Reformas legales impulsadas por CSG en 93, refugio del crimen organizado, afirma Del Villar

Humberto Ortiz Moreno Ť El procurador Samuel del Villar advirtió que con la legislación penal vigente las cárceles están abarrotadas de delincuentes de menor peligrosidad, mientras que los criminales organizados, más violentos y peligrosos para la estabilidad de la ciudad se burlan de las autoridades y se amparan en la impunidad que les otorga un paquete de reformas impulsado por el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional en 1993, provocando la complicidad y corrupción de funcionarios con el hampa organizada.

En consecuencia, por encima de divergencias partidistas, urgió a los legisladores a elaborar y consensuar modificaciones legales que eliminen las protecciones y garantías que actualmente dan a la actividad criminal, para devolver a la ciudadanía la seguridad y la tranquilidad en su desarrollo.

Insistió: debe reconocerse el valor probatorio de medios fundamentales para acreditarla e identificarla, como la intervención telefónica y las operaciones encubiertas, porque de estos métodos ya gozan quienes azotan y destruyen los derechos ciudadanos.

Es preciso penalizar la corrupción con la mayor severidad, tipificándola como delincuencia organizada, pues actualmente no es calificada de grave por la ley, sostuvo durante su mensaje en la presentación del programa de seguridad pública en la delegación Venustiano Carranza, acompañado del secretario de Seguridad Pública, Rodolfo Debernardi, y en presencia de legisladores del PRD, PAN y PRI.

El paquete de contrarreformas constitucionales y legales de 1993 fue el punto de partida para el descontrol del problema. ``Legislaron en protección no de la sociedad, sino de la delincuencia, para garantizar al criminal que el Estado reaccionaría ante su conducta antisocial asegurándole impunidad.

Abordó tres puntos concretos: en esa época se legisla la despenalización de la corrupción y el Código de Procedimientos Penales marca que todos los delitos asociados con ese mal no son graves, mientras que otros que podrían ser hasta faltas administrativas son considerados así.

``Se lanza al aparato del Estado a perseguir a la delincuencia de menor peligrosidad y se le da garantía de impunidad a la de mayor peligrosidad. Es la que ha venido desarrollándose, organizándose y violentando a la sociedad con base en la corrupción de la autoridad...''.

Del Villar Kretchmar sostuvo que el paquete de contrarreformas exige que para que se inicie un juicio en contra de un presunto delincuente la autoridad tenga que aportar prácticamente las mismas pruebas al Poder Judicial que se requiere para una sentencia condenatoria de un delincuente. Para el grueso de delitos que afectan a la población y urge prevenirlos, se estableció que en un periodo de 48 horas a los delincuentes detenidos se les tenía que comprobar plenamente, como si fuese en un juicio, su responsabilidad penal solamente para que pudiese iniciarse el proceso.