Viola el gobierno la ley del diálogo y los acuerdos de San Andrés: CNI

Martha García Ť El Congreso Nacional Indígena (CNI) afirmó que nada está más alejado de los acuerdos de San Andrés y del protocolo de San Miguel que la decisión de enviar unilateralmente la iniciativa sobre derechos y cultura indígenas al Congreso de la Unión, como anunció ayer el Ejecutivo federal.

Explicó que los mencionados acuerdos --con base en la ley para el diálogo, la reconciliación y la paz digna en Chiapas, (11 marzo de 1995)-- a que se llegó en las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, obliga al gobierno a dialogar para resolver los problemas que dieron origen al conflicto en Chiapas.

Al mismo tiempo, rechazó las cuatro observaciones que hizo el gobierno federal a la propuesta de derechos y cultura indígenas elaborada por la Cocopa.

De esta forma, apuntó, la decisión del gobierno de elaborar una iniciativa de reformas de ley sobre materia indígena viola la ley para el diálogo y desvirtúa lo establecido en los diversos documentos firmados con los zapatistas.

Luego de que el Ejecutivo diera a conocer de manera oficial sus observaciones al documento de reformas constitucionales elaborado por la comisión legislativa, y la ``nueva estrategia'' para resolver el conflicto chiapaneco, señaló que se trata de la misma contrapropuesta.

Indicó que el planteamiento en torno al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sólo pretende ``cambios de maquillaje'' al marco jurídico y ``cambiar para que todo siga igual'', cuando la oferta de San Andrés Larráinzar es de reformas profundas.

Los acuerdos firmados el 16 de febrero de 1996 prevén modificaciones de fondo a las leyes fundamentales, pero también transformaciones en las instituciones y en las políticas públicas hacia las comunidades.

El CNI reiteró que los acuerdos de San Andrés ``no pretenden cambios de maquillaje, como lo sugiere el gobierno'', sino reformas completas al sistema jurídico con base en lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al extender sus críticas a lo expuesto ayer por la Secretaría de Gobernación, señaló que en ningún momento en la lectura de su propuesta el Ejecutivo ``define el sujeto de derecho'', tal como lo establece el documento de la OIT, firmado por el gobierno. Según lo manifestado por la dependencia, agregó, el gobierno se disputa la potestad de los pueblos indígenas y mantiene su discriminación al desconocer el papel protagónico de los pueblos en la lucha por sus derechos.

Asimismo, exhortó a la Cocopa a defender su escrito original, pues debe recordar el largo proceso que llevó al CNI el consensuar y adoptar el documento sobre derechos y cultura indígenas, avalado en sus asambleas y reivindicado por las distintas comunidades. Advirtió a los integrantes de esta instancia, y al resto de los legisladores de los cinco partidos representados en el Congreso de la Unión, ``sobre las clases que ahora Labastida viene a dar'' de lo que es y no congruente con el actual marco constitucional.

En ese orden, cuestionó lo dicho por el secretario de Gobernación acerca de los recursos destinados a Chiapas, pues de lo que se trata, recalcó, es de inversiones que no se ven, aunque sí es notable la construcción de infraestructura para mantener al Ejército Mexicano en la entidad.

En el mensaje del secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, el gobierno federal presenta la misma propuesta y la misma actitud anunciadas desde el 5 de febrero pasado, lo que significa ``una bola de humo'' respecto de las cuestiones centrales relacionadas con el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, consideró Luis Hernández Navarro, integrante de la Comisión de Seguimiento y Verificación.

``Es la misma mercancía con otra envoltura'', sostuvo durante el debate coordinado por Ricardo Rocha durante la emisión dominical de Detrás de la noticia.

Alan Arias, también integrante de esa comisión, consideró que el gobierno ``ha respondido con responsabilidad'' al intentar, en el centro de la propuesta de Labastida, recuperar el contenido pleno de los acuerdos de San Andrés y enriquecer con ellos una nueva propuesta de la Cocopa.

Aludió específicamente a las cuestiones relacionadas con la unidad del Estado nacional, el respeto del orden constitucional y el mantenimiento de los tres órdenes de gobierno en oposición a un país geográficamente dividido o con gobiernos sobrepuestos en los municipios con presencia del EZLN.

En tanto, Gonzalo Ituarte, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), señaló que ``somos nosotros quienes hemos balcanizado a México con la marginación y el despojo de los indios''.

