En el número más reciente de la revista Forbes se publicó una inserción pagada con el título ``México, determinado a crecer'', cuyo eje es la presunta garantía de estabilidad y continuidad económica que representará, una vez terminado el actual sexenio, en el año 2000, la presencia de Guillermo Ortiz en la gubernatura del Banco de México.

El mensaje que ese anuncio pretende difundir es muy claro: más allá de lo que suceda en las próximas elecciones presidenciales, la designación de Ortiz como gobernador del banco central del país fue parte de una decisión del presidente Ernesto Zedillo para asegurar, una vez concluido su mandato, la continuidad de las políticas económicas vigentes. Las implicaciones de esta retórica son múltiples, tanto en materia económica como política.

En primer lugar, en las elecciones del 2000 los ciudadanos elegirán no sólo a un candidato o a un partido para encabezar el nuevo gobierno, sino que optarán por un modelo económico y por una conducción específica de los asuntos financieros, monetarios y presupuestales del país. Afirmar sin cortapisas que, sin importar el resultado de esos comicios, la continuidad de la política económica actual está asegurada, permite suponer la existencia de una inaceptable pretensión de acotamiento de la voluntad popular a los designios de un determinado grupo o partido, incluso si éstos no alcanzan la mayoría de los sufragios.

Si bien es cierto que el Banco de México goza de autonomía y tiene facultades legales específicas en materia monetaria y cambiaria, tales prerrogativas no deben entenderse como una forma de amordazar o poner candados a las determinaciones de los ciudadanos expresadas en las urnas. La aplicación de medidas de este tipo violentaría el régimen democrático y supondría la creación de una instancia de decisión y control incompatible con la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) consagrada en la Constitución. La autonomía del Banco de México no puede concebirse de esta forma; por el contrario, el ejercicio de sus atribuciones legales debe corresponder en todo momento a las prácticas democráticas y recoger y aplicar aquellas consideraciones que hayan recibido la sanción de la mayoría de los electores.

Por otra parte, son igualmente preocupantes otros enunciados contenidos en el anuncio citado. Entre ellos el reconocimiento de que para el 2000 el presidente Zedillo habrá dejado una economía cabalmente apegada a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Se reconoce entonces que esa institución financiera es la que ha dictado al gobierno mexicano la conducción de la economía, vulnerando con ello la soberanía nacional y ejerciendo un papel abiertamente injerencista en decisiones que competen sólo a los mexicanos?

Es verdad que, tras la crisis financiera de 1995, México ha reducido sus niveles de inflación y ha retomado, según las cifras macroeconómicas, la senda del crecimiento. Pero debe reiterarse que tales mejoras no han alcanzado todavía a los grandes grupos sociales ni beneficiado de manera tangible a la inmensa mayoría de las familias mexicanas: han sido las grandes corporaciones y los especuladores financieros quienes han recogido los frutos del modelo económico del que, según el anuncio publicado en Forbes, Guillermo Ortiz es garantía de continuidad.

¿Qué continuidad se ofrece para después del 2000? ¿La de la democracia y el derecho de los ciudadanos a elegir las políticas que deben regir la conducción económica de la nación, o la de la marginación de millones de mexicanos en beneficio de unos cuantos? ¿La de la injerencia del FMI o la de la soberanía nacional?