Nuevo proyecto de reforma indígena, anuncia Labastida
José Gil Olmos Ť El gobierno federal anunció su decisión de presentar en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión -que comienza en marzo- una iniciativa sobre derechos y cultura indígenas. Al anunciar la nueva estrategia oficial para el conflicto chiapaneco, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, pidió a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que ``elabore conjuntamente'' un nuevo proyecto de reformas constitucionales en la materia, con base en una evaluación de las cuatro observaciones hechas a su iniciativa.
Ayer, en el salón Federalismo de Gobernación, acompañado de Emilio Rabasa Gamboa, coordinador para el diálogo en Chia-pas, Labastida aseguró que la obligación del gobierno con los indígenas de esa entidad y de todo el país ``no está condicionada ni depende de la aprobación de un grupo'', aludiendo al EZLN.
Sin aceptar preguntas, en una conferencia trasmitida en vivo por radio y televisión, dijo que ``no es posible que el conflicto en Chiapas dificulte la marcha normal de la nación'' y acusó de manera reiterada a los zapatistas de negarse a reiniciar el diálogo suspendido en septiembre de 1996. Asimismo, de establecer ``ilegalmente'' los llamados ``municipios autónomos'' mediante los cuales se ``suplanta'' a los policías, encarcelan a quienes difieren de ellos, extorsionan a la población, cobran ilegalmente impuestos y cuotas en los caminos.
Como en semanas pasadas, el representante del Ejecutivo federal insistió en que la iniciativa de la Cocopa excluye tres principios fundamentales previstos en los acuerdos de San Andrés: fortalecimiento de la soberanía, unidad y democratización de la vida nacional, y el respeto a los tres niveles de gobierno.
Por ello le pidió al órgano legislativo reelaborar la propuesta de reformas constitucionales que presentó desde noviembre de 1996 -aceptada por el EZLN-, a fin de retomarla y presentar en el Congreso legislativo una nueva iniciativa.
``El gobierno convoca a la Cocopa, en la que participan legisladores de todos los partidos, a evaluar las cuatro observaciones y elaborar conjuntamente el proyecto de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena que sean la fiel traducción jurídica de los acuerdos de San Andrés Larráinzar'', manifestó Labastida.
``Proponemos -abundó- que la razón, la verdad y los supremos intereses del país sean la única luz que nos guíe'' y aseguró que esta será la base que el Congreso de la Unión ``conozca, debata y en su caso, apruebe, la iniciativa de reformas constitucionales que le presentará el Ejecutivo en el próximo periodo ordinario de sesiones''.
Ante los reporteros nacionales y extranjeros, indicó que presentarán la iniciativa ``tomando en cuenta el trabajo ya avanzado de la Cocopa en su proyecto'', para sentar las bases del ``nuevo pacto social con las comunidades indígenas (y) asegurar que las normas constitucionales sean claras y congruentes, de forma tal que ello también asegure a las comunidades la facilidad de su aplicación''.
Adicionalmente, apuntó que en coordinación con el gobierno y el Congreso de Chiapas, y de sus autoridades municipales, se reforzarán los programas sociales y se propondrán medidas que promuevan la inversión privada.
Las observaciones
Al dar a conocer públicamente las cuatro observaciones a la iniciativa de la Cocopa, Labastida reclamó al EZLN que ``ya es tiempo de concluir un conflicto que desgasta y lastima a la nación''.
Bajo este marco de acusaciones externó: ``Ya basta de entorpecer el esfuerzo para superar la marginación y pobreza que padecen la mayoría de los indígenas del país. Ya basta de tanta pobreza en Chiapas, teniendo recursos naturales de tan extraordinaria riqueza. Concluyamos el conflicto. Los mexicanos queremos tranquilidad, paz, democracia y desarrollo con justicia'', exclamó el funcionario.
Afirmó que el gobierno cumplirá su palabra, pero ``con una iniciativa que les cumpla a las comunidades indígenas de todo México y garantice la unidad nacional y la vigencia del orden constitucional''.
Respecto del contenido de las cuatro ``observaciones'' hechas a la iniciativa redactada por la Cocopa, aseguró que no tienen nada que ocultar y advirtió que existe una ``confusión creada intencionalmente'' respecto a la postura gubernamental.
