En el estallido de la rebelión zapatista de 1994 confluyeron graves y diversas causas cuyos detonadores fueron, además de los increíbles límites de injusticia y desigualdad a que se llegó en Chiapas, quebrantos que afectaron a las principales actividades productivas de la zona del conflicto, entre ellas la forestal y la cafetalera.

En la actualidad hay un importante grado de miopía política en el gobierno, al no percatarse de que en Chiapas existen circunstancias que el mismo gobierno ha creado y que actualizan o añaden factores de riesgo socioeconómico que pueden acentuar el paradójico avance de la miseria y la marginación en un estado de exuberantes riquezas naturales.

En efecto, la campaña xenofóbica y la inacción gubernamental para desarmar a los llamados grupos paramilitares están produciendo, o producirán en breve, severos quebrantos en materia turística y agrícola, por dos evidentes razones:

a) Las autoridades migratorias están ejerciendo una hostil y estricta vigilancia sobre los extranjeros en Chiapas, y esto fácilmente puede traducirse en una reducción de la afluencia turística del exterior, de mano de una negativa información sobre el país y el estado difundida allende las fronteras. Coincidentemente, la economía de la zona de San Cristóbal de las Casas y buena parte del resto de Chiapas gira en torno de la derrama monetaria de esos visitantes, incluso los aborrecidos militantes de organizaciones no gubernamentales.

b) Además del gravísimo riesgo que corren los simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y también quienes desean permanecer neutrales en las tormentas de odios --riesgo que se volvió muerte en Acteal-- el hecho de que los grupos paramilitares continúen armados y protegidos por el poder público o económico está impidiendo que muchos indígenas salgan a cultivar sus tierras. Y si a ello se añaden las expulsiones, las cosechas y los animales de que han sido despojados y la acción desfavorable de fenómenos naturales, la hambruna de la que ya se habla no es una hipérbole sino una probabilidad cierta y dolorosa.

Un dato puede ilustrar el retroceso productivo de que hablamos. La Unión Majomut, un exitoso proyecto cafetalero indígena en Chenalhó, exporta a varios países europeos y a estas alturas de 1997 ya había enviado al exterior unos cinco contenedores del aromático, mientras este año apenas está preparando el primero.

Es decir, en tanto el conflicto se prolonga y se hacen propuestas y contrapropuestas, hay chiapanecos que sufren y arriesgan la vida y su estabilidad, y esto no se vale. ``Ya basta'', han dicho zapatistas y funcionarios en distintos momentos.

Lo que en verdad ya basta es que la intransigencia se pasee en ambos bandos, y unos expresa y otros implícitamente se casen con tildes y comas, si bien debe anotarse que el gobierno firmó acuerdos que hoy, por más vueltas que les dé, no parece dispuesto a honrar más allá de la retórica. Y obviamente, también el gobierno es el responsable de la campaña xenofóbica y de no desarmar a los paramilitares, es decir de las causas de los posibles quebrantos anotados.

Los apapachos presidenciales son estimulantes, pero resulta deplorable que don Ernesto Zedillo los otorgue a gobernadores como Roberto Madrazo Pintado, de Tabasco, y Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán. Hay ahí una malsana interacción: el Presidente aporta un ímpetu político que resulta peligroso al convalidar conductas poco honorables, para decirlo eufemísticamente y, a cambio, recibe una cuota del desprestigio que acompaña a sus apapachados. Por ese camino, pronto le tocará el turno a Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo, acusado de complicidad con el narcotráfico, aunque la Procuraduría General de la República no lo esté investigando (lo cual no es una garantía de nada).