El secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, además de reiterar la disposición gubernamental en lo que respecta al cumplimiento cabal de los acuerdos de San Andrés, que en su momento firmaron los representantes del Poder Ejecutivo, llama a establecer ``un nuevo pacto social con los indígenas'' después de la ruptura virtual del anterior, resultante de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, con sus importantes definiciones agraristas. El secretario afirmó asimismo que el gobierno está de acuerdo con la mayoría de los puntos reflejados en el documento de la Cocopa, aceptado en su momento por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero planteó también que los acuerdos de San Andrés deben transformarse en reformas a la Carta Magna y, por lo tanto, que es necesario que la Cocopa y el Poder Legislativo discutan la elaboración de dichos cambios que el Ejecutivo presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Convendría al respecto estudiar cómo resolvieron el problema de las autonomías y de las necesarias reformas constitucionales los países europeos más avanzados, sin por ello menoscabar su soberanía nacional, lesionar la existencia de tres niveles de gobierno o afectar su unidad y la democracia en su vida política. Las autonomías catalana o vasca, por ejemplo, no sólo reconocen la lengua local, la enseñanza autónoma en dicha lengua además de la castellana, sino también la existencia de policías autónomas e incluso el derecho a izar la propia bandera, sin mencionar también la posibilidad de administrar los propios impuestos. Igual cosa puede hacer el Parlamento escocés gracias a la nueva autonomía obtenida de Londres, y las regiones autónomas italianas tienen derechos lingüísticos además de leyes para la educación y las comunicaciones y para la administración de justicia que les son propias. Por otra parte, ¿qué es la Unión Europea si no la unidad de muchas y diversas entidades separadas, con sus leyes, sus propios sistemas municipales, su propia reglamentación de las comunicaciones, sus idiomas y sistemas educativos, sus distintas leyes electorales, sus parlamentos? ¿Por qué autonomía debería ser sinónimo de separatismo, de ruptura de la unidad estatal y no enriquecimiento y democratización del Estado gracias a un nuevo consenso de los hasta entonces excluidos? Los municipios, regidos por las leyes federales y reglamentaciones especiales, ¿por qué no pueden ser reorganizados de modo de coincidir con una o con varias comunidades de un mismo pueblo indígena y de poder funcionar, sobre la base de la autonomía, no solamente según las formas que el mismo decida, sino también garantizando los derechos de todas las etnias, indígenas o no, como lo hacen las comunidades valdostana (de habla francesa) o altoatesina (tirolesa, germano- parlante) en Italia, sin que se presenten conflictos entre diferentes poderes, ni en el plano de la justicia, ni en el impositivo, ni en el de las comunicaciones y la prensa, ni en el del orden y la policía? ¿No sería conveniente que en vez de ser simplemente objetos pasivos de los programas sociales y las inversiones en las regiones con mayoría indígena, los mismos fuesen discutidos y resueltos por los habitantes locales sin presiones militares ni paramilitares de ningún tipo? ¿No valdría la pena discutir el problema de la autonomía objetivamente, según las experiencias históricas, sin crear ogros y fantasmas en nombre de la ideología?

Por otra parte no debe soslayarse que, en el fondo de la crisis, subyace el espíritu y letra de los Acuerdos de San Andrés, cuyo cabal cumplimiento, y por ello fueron firmados por las partes, desactivaría el origen de las discrepancias. La nación demanda paz y desarrollo, pero no al costo de seguir marginando de la toma de decisiones a quienes sufren las consecuencias de un desigual estado de cosas. Es cierto que el Congreso de la Unión es el único legislador, pero también es verdad que ninguna ley para Chiapas servirá si no se toma en cuenta que polarizar aún más el conflicto sólo profundizará la crisis.