Acorralados sin duda por la implacable política privatizadora del neoliberal gobierno actual, que lanza a la calle a miles de trabajadores y los condena al desempleo permanente, 3 mil ferrocarrileros del Pacífico Norte, en el estado de Sonora, realizaron en las últimas semanas paros de labores, con la consecuente suspensión del tráfico ferroviario. Se trata de actos de rebeldía por completo justificada, que no se habían producido en esta rama del transporte desde hace 40 años, cuando la insurgencia ferrocarrilera encabezada por Demetrio Vallejo en 1958-59. Incluso, según informaciones de los corresponsales de La Jornada en aquella región, a principios de la semana que concluye los rieleros levantaron algunos tramos de vía para evitar el movimiento de trenes. Son acciones de desesperada resistencia para evitar la pérdida definitiva del empleo a la que han sido condenados por la trinidad gobierno federal, empresas y charros sindicales, encabezados por el también diputado del PRI Víctor Flores.

Como parte de su estrategia de liquidación del sector estatal de la economía, el gobierno, con la complicidad de líderes sindicales, se ha propuesto, y lo ha conseguido en todos los casos, limpiar las empresas que van a ser vendidas de las llamadas cargas laborales, que no son otra cosa que las conquistas alcanzadas por los trabajadores en largos años de lucha. Con ese propósito, o bien hacen talco los contratos de trabajo, imponen retiros nada voluntarios o jubilaciones, o todo a la vez. Se burlan así los derechos de los trabajadores y se releva a los nuevos propietarios de su obligación como patrones sustitutos, con todas las implicaciones previstas en la Ley del Trabajo.

Eso ha ocurrido, está ocurriendo con los trabajadores que durante muchos años laboraron para la empresa estatal Ferrocarril Pacífico Norte. Unos días antes de que pasara a manos de la empresa privada Ferromex, propiedad de Jorge Larrea, Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) -esa empresa, que parece propietaria de gran parte del país- y la Union Pacific, 12 mil trabajadores fueron obligados a aceptar su retiro ``voluntario''. Como lo cuenta Julio Hernández en su Astillero del día 19, el último día de cobro -16 de febrero-, en las pagadurías los trabajadores se encontraron con la novedad de que sólo podrían recibir sus quincenas si firmaban su retiro, pues el pago de éste y su salario estaba en el mismo cheque. Se trataba, en realidad, de la rescisión del contrato colectivo de trabajo aceptada por la dirección nacional del sindicato.

Ciertamente existía la promesa de que la nueva empresa recontrataría a todo el personal, pero no fue sino una mentira más.

En realidad, del total de 13 mil 500 trabajadores del viejo Ferrocarril Pacífico Norte, la nueva empresa Ferromex sólo ha recontratado a 20 por ciento, pero sin contrato colectivo de trabajo, sin sus antiguas prestaciones y sin seguridad para el futuro. Todo ello con el acuerdo del charro Víctor Flores y a espaldas de los trabajadores. Por eso la reacción desesperada de éstos, los paros y el levantamiento de las vías para evitar el tráfico. Es una lucha por completo justificada, pero por completo desigual.

De ser uno de los sindicatos ejemplares del país y de América Latina, por su combatividad, sus contribuciones al desarrollo del sindicalismo mexicano y su defensa de los intereses generales del país, el sindicato de los ferrocarrileros fue convertido en el más dócil y sumiso a las políticas oficiales. Mediante el encarcelamiento de sus auténticos dirigentes, los ceses masivos, las jubilaciones impuestas, la persecución en los centros de trabajo, las amenazas, la liquidación de cualquier vestigio de democracia sindical y el sometimiento al PRI, los ferrocarrileros quedaron en la completa indefensión. A lo anterior debe agregarse la desaparición de los viejos partidos de la izquierda socialista, que entendían como una de sus obligaciones políticas participar en el movimiento social y la defensa de los intereses de los trabajadores de la ciudad, del campo, de los servicios, de los trabajadores de la cultura; con su labor de crítica, de análisis, sus propuestas y su actividad creaban un clima cultural y político más favorable a la lucha de los trabajadores. A tal grado es adversa la situación, que incluso el dirigente oficialista de los ferrocarrileros, mediante amenazas y gritos, pudo evitar que la Cámara de Diputados investigara los procesos de privatización de los ferrocarriles y las consecuencias para los trabajadores.

Ciertamente es una lucha desigual. Todo el poder del Estado y de los empresarios se pone al servicio de esas políticas lesivas para los trabajadores -en este caso los ferrocarrileros-, pero éstos no pueden sino defenderse aun en estas circunstancias desfavorables.