Las palabras pronunciadas por el presidente Zedillo durante la conmemoración del Día del Ejército tienen una doble lectura, sobre todo en sus alusiones al conflicto chiapaneco, a las comunidades indígenas y, de modo indirecto, al EZLN.

En primer lugar, debe señalarse que los reconocimientos del Ejecutivo en el sentido de que las fuerzas armadas serán garantes del diálogo, el respeto y la observancia de la ley resultan pertinentes y también lo son sus señalamientos de que el Ejército Mexicano no caerá en provocaciones y se mantendrá como una institución para la paz.

Sin embargo, en el discurso presidencial figuran otros elementos que no coinciden con la realidad que actualmente se vive en Chiapas, y que pueden representar signos de endurecimiento de parte del gobierno federal. Debe precisarse que el activismo de mujeres y niños indígenas que rechazan la presencia castrense en sus comunidades no está inscrito en una estrategia de provocación sino que, por el contrario, es una respuesta social a la continua situación de tensión, miedo y zozobra que padecen muchas poblaciones indígenas con motivo de la presencia de efectivos militares en sus tierras de labranza y en sus espacios comunitarios y ceremoniales. Resulta cuestionable suponer que las mujeres indígenas son manipuladas para enfrentar a las fuerzas armadas: por el contrario, la participación de las mujeres en las luchas históricas del país y en los movimientos sociales ha sido siempre libre y abierta, y sugerir que, en el caso de Chiapas, las madres e hijas de las familias indígenas son utilizadas revelaría o un desconocimiento de la dinámica social de los mexicanos o un interés por ensombrecer las posibilidades del diálogo y la reconciliación social.

Las verdaderas provocaciones y los actos de represión no han partido de las comunidades ni de las mujeres y los niños: como sucedió en los trágicos acontecimientos de Acteal, fuerzas amparadas y pertrechadas por el poder público fueron las responsables de la matanza. La gran mayoría de esos grupos homicidas y paramilitares permanecen impunes y amenazantes y muy poco se ha hecho para desactivarlos.

Y en el caso de la campaña que pretende, mediante argumentos xenofóbicos y racistas inaceptables, responsabilizar a individuos y grupos extranjeros de manipular y llevar a la insurrección a las comunidades indígenas de Chiapas -afirmación injustificada y falaz que el propio gobierno debió abandonar en los primeros días del levantamiento zapatista, en enero de 1994-, las provocaciones tampoco han provenido de los pobladores de la región: han sido orquestadas desde instancias oficiales y medios de comunicación cuya cercanía con el poder político y económico está por encima de su ejercicio periodístico e informativo. Como en el caso de las mujeres, las comunidades indígenas toman por sí mismas sus decisiones, conducen su movimiento de forma independiente y han mantenido una actitud siempre abierta hacia la paz.

La tensa situación que prevalece en Chiapas requiere urgentemente de medidas efectivas en favor de la reconciliación, la reconstrucción de los canales de diálogo y no de incitaciones al linchamiento y a la persecución. Por ello, es indispensable fortalecer las instancias de mediación e interlocución, especialmente la Cocopa y la Conai, establecer medidas efectivas de distensión militar, desarticular a los grupos paramilitares y validar la iniciativa de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígena de la Cocopa y los Acuerdos de San Andrés.

En este contexto, las favorables declaraciones del Ejecutivo federal en favor de la paz y el diálogo deben ser acompañadas por hechos y medidas concretas que permitan despejar las tensiones y las incertidumbres que se han registrado recientemente alrededor del conflicto chiapaneco, pues la indefinición gubernamental ha sido la principal causa del estancamiento del proceso de negociación, de la exacerbación de las tensiones y, ahora, de la generación de un clima de confusión que ha dado pie a la aparición de factores de disgresión que, con argumentos dolosos y sin fundamento, intentan distraer la atención de la ciudadanía de lo verdaderamente importante: la solución de las justas demandas de las comunidades indígenas y la realización de una reforma constitucional de fondo -avalada por todas las partes y con el consenso de las fuerzas políticas del país- que incorpore al marco legal el reconocimiento de sus derechos y el respeto de su cultura.

Los continuos señalamientos que intentan mostrar al movimiento legítimo de los indígenas de México como un activismo artificial y manipulado desde el exterior generan un clima adverso al reinicio del diálogo. Por ello, es hora de abandonar las retóricas sesgadas e iniciar los trabajos tendentes a alcanzar una paz digna y justa en el estado de Chiapas y una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas.