Catean inmuebles de ex funcionarios de la Procuraduría morelense

Francisco Guerrero Garro, corresponsal, Cuernavaca, Mor., 1o. de marzo Ť Agentes judiciales federales catearon hoy dos casas y varias negociaciones del ex jefe del grupo de homicidios de la Policía Judicial del Estado (PJE), Pedro Rafael Reybal Martínez. Lo mismo habrían hecho con las casas de Carlos Peredo Merlo y Rafael Augusto Borrego Díaz, ex procurador y ex subprocurador de Justicia de la entidad, respectivamente, y del ex director de la zona metropolitana de la PJE, José Luis Estrada.

Los cuatro ex funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado están bajo investigación y arraigo por la Procuraduría General de la República por su presunta complicidad con Armando Martínez Salgado, ex coordinador del grupo antisecuestros de la PJE, preso en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México, acusado de homicidio y tortura, además de que se le liga con las bandas de secuestradores que operan en la entidad.

El cateo en las casas de Reybal Martínez, una ubicada en Jojutla y otra en Jiutepec, además de sus negocios restauranteros, lo efectuó un grupo especial de la PJF procedente de la capital del país.

Miyazawa obtiene amparo contra arraigo

Por otra parte, trascendió que el ex director de la PJE Jesús Miyazawa Alvarez, también con posibles nexos con las bandas de secuestradores que presuntamente comandaba Martínez Salgado, obtuvo un amparo contra la orden de arraigo emitida por la PGR, por lo que podría serle suspendida la vigilancia en las próximas horas.

El amparo, asentado en el expediente 130/98-I, deja sin efecto la orden de arraigo dictada contra Miyazawa Alvarez por el juzgado séptimo de distrito el pasado 12 de febrero, y da a la defensa del ex jefe policiaco un plazo de tres días para que determine el sitio donde está arraigado y los motivos de la orden original para ello.

En fuentes de la PGR se comentó que esto podría acelerar la consignación de Miyazawa, lo cual deberá ocurrir en las siguientes 48 horas, pues de lo contrario recobraría su libertad y cesaría el arraigo que debería extenderse a 60 días.