Gran parte de los jóvenes hoy presos estuvieron en el Consejo Tutelar: PGJDF

Humberto Ortiz Ť Datos oficiales sobre delitos cometidos por menores muestran que de 1995 hasta el año pasado aumentaron más del doble, al pasar de 2 mil 973 -con promedio diario de 8.15- a 5 mil 351 en 1996; o sea 14.62 al día, y 6 mil 121 durante 1997; esto es, 16.77 diarios, sin contar aquellos casos en que las víctimas prefieren no denunciarlos porque saben que sus agresores pronto estarán en las calles y tomarán represalias.

La tendencia ya no reconoce edades, pues alcanzó ya a niños de 7 años: la Procuraduría capitalina registra un solo caso en 1995, pero para 1996 fueron 10 y 13 más en 1997.

Conforme van creciendo, en un proceso acelerado por la desintegración y violencia intrafamiliares; el uso de la fuerza transmitido en medios de comunicación, la pobreza extrema, la marginación y el deterioro del sistema educativo y de los valores sociales, los menores que en particular habitan en colonias populares, barrios y cinturones de miseria alrededor de la capital, son cada vez más propensos al crimen, sienten que deben arrebatarle a la sociedad lo que su propio medio no les ha dado y cuando cumplen la mayoría de edad están consumados como malvivientes.

Está comprobado, dice la subprocuradora A de Procedimientos Penales de la procuraduría capitalina, Margarita Guerra y Tejada, que la mayor parte de los jóvenes que ingresan a las cárceles de la ciudad ya estuvo en el Consejo Tutelar para Menores Infractores.

Las cifras de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJDF, así lo certifican, pues la tabla revela cómo conforme van adquiriendo más edad aumenta su proclividad al delito.

De los 13 a los 17 años de edad se dispara la estadística sobre ilícitos cometidos por menores; 1995 y 1996, bienio en que la crisis económica tocó fondo en el país, muestra un incremento constante de este fenómeno.

A los 17, los muchachos que optaron por el camino de la ilegalidad ya roban con violencia, matan y violan. Lo enseñan las cifras de denuncias de 1995 a 1997: de mil 739 robos registrados hace dos años, para el 97 la cifra subió a 3 mil 113; de 29 homicidios pasó a 104 en el 96 y a 84 el año pasado; por lesiones fueron detenidos 471 en 1995, 704 en el 96 y 678 en el 97, y por delitos sexuales hubo 62, 104 y 84 casos en el trieno que abarca el informe oficial.

En el rubro de ``otros delitos'' la cifra vuelve a dispararse, con mil 14 en 1995; mil 554 en 1996, y mil 953 en 1997.

El Consejo Tutelar, inerme ante el problema

Preocupada ante un fenómeno del cual el caso de los cuatro jóvenes que casi mataron a su compañera de secundaria es sólo un botón de muestra, la subprocuradora cuestionó que el Estado maneje un doble discurso y, en la realidad, haya abandonado su obligación en la atención y educación integral de los niños y jóvenes del país, tomando medidas vicerales y demagógicas.

Así, criticó, el Consejo Tutelar para Menores es deficiente, no tiene infraestructura y está convertido en una escuela de delincuentes, carente de apoyos y recursos, que aplica estudios psicoterapéuticos superficiales y envía a los muchachos al reclusorio sólo para ``ser destruidos''.

``La institución no educa ni reforma. Se habla de maestros, pedagogos, sicólogos. Pero no funciona la estructura...''.

Por tanto, anunció que la procuraduría presionará para que el gobierno federal integre el manejo del organismo a la administración capitalina, en lugar de seguir insistiendo en reducir la edad penal que, refutó, sería lo mismo que implantar la pena de muerte.

Supuestamente, añadió, el CTM realiza estudios del menor, de su familia, para ver si es reintegrable y si sus parientes se responsabilizan de él, pero la verdad es que no hay una cultura de tratamiento psicoterapéutico ni psicoanalítico.

Guerra se pregunta sobre la seriedad de los análisis de la institución para determinar hasta qué punto los padres son responsables de la conducta de los muchachos. ``Por muy buena intención que tenga, si no hay presupuesto ni apoyos no funcionará. ¿La solución, entonces, será enviar a los menores al reclusorio? De por sí los que entran de 18 a 19 años se les destruye la vida con algunos meses que pasan dentro. No hay readaptación''.

A juicio de la funcionaria, los jóvenes aún tendrían que reintegrarse a una sociedad sumida en una descomposición producto de la corrupción que ``ha arrasado con todo a niveles inadmisibles'' y comienza por las autoridades. Esto, dijo, ha permeado en todos los niveles sociales.

Habló del caso del albergue temporal de la PGJDF, dirigido en la pasada administración por Jovita Osornio Hernández, donde ``encontramos aberraciones e irregularidades espantosas'' en todas las áreas. Los niños andan vestidos con andrajos, mientras existen bodegas llenas de ropa nueva y víveres que estaban en espera de ser sacados en ``robo hormiga'' y, si no, mejor se echaban a perder.

``Es una situación en la que uno no puede dar crédito, como hasta a niveles de afanadoras que se llevan el jabón sin importarles que se generen infecciones''.

El mal ejemplo de la autoridad

Para la subprocuradora Guerra y Tejada no hay duda: el mal ejemplo que ha dado la autoridad a los capitalinos incide profundamente en el comportamiento de niños, jóvenes y adultos, hombres o mujeres.

``¿En dónde está la ética del servidor público? Si un muchacho va a una delegación y el papá da dinero para sacarlo, haya hecho lo que haya hecho, nada hacemos para atacar el problema...''.

Aseveró que para enfrentar el fenómeno ni siquiera ha habido paliativos, sino únicamente soluciones vicerales y demagógicas, creando ``una paranoia total'' en la sociedad.

Y ni la represión, a la que varios sectores sociales y oficiales son proclives, ``jamás funcionará como instrumento de educación'' cuando desde el propio gobierno se han fomentado toda clase de conductas indebidas.

Los reclusorios parecen ensaladas

Gustavo Castillo, enviado, Carlos Camacho, corresponsal, Pachuca, Hgo, 19 de febrero Ť El procurador de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, afirmó que se debe realizar una profunda reforma al sistema penitenciario ya que los reclusorios ``parecen ensaladas y viven en el caos porque se mezclan presuntos delincuentes con criminales sentenciados''.

Dijo que los consejos tutelares ya no son una solución y que deberían quedar bajo la espera de los gobiernos locales y tener facultades para decidir sobre esos asuntos.

Samuel del Villar aseguró que hay puntos de vista muy respetables respecto de una reducción en la edad penal; sin embargo, aseguró que dichas modificaciones legales ``deben realizarse con la cabeza y no con decisiones intempestivas o estomacales''.

Entrevistado en el marco de la IV Reunión Nacional de Procuradores, aseguró que existe un gran agujero y un vacío legal en lo que se refiere a la reducción de la edad penal porque el grado de evolución de criminalidad en cada entidad es diferente. Aseguró que en el ámbito del Distrito Federal los casos de menores infractores deben ser tratados por las autoridades locales y no por autoridades distantes, burocratizadas y rebasadas, como lo es el Consejo Tutelar para Menores. Respecto de la reducción de la edad penal el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, se manifestó totalmente en contra de su disminución.

En otro tema, Samuel del Villar informó que Madrazo Cuéllar se comunicó con él para pedirle que ``procediera absolutamente conforme a la ley'' en el caso de la hermana del titular de la PGR, actitud que es correcta, dijo, porque proviene de un hombre de bien.