Conai: corresponde a la Cocopa, no al EZLN, evaluar las 4 observaciones

Andrea Becerril Ť A juicio de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), es a la Cocopa y no al EZLN a la que corresponde ``emitir un juicio'' en torno a las observaciones del gobierno federal a la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas.

Ello debido a que tales observaciones ``corresponden al momento en que el proceso de diálogo y negociación quedó interrumpido'', precisa la Conai en un escrito que responde a planteamientos del secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, y del que dirigió una copia a la Cocopa.

En ese escrito de fecha 27 de febrero, el organismo presidido por el obispo Samuel Ruiz advierte que ``difiere'' de la valoración del coordinador para el diálogo, Emilio Rabasa, en el sentido de que han quedado satisfechas las 10 condiciones establecidas de manera conjunta por la Cocopa y la Conai para la reanudación del diálogo.

La Conai ``comunica a la Secretaría de Gobernación que, en mérito de la verdad y del proceso de paz, hará pública su propia evaluación al respecto'', se agrega en el escrito signado también por Concepción Calvillo viuda de Nava, Juan Bañuelos, Pablo González Casanova, Oscar Oliva y Raymundo Sánchez Barraza.

Enumera una a una las respuestas a los 10 puntos de Cocopa y Conai, y hace notar, en referencia a la afirmación gubernamental de que se disminuyó de 27 a cuatro el número de observaciones al proyecto de ley indígena, que ello es irrelevante. ``Una sola observación, si su contenido contradice aspectos esenciales de los acuerdos de San Andrés puede significar un obstáculo insalvable''.

Resalta que la iniciativa elaborada por la Cocopa sigue siendo válida y señala que ``en virtud de las afirmaciones del secretario de Gobernación'' el pasado 17 de febrero, en torno a que la interpretación jurídica que la Cocopa hizo de los acuerdos de San Andrés no corresponde al espíritu y letra de esos acuerdos, ``juzgamos que corresponde a la Cocopa y no al EZLN emitir un juicio sobre las observaciones del gobierno'', ya que ``tales observaciones corresponden al momento en que el proceso de diálogo y negociación quedó interrumpido''.

Más adelante, resalta que no hay ruptura o suspensión del diálogo y ``el problema de fondo es de credibilidad y generación de las condiciones que lo restablezcan''.

La Conai insiste en que falta que el gobierno federal concrete el tema sobre la situación militar en Chiapas; subraya que no está resuelto el cabal desahogo de la investigación sobre el asesinato de Acteal, que hay puntos pendientes por lo que se refiere a la atención a los desplazados, a las indemnizaciones a los deudos de las víctimas y a la liberación de presuntos zapatistas presos.

Por ello difiere del aserto de Rabasa de que las 10 condiciones planteadas por han quedado satisfechas. La Conai propone a la Cocopa la posibilidad de intercambiar puntos de vista ``para explorar la eventualidad de una respuesta conjunta''.

José Gil Olmos Ť El negociador para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, aseguró que el gobierno federal busca el consenso con el EZLN y los partidos políticos para presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas.

Sin embargo, advirtió que no se puede forzar al grupo rebelde al diálogo y que el Ejecutivo, al decidir la presentación del proyecto de reforma constitucional, cumple con los acuerdos de San Andrés que establecen el compromiso de que el gobierno promueva su transformación en reformas constitucionales.

En su undécima entrevista concedida en los últimos dos días, negó que la iniciativa gubernamental divida a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), y señaló que espera de ésta su respuesta a la invitación del gobierno para trabajar conjuntamente la propuesta de la reforma constitucional.

Al contrario, aseguró que la fortalece al convertirla en ``centro de convergencia'' para elaborar la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas.

En su llegada a las oficinas del secretario de Gobernación, Rabasa rechazó una salida armada al conflicto en Chiapas, y externó que el deseo del gobierno federal es que el EZLN se incorpore a la vida política nacional.

Calificó de ``mera especulación'' la versión de que se trata de alargar la solución del conflicto hasta el 2000 para empatarla con las elecciones presidenciales, e insistió en que ya se cumplieron los cinco requisitos establecidos por los zapatistas para reanudar el diálogo suspendido ``unilateralmente'' por ellos desde septiembre de 96.

Dispuesto a dar las declaraciones que el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, negó luego de su mensaje dominical, reafirmó que la intensión gubernamental con la nueva estrategia de paz es cumplir con los acuerdos de San Andrés: ``Una solución pacífica y política'' al conflicto.

Citó tres argumentos para afirmar que el EZLN no está excluido del proceso de negociación: en primer lugar, la participación de los zapatistas en los acuerdos de San Andrés; en segundo, su aprobación a la iniciativa elaborada por la Cocopa, la cual no está desechada en la nueva estrategia gubernamental, y en tercero, que se le hicieron llegar las cuatro observaciones a este último documento.

``De modo que al haber aprobado la iniciativa de la Cocopa está participando, pero adicionalmente a eso hemos mantenido abierta, y la seguiré manteniendo abierta, la posibilidad de un diálogo directo'', adujo Rabasa, y reiteró su disponibilidad de ``satisfacer los requisitos protocolarios'' para hablar con la dirigencia del EZLN.

Negó que la Cocopa esté en crisis o se encuentre dividida por la decisión del gobierno de presentar una iniciativa de reformas sobre derechos indígenas. Finalmente, pidió al PRD escuchar, o por lo menos atender, las observaciones hechas al documento.