La tortura en NL, anterior al gobierno panista, señala Coindreau

David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 28 de febrero Ť El secretario general de Gobierno, José Luis Coindreau García, rechazó que el asesinato de un habitante de Linares, perpetrado por cinco policías judiciales, afecte la imagen del gobierno panista ``porque no hubo ocultamiento de la gravedad del incidente y se actuó pronto para consignar a los presuntos responsables''. Además, señaló, los métodos de tortura ``no son de ayer'', sino que se vienen arrastrando de gestiones anteriores.

En tanto, el gobernador Fernando Canales Clariond salió hoy hacia Boston, Massachussets, para intervenir como ponente en un foro sobre política y economía, pues previamente había argumentado que el homicidio de Gerardo Villarreal Rodríguez no modificaba sus planes de promover al estado fuera del país.

Este sábado fueron consignados ante un juez penal el jefe de grupo José Bustos Cerda y los agentes judiciales Enrique Flores Almaguer, Enrique Navarro Martínez, Josué Gil Valle Espiricueta y José Manuel Martínez.

Se les acusa de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, delitos cometidos en la procuración y administración de justicia y violaciones a las leyes de inhumación por torturar, asesinar e inhumar clandestinamente a un detenido, contra el que no había ningún indicio de que hubiera participado en un asalto.

Por otro lado, tras difundirse la grabación de un supuesto diálogo entre el procurador de Justicia, José Santos González Suárez, y el ahora ex director de la Policía Judicial, Américo Meléndez Reyna, donde éste sugirió y el primero aparentemente consintió en ocultar el crimen y hacerlo pasar como infarto, la coordinadora de la diputación local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lucilda Pérez Salazar, exigió el cese del funcionario, tal como ocurrió con el jefe policiaco el viernes por la noche.

Pérez Salazar manifestó que la renuncia de González Suárez permitiría que el Ministerio Público que depende de la Procuraduría lo investigue en relación con el intento de ocultar el homicidio en contra del pasaporteado Gerardo Villarreal Rodríguez.

En el mismo sentido se manifestaron la diputada local del Partido del Trabajo (PT) Guadalupe Rodríguez de Anaya y el dirigente municipal del PRI en Monterrey, Jorge de León, al argumentar que la salida de González Suárez sería una ``magnífica oportunidad'' para que el gobernador Fernando Canales Clariond cumpla con su promesa de campaña y que sea el Congreso local el que designe al nuevo procurador, y que no llegue por decisión unilateral del Ejecutivo neoleonés, como es el caso del actual titular de la Procuraduría estatal.

En tanto, el coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Garza Sada, dijo que Meléndez Reyna debe ser llamado a declarar, para que precise si fue él quien recomendó al procurador que se ocultara el crimen cometido por los cinco policías judiciales bajo su mando, ya que de ser cierta esa versión tendría responsabilidad penal.

José Luis Coindreau García, secretario general de Gobierno, señaló por su lado que evidentemente la tortura se venía dando en la Policía Judicial, y ahora la administración panista que encabeza Fernando Canales busca evitar que se repita ese ``inaceptable'' método de investigación.

``Estos métodos no pueden ser utilizados para armar evidencias; en una sociedad moderna tenemos que invertir en tecnología de punta para la investigación criminal, porque estamos muy atrasados, esta es una decisión que ya se está viendo'', dijo Coindreau.

``El remedio para evitar que esto se repita es seleccionar gente, revisando expedientes, capacitando y reclutando elementos preparados en investigación científica y sicológica, además de personas adiestradas en métodos de interrogación'', aseveró el funcionario.