Esta fue la pregunta que se hizo más de un centenar de dirigentes sociales en el Foro de Convergencia que realizaron este fin de semana en San Cristóbal de las Casas, días después del asesinato de Rubicel Ruiz y la muerte de Antonio Gómez. Es evidente que ultimar dirigentes sociales y hostigar a sus organizaciones son parte de la campaña contrainsurgente que desató el gobierno federal y estatal a fines de 1997 en contra de quienes se han pronunciado por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la desmilitarización, el desarme de paramilitares, el castigo a los responsables de la matanza de Acteal, por la libertad de presos políticos o aquéllos que defienden los derechos humanos.

El asesinato de Rubicel y la muerte de Antonio pretenden desalentar los procesos de encuentro que, a pesar del clima de violencia, promueve la sociedad civil para continuar esta lucha por una paz justa y digna en Chiapas.

Sin duda los/as dirigentes saben que su vida corre peligro y no sólo por estos últimos actos criminales, pues resulta que ultimar líderes sociales también es parte de los usos y costumbres en Chiapas. Es un recurso muy usado por las fuerzas más arcaicas del sistema --los caciques-- en las dos últimas décadas. Han sido en masacres como las de Wololchán 1981, Tzakuikum 1983, en Paraíso del Grijalva 1984 o en Acteal 1997 donde han caído asesinados los/as dirigentes sociales, de partidos políticos y religiosos, y de manera selectiva en emboscadas, en sus oficinas, domicilios o en extraños accidentes.

Remover esta historia resulta dolorosa para dirigentes sociales: ``un compañero asesinado es una vida, una opinión, una fuerza menos. Nos duele, nos entristece'', diría una defensora de los derechos humanos; los tzotziles Alonso Vázquez Gómez de Las Abejas en Chenalhó; Salvador Collazo y Manuel Hernández de la OPEACH fueron asesinados en Chamula a fines de 1997; Andulio Gálvez y Gregorio López fueron asesinados en Comitán y en Las Margaritas en 1985, y Sebastián Pérez de la CIOAC, en Bochil 1988.

Algunos dirigentes afirman convencidos que esas muertes les fortalece para continuar en esta lucha por una nueva sociedad; sin embargo, el tono y mirada de los indios en torno a estos hechos es algo diferente: ``da pena (preocupación), nuestro coraje es con el gobierno... con los priístas y no hay miedo pues ya habíamos platicado de entregarnos (dar una vida) en lugar de que mueran otros''. En la comunidad indígena tzotzil de Venustiano Carranza fueron asesinados: José Córdoba, 1965; Gaspar Díaz Reyes y Manuel Ortega, 1971; en Aguacatenango, Bartolo Martínez, 1975; en el Paraíso del Grijalva, Augusto Hernández, 1984; en Tuxtla Gutiérrez, Arturo Albores, 1989; y en la Costa, Agustín Rubio, 1994.

No podemos dejar de considerar la hipótesis de que el gobierno está llevando el miedo a las ciudades con los asesinatos de dirigentes en las calles, calculando que esas muertes no provocarán grandes protestas.

Rafael Cruz Ocaña y Leobijildo N., de la organización Tierra y Libertad, fueron asesinados en Pujiltic y Soyatitán en 1995. En Marqués de Comillas fueron ultimados los tzotziles Pascual y Miguel López Hernández 1994; Rubén Toto, 1996; y Antonio Ruiz Flores, 1997, todos ellos pertenecientes a MOCRI-CNPA.

En opinión de un viejo dirigente en la Depresión Central, en Chiapas se vive una cacería descarada de luchadores sociales. En esa región han identificado como autores de los asesinatos a Carmen Orantes, a Augusto Castellanos y a la familia Domínguez Herrera; a la familia de los Ruiz y Balbuena con su centro de operaciones en La Tigrilla; a Hipólito Pedrero, Carlos González y Jesús Orantes que con sus ejércitos privados (guardias blancas) y ahora con la Alianza San Bartolomé de los Llanos han asolado la región.

En Comitán y Las Margaritas, Ernesto Castellanos (hermano del ex gobernador del estado) es acusado como autor intelectual de los asesinatos de los dirigentes de la CIOAC; a Roberto Rojas, de Bochil, se le acusa como autor material de esos crímenes. En Marqués de Comillas y los Altos de Chiapas se señala a los caciques priístas.

Desafiando esta realidad, hombres y mujeres de agrupaciones de estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas, amas de casa, defensores y defensoras de los derechos humanos organizados en diversas regiones de la entidad, se rencuentran y se preparan para estar presentes en otras jornadas de lucha de esa larga y añosa caminada de la sociedad civil por otro Chiapas junto con ese pueblo que desde muchos rincones del país reclaman justicia, democracia y libertad.