René Gómez Orantes, asesor de la ARIC-Unión de Uniones, consideró que el EZLN se ha replegado ``a una lucha de posiciones políticas, de un todo o nada''. Antes, afirmó, el ex secretario Emilio Chuayffet ``tenía a Chiapas en catorceavo lugar'' y el gobierno había perdido iniciativa, lo que ha coincidido en el tiempo con el estancamiento del diálogo y la implantación de municipios autónomos, ``y se ha generado mucha polarización''. En Chiapas, advirtió, ``estamos al cuarto para las doce''.

Agregó que hechos como los de Acteal podrían repetirse en sitios como Sabanilla y Las Cañadas, entre otros. Mencionó un incidente ocurrido recientemente entre integrantes de la ARIC democrática y militantes zapatistas por la disputa del predio Altamira en el ejido San Miguel.

Previo al panel de Televisa, el diputado perredista Gilberto López y Rivas rechazó, a título personal, la convocatoria hecha ayer por el gobierno, y dijo que ``la Cocopa no puede ser cómplice del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés; es inadmisible que haga esa propuesta que resulta lesiva para la comisión''.

En Detrás de la noticia, expresó que ``el aire se ha enrarecido por la presión militar y la existencia de organismos paramilitares que no se han desmantelado''. Consideró que ``no se ha hecho nada'' acerca de la persecución de los culpables por la masacre de Acteal.

El senador panista Benigno Aladro, también integrante de la Cocopa, consideró necesario un mayor esfuerzo por parte del EZLN para llegar a un arreglo final. En su opinión, ``no ha habido una respuesta clara a las propuestas''. Agregó que se hace necesario combatir a paramilitares, mantener ayuda a desplazados y ``tomar decisiones'' en torno a la presencia militar. Sostuvo que sería insuficiente la sola reforma constitucional. Pidió no olvidar que la solución de Chiapas es esperada en todo el país.

El Congreso, señaló, ``es una posibilidad para llegar a acuerdos'', y sugirió que se deje la ``puerta abierta'' para discutir que en ese espacio ``haya ahora congresos plurales''.

Alan Arias insistió en que es necesario un debate que incorpore precisiones sobre expresiones como la de ``territorio'' y verificar que no se sujete a interpretaciones por encima de la Constitución y los tres géneros de propiedad de la tierra.

Finalmente, Gonzalo Ituarte subrayó que nociones como legalidad son sujetas a interpretaciones, como en el caso del sacerdote francés expulsado ``cuando se enfureció el gobierno''.

Chiapas ha sido un territorio sin ley en muchos aspectos y el establecimiento de municipios autónomos corresponde a esos ambientes, y con la ley de la Cocopa serían simplemente legales'', ejemplificó el vicario de la catedral de San Cristóbal.

Jesusa Cervantes Ť Juan Bañuelos, integrante de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), consideró a título personal que el anuncio del Ejecutivo federal de presentar la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas al Congreso de la Unión en el próximo periodo legislativo, implicará seguir empantanando el diálogo entre el gobierno y el EZLN.

Dijo que sospecha que el gobierno ``ya habló'' con el PAN para que avale la iniciativa ante la Cámara de Diputados; consideró que ``todo es parte de una estrategia que lleva hacia el año 2000'' y se pretende acorralar a la Cocopa al convocarla a que evalúe las cuatro observaciones ``y elabore conjuntamente el proyecto de reformas''.

El gobierno, agregó, está en todo su derecho de presentar la iniciativa, la ley lo faculta, entonces que lo haga, pero ello es seguir empantanando el diálogo y no querer una negociación donde se respeten los derechos de los indígenas, es también no cumplir con los acuerdos de San Andrés.

Juan Bañuelos opinó que la propuesta gubernamental podría ``empequeñecer'' a la Cocopa, a la que pareciera querérsele ``acorralar'', y que la Conai esté al margen de esta situación. ``A título personal considero que el deterioro cada vez es mayor; el linchamiento a nivel personal o de instancias se ve cada vez más. Creo que todo es parte de una nueva estrategia para seguir aplazando la solución y seguir administrando el conflicto en Chiapas, es decir, verlo desde una lógica militar y ver a la otra parte como los vencidos y al gobierno como el vencedor'', comentó.