Las mentes sagaces de Gobernación se van saliendo con la suya; ante la opinión pública están convirtiendo el problema de Chiapas en una discusión de leguleyos, de mañosos litigantes que argumentan con verdades a medias y acuden a expedientes más o menos sensibles a los señores del jurado.

De pronto el hambre, el atraso, el abandono, la explotación, la marginación, la injusticia que provocaron el alzamiento de los indios de los Altos de Chiapas quedan en un segundo plano, y se discute si en los municipios serranos hay o no hay muchos o pocos extranjeros; se dirime si debajo de algunos pasamontañas hay rostros pálidos o si los paliacates y los sombreros ocultan cabelleras rubias.

Con una estrategia muy propia de la burocracia que ha gobernado este país por tantos años, se dan salidas laterales para no resolver sobre lo principal. Se trata de dividir a los que pudieran constituir un obstáculo a sus planes, como la Cocopa, y se busca desprestigiar a quienes han logrado evitar que el conflicto se resolviera con una masacre de los rebeldes, como la Conai.

Se están usando los métodos y los personajes más descalificados para ``crear opinión pública'' favorable a los intereses de los gobernantes, y se echa tierra sobre el fondo del asunto. Por ello propongo cambiar de tema; ya no hablar de si son sacerdotes o si son extranjeros quienes se han puesto del lado de los más pobres y más débiles, o de si el proyecto de cambios constitucionales propuesto por la Comisión de Legisladores de todos los partidos, hizo un mal o un buen planteamiento, o si supieron o no redactar con propiedad y buena técnica legislativa su iniciativa.

Propongo retornar al punto esencial del conflicto: ¿cómo está respondiendo la sociedad ante las injusticias y los atropellos a los pueblos indios? ¿Qué está haciendo el gobierno para buscar verdaderamente la paz en la región?

Será mejor insistir en que el Ejército se retire de la zona, reiterar que los grupos paramilitares sean desarmados, y que se permita a los desplazados instalarse en lugar seguro.

La propuesta es que no sigamos el juego habilidoso de la Secretaría de Gobernación y centremos nuevamente la discusión en lo que es importante.

Recordemos mejor cuando, en enero de 1994, el levantamiento indígena nos sorprendió a todos y desató una ola de comentarios favorables en el mundo entero; recordemos cómo la opinión pública detuvo el aplastamiento de los mal armados pero valientes chiapanecos reclamantes de justicia; recordemos que la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, a pesar de sus singularidades reconoce como mexicanos a los integrantes del EZLN, les da el carácter de beligerantes de una causa justa y se propone alcanzar la paz duradera y digna en el estado.

Esos objetivos serán posibles si se hacen a un lado las argucias, si se deja de acorralar al EZLN y a sus bases sociales y se recupera el tiempo perdido, dando pasos firmes para conseguir la paz. ¿Qué esperamos? ¿Que Marcos vuelva a preguntar si las víctimas son quienes tienen que pedir perdón, recordándonos que los integrantes del Ejército Zapatista están dispuestos a morir por su causa --que, por supuesto, muchos estimamos justa? Un gobierno consciente y responsable no avanzaría por ese camino. Una opinión pública, que a estas alturas ya no puede ser sólo nacional, no podría perdonarlo.