Pedirán familiares del detenido que se dé un seguimiento legislativo al consejo de guerra

Jesús Aranda Ť La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó al gobierno mexicano un plazo de 80 días con el fin de que le dé a conocer las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones sobre el caso del general Francisco Gallardo, que incluyen su inmediata liberación.

En un comunicado enviado el pasado 27 de febrero al gobierno de México con copias a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC (CMDPDH), al Center for Justice and International Law (CEJIL) y a José Francisco Gallardo Enríquez, hijo del general detenido en 1993, se agrega la petición para que cese la campaña de persecución en su contra, se investigue y sancione a los responsables de dicha campaña, el término de las causas pendientes y la indemnización correspondiente por los daños sufridos.

Asimismo, la CIDH solicitó que se mantengan las medidas cautelares solicitadas en agosto de 1997, relativas al respeto de las condiciones carcelarias establecidas en el Código de Justicia Militar para un general brigadier, como es el caso, y el respeto a las garantías al debido proceso reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por México.

En tanto, el diputado perredista Gonzalo Rojas Arreola se presentó ayer en el consejo de guerra contra Gallardo para evaluar la conveniencia de que una comisión legislativa esté presente en el proceso.

Familiares del militar presentes en la audiencia comentaron que solicitarán la intervención de las comisiones de Defensa y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que den seguimiento al caso del general Gallardo, particularmente con el fin de que intercedan en el cumplimiento de la recomendación de la CIDH que solicita su liberación.

A su vez, la CMDPDH consideró que la acusación hecha por el sargento Aurelio Trujillo contra el general Gallardo por ``abuso de autoridad'', en la sesión del consejo de guerra del 3 de marzo, forma parte de la campaña de hostigamiento a que es sometido por parte del Ejército, y dijo el cese de acciones de esa naturaleza es una de las recomendaciones de la CIDH.