La definición del papel de las fuerzas armadas dentro de una sociedad democrática es una asignatura pendiente para los mexicanos. En su intervención del día 9, el secretario de la Defensa, general Enrique Cervantes (hombre ilustrado, admirador del pensamiento liberal mexicano del siglo XIX) hizo algunos pronunciamientos en los que se perfila una visión moderna, democrática, del papel de las fuerzas armadas. ``Las armas, dijo, deben servir para defender la soberanía nacional y no para guerras fratricidas''.
El fracaso de la democracia en muchos países del Tercer Mundo se explica por la recurrencia con la cual los militares, atropellando sus respectivas constituciones, intervienen directamente en política. Entre 1960 y 1980 tres cuartas partes de los países latinoamericanos experimentaron golpes de Estado, y en el mismo periodo, la mitad de los países en Asia y la mitad de los africanos sufrieron la misma experiencia. Los analistas convergen en la idea de una definición adecuada del papel social de las fuerzas militares: es esencial para conseguir un orden democrático estable (B.C. Smith, Understanding Third World Politics, Indiana University Press, 1996).
En México tenemos fuerzas armadas que surgieron de la revolución de 1910-17 y adaptaron progresivamente a las condiciones del civilismo.
En 1928, se abandonó el antiguo esquema revolucionario en donde cada cuerpo militar se adhería a un determinado caudillo y se adoptó el modelo institucional de ejército único y profesional; más tarde, al crearse el PRM, en 1938, se estableció dentro de él a un ``sector militar'', disposición que fue suprimida en 1945, al crearse el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero su desempeño en años posteriores no tuvo la transparencia deseada y dejó algunas dudas respecto a su compromiso con las reglas del juego democrático.
Entre 1950 y 1968, las fuerzas armadas de México actuaron repetidamente como instrumento de represión política o en asuntos civiles, propios de la policía. En 1952, tropas del ejército reprimieron un mitin de opositores henriquistas en la Alameda Central; en 1956, de nuevo, las tropas fueron utilizadas por el gobierno para aplastar una huelga estudiantil y ocupar el internado del IPN; en 1959, una vez más, se movilizó a miles y miles de soldados para acabar con la huelga ferrocarrilera y detener a casi 6 mil trabajadores; en 1962, un grupo de militares secuestró en su hogar al líder campesino Rubén Jaramillo y a su familia (incluyendo a su esposa embarazada): días después sus cuerpos acribillados fueron encontrados en las cercanías; en 1965, el ejército de nuevo fue involucrado en una represión, en este caso, del gremio médico; en 1966, efectivos militares ocuparon la Universidad de Michoacán; ese mismo año, fuerzas militares actuaron contra los estudiantes de Durango en el conflicto del Cerro del Mercado y, un año más tarde, de nuevo, las tropas intervinieron en una universidad, la de Sonora, para sofocar una huelga de estudiantes.