Gutiérrez Rebollo, sentenciado a 13 años de cárcel por acopio de armas

Ana Salazar, corresponsal, y Jesús Aranda, Toluca, Méx., 3 de marzo Ť Un juez federal en materia penal sentenció hoy a 13 años, nueve meses y dos días de prisión al general Jesús Gutiérrez Rebollo, responsable de los delitos de acopio y transportación de armas y abuso de autoridad. Esta es la primer sentencia después de más de un año de que se iniciaron procesos penales y militares en contra del ex titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).

Armando Báez, juez federal con residencia en esta ciudad, expuso en un documento de 200 hojas sus consideraciones legales para dictarle la sentencia al militar de 60 años, preso en el penal federal de máxima seguridad de Almoloya.

En la sede de los juzgados federales se informó que en el proceso judicial que continúa abierto contra Gutiérrez Rebollo por el delito de cohecho, la fiscalía presentará los testimonios de dos militares más que colaboraban con aquél en la quinta región militar, con sede en Guadalajara, Jalisco.

Por su parte, el abogado defensor de Jesús Gutiérrez Rebollo, Edgar Herrera, afirmó que interpondrá un recurso de apelación ante la resolución del juez federal. Otro de sus defensores, Francisco Garza Martínez, calificó la sentencia de ``excesiva, en virtud de que hay un sinnúmero de elementos que atenúan el ilícito, lo que habla de que el defendido no es responsable''.

Entrevistado en el consejo de guerra que se le sigue al general José Francisco Gallardo Rodríguez, Garza Martínez señaló que la averiguación por la que Rebollo fue sentenciado la inició la Procuraduría General de la República, al detectar en las oficinas anexas a la que éste tenía en el INCD un conjunto de armas ``bastante importante'', incluida su colección propia, que habían sido trasladadas desde la quinta Región Militar en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con el consentimiento del titular de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre.

En tanto, Edgar Herrera declaró que Rebollo debe ser exonerado de ese cargo, porque la dependencia federal tenía conocimiento de que las armas se utilizaban en operativos antinarcóticos.