Una rápida retrospectiva de los procesos de privatización que se han llevado a cabo en México en los últimos diez años sugiere la enormidad de los cambios, pero también obliga a plantearse cuán lejos se llevará a cabo el desmantelamiento de las funciones económicas y sociales del Estado. No parece que exista todavía una respuesta segura a este gran interrogante que afecta no sólo a México sino a la mayoría de las sociedades modernas del mundo.

La epopeya de la privatización mexicana, como es bien sabido, arrancó en los últimos años de la administración de Miguel de la Madrid y coincidió con la entrada al GATT, en 1986. En ese entonces comenzó la venta de varios centenares de empresas paraestatales, aunque no sería hasta el comienzo de la administración de Carlos Salinas de Gortari, en 1989, cuando las subastas despegaron. El mayor de los remates de empresas públicas fue el de Telmex, acompañado por la venta de una amplia gama de empresas mineras, industriales y comerciales. En total, por medio de este bazar de bienes públicos el gobierno obtuvo unos 12 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe de Jacques Rogozinski, entonces zar de las privatizaciones. Luego, entre 1990 y 1992, se obtuvieron otros 12 mil millones de dólares de la venta de los bancos comerciales. La mayor parte de este dinero se destinó a solventar los déficit del gobierno y la subsiguiente quiebra del Banco de México, ocasionados por la apertura comercial y financiera virtualmente irrestricta de la economía implícita en la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Desde mediados de 1996, y apenas superada la peor parte de la gran crisis económica con la que se inauguró la actual administración presidencial, la élite tecnocrática resolvió proceder a una nueva ola de privatizaciones, que incluyó los ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos, almacenes de depósito, los sistemas de distribución de agua y el sector petroquímico. No se ha logrado avanzar muy rápidamente en esta segunda fase de subastas por la debilidad de la oferta financiera y por una serie de problemas políticos y administrativos, pero no cabe duda de la estrategia que se desea implementar.

Las intenciones de proseguir se ratifican en las negociaciones para la posible venta del sector eléctrico, tema que se ha discutido en una importante reunión esta semana, auspiciada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Aparentemente, el primer paso de la privatización eléctrica pasaría por la venta de la empresa Luz y Fuerza del Centro, la cual está en la mira de la empresa eléctrica española Fuerza Eléctrica del Noreoeste, S. A. (Fenosa), que desea adquirir activos mexicanos a precio bajo. Esa firma española fue una de las que más beneficios recibió del régimen dictatorial de Francisco Franco, que inclusive nombró al presidente de la empresa con el título surrealista de ``conde de Fenosa''.

La larga marcha del pueblo y el gobierno mexicanos desde 1920 hasta los años sesenta para establecer e impulsar un sistema eléctrico nacional público eficiente y rentable está por concluir si se concreta este nuevo proceso de privatización. Impedir esta medida es de suma importancia, ya que es transparente que el siguiente paso sería, sin duda, la venta de la mayor empresa de México, Pemex, a los consorcios internacionales. Con ello se cerraría el ciclo completo de desmantelamiento del Estado mexicano en la esfera económica, conduciendo indefectiblemente a la desnacionalización de la nación.