargo.