Un ``movimiento internacional de intervención en los asuntos internos de nuestro país'' es el más reciente diazordacismo de Ernesto Zedillo. Este invento es semejante al usado hace treinta años cuando el gobierno hablaba del ``plan subversivo de proyección internacional elaborado en el extranjero''.

El Poder Ejecutivo, a través del secretario de Gobernación, se hace eco de una denuncia de Televisión Azteca, donde miembros de organismos no gubernamentales reclaman airados el aterrizaje de un helicóptero, propiedad del gobierno de Chiapas, en La Realidad, en el que se transportan gratuitamente los reporteros de la televisora del Ajusco. No se dice nada en absoluto de lo que hacen esos extranjeros defensores de los derechos humanos; no se explica por qué el gobernador Albores apoya a una empresa privada; no se ofrece siquiera una disculpa por los daños físicos y materiales causados a esa paupérrima población tojolabal de la selva chiapaneca.

Mas el secretario de Gobernación aprovecha la coyuntura para declarar que sólo si el EZLN acude nuevamente a la mesa de negociaciones para discutir las cuatro observaciones oficiales al proyecto de la Cocopa, se ``revisará (sic) las posiciones que actualmente ocupa el Ejército Mexicano en Chiapas''.

De esta manera, Labastida confiesa que el Presidente de la República no está utilizando a las fuerzas armadas para la seguridad interior --como lo manda la Constitución-- sino como medio de presión política sobre los rebeldes que no se encuentran en este momento en situación de beligerancia.

Esta confesión del gobierno muestra el carácter inconstitucional de los recientes movimientos de tropas y de las provocaciones que el Ejército realiza en la selva, especialmente en las cercanías de donde al parecer se encuentra el mando zapatista. Presión militar para obligar a otros a asumir una determinada actitud política es el contenido de la conducta gubernamental, al menos en La Realidad y sus alrededores.

Ernesto Zedillo, quien es el jefe de un partido, niega el valor del proyecto de la Cocopa como expresión de un consenso entre las fuerzas políticas del país; niega el carácter de la misma Cocopa como mesa de acuerdos entre los partidos para proveer soluciones al conflicto en Chiapas; niega que aquel proyecto no fue redactado por el EZLN sino justamente por la Cocopa con el pleno conocimiento del secretario de Gobernación, al menos, a quien reportaban y reportan los legisladores priístas; niega que los zapatistas admitieron el texto de la Cocopa como un texto convenido pero de ninguna manera como la mejor solución al tema de los derechos de los pueblos indios; niega, finalmente, que la aceptación del EZLN se realizó en la inteligencia de que no habría cambios en el texto y que de otra manera los zapatistas hubieran rechazado el texto de la Cocopa.

Ante la matanza de Acteal, frente a la que el gobierno federal tiene responsabilidad política y el PRI, responsabilidad penal, el Presidente contraataca por varios lados: atizando una xenofobia convenenciera (¿cuántos agentes de la DEA operan en México debido a la admitida presión de Estados Unidos?), culpando al EZLN de intransigencia y de jugar al ``todo o nada'' y tratando de descalificar a la Conai.

¿Qué tenemos hoy en materia de derechos efectivos de los pueblos indios? Nada. El gobierno de la República no ha sido capaz de impulsar la menor iniciativa propia sobre este tema, como no sea la vieja y desprestigiada política clientelar de tratar de comprar conciencias donde permite que reine la mayor pobreza. El Presidente de México carece de programa, pues el contenido positivo de los acuerdos de San Andrés expresa gran parte de la plataforma de lucha del movimiento indígena mexicano, retomada y defendida por el EZLN.

La carencia de una estrategia de solución política del conflicto de Chiapas es, por sí misma, la ruta del uso de la fuerza. En 1968, Díaz Ordaz se negó sistemáticamente a formular una estrategia política: la ``solución'' de fuerza se impuso a través de las decisiones del mismo Presidente y de otros miembros del gobierno, con el apoyo de todos los órganos del poder político y el silencio de todos los gobiernos extranjeros; el 2 de octubre fue un crimen de Estado, pues las instituciones sí pueden delinquir. ¿Debemos resignarnos a esperar otros crímenes de Estado?

Como en 1968, cuando el gobierno culpó a los estudiantes de la violencia y de iniciar el fuego --lo cual nadie ha logrado probar--, el reinicio de la guerra en Chiapas tendría el mismo tratamiento: ``los zapatistas dispararon contra los soldados en las proximidades de La Realidad'', diría el parte oficial. El ingrediente de los extranjeros y de las conspiraciones internacionales se encuentra nuevamente presente, de tal manera que el gobierno manejaría la más estúpida especie de que los indios de México se dejan mandar y están al servicio de unos güeros de ojos azules, tal como lo está diciendo TV Azteca. Labastida afirma que ``la nación no puede ser rehén de nadie'', pero quizá trató de decir que solamente lo puede ser del Presidente de la República, quien utiliza al Ejército como instrumento de su propia acción política en violación grave de la Carta Magna.