En primer lugar, sostuvo que el presidente Ernesto Zedillo ha manifestado de manera reiterada que cumplirá cabalmente los acuerdos de San Andrés. No obstante, aclaró que el proyecto de reformas redactado por la Cocopa ``nunca fue aprobado por el gobierno''.
Siguiendo esta afirmación señaló: ``Nunca nos comprometimos con él. No está firmado. Quien diga lo contrario falta a la verdad''; y precisó que dichos acuerdos aún falta que se transformen en cambios a la Constitución.
Labastida Ochoa se retiró de inmediato del salón junto con Rabasa Gamboa, tras leer el documento de cinco cuartillas y negándose a responder las preguntas de varias decenas de reporteros ahí reunidos.
A continuación, el texto íntegro que presentó el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa:
El Presidente de la República me ha instruido informar a los mexicanos de la decisión que ha tomado para impulsar la solución del problema en el estado de Chiapas.
Han transcurrido cuatro años de conflicto. Durante ellos, el gobierno federal siempre ha buscado la solución política y pacífica del problema. Promulgó dos leyes -la de Amnistía y la del Diálogo- para poder negociar la paz con quienes le habían declarado la guerra al gobierno y atacado al Ejército Mexicano. Para mostrar su buena disposición, el gobierno también promovió, primero, la liberación de tres de los dirigentes más connotados del EZLN; y después, la libertad de sus simpatizantes presos en Chiapas.
Se realizaron rondas de negociaciones y mesas de trabajo, se discutieron propuestas y se firmaron los acuerdos de San Miguel y San Andrés Larráinzar. Se atrajo a la justicia federal el caso de la masacre de Acteal y se detuvieron y consignaron a más de 60 presuntos responsables. Se aumentó el gasto corriente y la inversión federal en Chiapas, más rápido que en cualquier estado de la República, para contratar más médicos, enfermeras y maestros; construir más escuelas, hospitales, carreteras, sistemas de agua potable e impulsar la producción. Sin embargo, la negociación se encuentra estancada; el EZLN se niega a reanudar el diálogo y además estableció ilegalmente los llamados ``municipios autónomos'', que suplantan a los policías, encarcelan a quien difiere de ellos; extorsionan a la población, cobran ilegalmente impuestos y cuotas en los caminos.
En estas últimas semanas, le hicimos llegar al EZLN las cuatro observaciones del gobierno al proyecto de reformas constitucionales de la Cocopa. La respuesta ha sido, de nueva cuenta, la negativa al diálogo.
Los mexicanos queremos la paz para todos y una mayor atención a las necesidades de los indígenas. El país y los indígenas no pueden ser rehenes de nadie. No es aceptable que el conflicto en Chiapas dificulte la marcha normal de la nación. Con todo rigor, el día de ayer los chiapanecos se pronunciaron sobre ello. El gobierno ha estado y está dispuesto a dialogar para alcanzar una solución del conflicto, lo más rápidamente posible; y cumplirá cabalmente los acuerdos de San Andrés.
Hay una confusión creada intencionalmente sobre éstos. Quiero explicarla.
El gobierno firmó los acuerdos de San Andrés obviamente para cumplirlos. El propio Presidente de la República ha dicho, en reiteradas ocasiones, que honrará ese compromiso. Ese no es el punto a discusión. Quien diga lo contrario falta a la verdad.
Se formuló un proyecto de reformas constitucionales por la Cocopa. Este nunca fue aprobado por el gobierno. Nunca nos comprometimos con él. No está firmado. Quien diga lo contrario falta a la verdad.
Lo que no ha quedado claro, es que esos acuerdos tienen que transformarse en reformas a nuestra ley suprema: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reconocemos el esfuerzo de los integrantes de la Cocopa para traducir los acuerdos de San Andrés a normas constitucionales. Estamos de acuerdo con la mayoría del documento.
Las cuatro observaciones que hace el gobierno están basadas en la razón profunda de la unidad de los mexicanos. Dichas obervaciones las estamos entregando en este día a todos los medios de comunicación para que por su conducto las conozcan los mexicanos. No tenemos nada que ocultar.
Se acusa al gobierno de negarse a aceptar los derechos de los indígenas. Esto es falso. Quienes han acusado al gobierno de negarse a aceptar los derechos indígenas, no sólo han faltado a la verdad, han actuado de mala fe.
