Las armas que acostumbran utilizar las grandes metrópolis capitalistas en contra de sus semicolonias tienen, entre otras características, diversidad de filos que las convierten en instrumentos productores de diversos efectos: en hojas punzocortantes, en múltiples bocas de fuego o en mecanismos destructores de muy variada eficacia.

Uno de los venablos que nos ha lanzado el imperialismo de las barras y las estrellas constituye una triple arma ofensiva contra nuestras mejores tradiciones históricas que cristalizaron en la Constitución de 1917.

Por una parte, habíamos establecido el principio de nacionalizar y estatificar ramas estratégicas de nuestra actividad económica, como la industria petrolera y la producción y distribución para uso público de la energía eléctrica, que es una actividad que correspondía al Estado Mexicano, en todo lo relativo a la producción y distribución pública de la energía eléctrica. La tendencia globalizadora y neoliberal ha pretendido acabar con ese principio nacionalista de la industria eléctrica y abrir las puertas a la inversión extranjera y a la privada.

De acuerdo con el artículo 123 de nuestra Constitución y los principios de justicia social que lo inspiran, los electricistas debieran estar sometidos a un derecho laboral que para llegar a finalidades de justicia social y de economía nacionalista, establecían instituciones como la contratación colectiva obligatoria y el derecho de huelga. Con la ``nueva política laboral'' impuesta por el neoliberalismo zedillista se ha tratado de mellar las armas que la Constitución otorgó cambiando éstas, por prácticas claramente contrarias a los intereses de la clase laborante, a la cual se pretende someter a una estrategia de ``mayor productividad'', ``mejor competitividad'', contracción salarial y sumisión contractual, para hacer más atractiva a los inversionistas extranjeros el área de la industria eléctrica que por muchos años tuvieron vedada o seriamente limitada y hoy se ha abierto, con claro perjuicio del estatuto laboral de que antes disfrutaban los trabajadores, a los intereses de las grandes transnacionales; segunda gran desviación o traición.

Pero ha aparecido un tercer filo, sumamente peligroso. Ante la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo que, con pleno fundamento legal ha planteado el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía han empezado a esparcir la versión de que las pretensiones de los electricistas son tan descabelladas que, de aceptarse, obligarían a elevar las tarifas de consumo al público y, además, desalentarían a los ``valientes'' y ``generosos'' inversionistas extranjeros. Con estos argumentos los funcionarios del gobierno pretenden:

1o. Desacreditar el movimiento de los electricistas para defender hasta donde sea posible, el nivel salarial y de prestaciones que habían alcanzado, después de una larga batalla.

2o. Demostrar que el arma de la huelga que la Constitución concedió a los trabajadores, es un peligroso instrumento que debe ser eliminado, o por lo menos desafilado. En otras palabras: el derecho de huelga debe ser suprimido como un peligro para el interés público.

La ``nueva política'' adoptada por el régimen zedillista contra la industria mexicana de la electricidad y en contra de sus trabajadores, entraña una evidente violación al principio de estatificación y mexicanización de la industria eléctrica, al derecho laboral inspirado en principios de justicia social y en el riesgo o derecho de contratación colectiva obligatorio y en el diabólico derecho de huelga.

De esa manera, la lucha de los electricistas por su contrato colectivo de trabajo, tiene tres objetivos muy precisos:

a) Defender la nacionalización de la industria eléctrica en beneficio de México; b) defender el régimen legal que, con base en el artículo 123 constitucional, protegía a los trabajadores; c) destituir la tesis de la ``nueva política laboral'', de que mantener o mejorar los niveles de retribución de los trabajadores electricistas, traerá la consecuencia ineludible de subir los niveles de precios o desalentar a nuestros salvadores inversionistas extranjeros.

Por todas estas razones, la lucha laboral y mexicanista del SME tiene gran significación nacional y, por ello, no podemos ni ignorarla ni considerarla ajena y debe tener el apoyo y simpatía de todo el pueblo mexicano.