La primera observación se refiere a la libre determinación y la autonomía de las comunidades indígenas. El gobierno está de acuerdo con ello, pero tal como lo expresan los acuerdos de San Andrés. Es decir, incluyendo la obligación de:
Fortalecer la soberanía naciona.
Contribuir a la unidad y democratización de la vida nacional.
Respetar a los tres niveles de gobierno.
El proyecto de reformas constitucionales de la Cocopa excluye estos principios.
Así como el gobierno de una entidad federativa no puede romper relaciones con ninguna nación extranjera, ni cobrar impuestos al comercio exterior, porque son facultades exclusivas de la Federación; así la autonomía de las comunidades indígenas tiene que definirse con precisión en su contenido y alcance. Eso está determinado con claridad en los acuerdos de San Andrés y queremos que se respete.
La segunda observación es sobre el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades de conformidad con sus usos y costumbres. El gobierno está desde luego de acuerdo con ello, pero agrega, como lo señalan los acuerdos de San Andrés, que con pleno respeto al municipio. Si no lo establecieran así, con toda claridad, habría dos o más autoridades; se provocarían conflictos sobre quién le ordena a la policía, quién cobra los impuestos, entre otros problemas. Es decir, se podrían generar graves conflictos en cientos de municipios.
La tercera observación se refiere a la explotación colectiva de los recursos naturales, particularmente de la tierra, por las comunidades indígenas. El gobierno por supuesto que no se opone a la explotación colectiva de la tierra. Está consagrada en el artículo 27 Constitucional. Se opone, eso sí, a que una redacción ambigua dé lugar a que la propiedad ejidal y privada que existe en las regiones con mayoría de población indígena, sea sólo explotada colectivamente. Esto puede abrir, en muchos estados del país, de nueva cuenta, el conflicto de tenencia de la tierra y crearía conflictos que derramarían la sangre de muchos mexicanos.
Asimismo se refiere al derecho de las comunidades indígenas para tener sus propios medos de comunicación. También estamos de acuerdo con ello; pero no con una redacción que conduzca al incumplimiento de las leyes en la materia. Esto generaría un caos en la radio y televisión, sector vital para cualquier país.
La obligación del gobierno con los indígenas de Chiapas y de todo el país está vigente. No está condicionada ni depende de la aprobación de un grupo. Sostenemos que elproyecto de reforma constitucional debe establecer un nuevo pacto social con los indígenas de todo elpaís.
En estos términos, el gobierno convoca a la Cocopa, en la que participan legisladores de todos los partidos, a evaluar las cuatro observaciones y elaborar conjuntamente el proyecto de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena que sean la fiel traducción jurídica de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Proponemos que la razón, la verdad y los supremos intereses del país sean la única luz que nos guíe.
Esta será la base para que el H. Congreso de la Unión conozca y debata, y en su caso apruebe, la iniciativa de reformas constitucionales que le presentará el Ejecutivo de la Unión, en el próximo periodo ordinario de sesiones.
El gobierno ha cumplido y cumplirá su palabra. Lo hará con una iniciativa que les cumpla a las comunidades indígenas de todo México y garantice la unidad nacional y la vigencia del orden constitucional. Lo hará, tomando en cuenta el trabajo ya avanzado por la Cocopa en su proyecto. Lo hará, para sentar las bases del nuevo pacto social con las comunidades indígenas. Lo hará, para asegurar que las normas constitucionales sean claras y congruentes, de forma tal que ello también asegure a las comunidades la facilidad de su aplicación.
Adicionalmente, el gobierno federal, en coordinación con el gobierno y Congreso del estado de Chiapas y sus autoridades municipales, reforzará los programas sociales de atención a la marginación y la pobreza y propondrá medidas que promuevan la inversión privada en las zonas rurales y urbanas de Chiapas, con el objeto de generar empleo, y dotar de más y mejores fuentes de ingreso estable a su población.
Señoras, señores:
Ya es tiempo de concluir un conflicto que desgasta y lastima a la nación.
Ya basta de entorpecer el esfuerzo para superar la marginación y pobreza que padecen la mayoría de los indígenas del país.
Ya basta que haya tanta pobreza en Chiapas, teniendo recursos naturales de tan extraordinaria riqueza.
Concluyamos el conflicto. Los mexicanos queremos tranquilidad, paz, democracia y desarrollo con justicia.