El número de desplazados sigue aumentando. Después del desplazamiento de 115 integrantes de Las Abejas, que el pasado 29 de enero abandonaron la localidad de Canolal bajo un fuerte dispositivo de seguridad, día con día se suman al éxodo nuevas familias. Durante la última semana se conoció la existencia de un campamento más en el municipio de Pantelhó. Existen garantías para que la población salga de sus comunidades, pero no para que pueda permanecer o regresar a ellas.

En la medida en que las bases del EZLN y Las Abejas se desplazan y concentran, sigue avanzando la labor de limpieza dejando un territorio libre de zapatistas y sus simpatizantes. En este territorio se expande rápidamente la labor social del Ejército. Los puestos médicos militares se multiplican: el Ejército está más que nunca dentro de las comunidades. Esta presencia constituye una de las principales causas de los nuevos desplazamientos.

Las crecientes tensiones en otras regiones de Chiapas crean la posibilidad de que se produzcan nuevos desplazamientos y la creación de un escenario semejante al de las Comunidades de Población en Resistencia en Guatemala.

La atención para la salud puede ser un elemento importante para la distensión social, pero también es cierto que ésta puede convertirse en un factor generador de polarización social y de incertidumbre si se brinda de manera discrecional, condicionada o en función de otros intereses. Tal es el caso de la atención médica ofrecida por los militares.

La fuerte presencia militar en muchas regiones de Chiapas no solamente no ha brindado protección a la población, sino que ha trastocado gravemente la vida de la gente, obstaculizando las actividades agrícolas de muchas regiones y afectando por consecuencia su derecho a alimentarse.

Para los desplazados en el munidipio de Chenalhó, uno de los problemas de salud más apremiantes es el del difícil acceso al agua. Sin embargo, los efectivos militares se han ubicado sistemáticamente en las fuentes de agua de varias localidades, limitando el acceso de la población a este recurso.

En un informe sobre las actividades de labor social que presentara el general Salazar el 4 de febrero, incluía más de mil consultas y actividades de educación sexual a la población. Es preocupante que el Ejército se abrogue esta función cuando ha sido responsable de violaciones, acusado de hostigamiento, de llevar la prostitución a las comunidades indígenas, de aumentar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y de atraer a jóvenes para participar en grupos armados mediante videos pornográficos y prostitutas.

Por todo lo anterior, estamos convencidos de que las acciones de salud y de distribución de alimentos por el Ejército contribuyen a la polarización social, incrementan la incertidumbre y favorecen nuevos desplazamientos.

La resistencia civil que mantiene una parte importante de la población desde 1994 en la que se promueve el rechazo a la ayuda proporcionada por instituciones gubernamentales, ha tenido un enorme costo para la población que ha agravado sus condiciones de salud. Durante los cuatro años de conflicto, se han realizado numerosos esfuerzos con el fin de flexibilizar esta posición y de plantear la atención para la salud como un derecho irrenunciable. Sin embargo, la reiteración de acciones condicionadas, el exagerado triunfalismo para difundir los logros y la errática aplicación de muchos programas han constituido grandes obstáculos para modificar esta posición.

A pesar de las mejores intenciones y el mayor despliegue de recursos que puedan hacer las instituciones públicas de salud, el terreno en donde realizan sus acciones está cada vez más polarizado, y a los ojos de quienes han sufrido las agresiones su presencia estará permanentemente contaminada por la labor del Ejército. No existen esperanzas de que su trabajo sea aceptado plenamente si éste no forma parte de una iniciativa gubernamental por la paz en todos los campos y se inicia por la desmilitarización.

En estos momentos, el derecho a la salud de los desplazados debe ser entendido y defendido por toda la sociedad, fundamentalmente como el derecho de los desplazados a regresar con condiciones de dignidad que no les obliguen a depender indefinidamente de la ayuda humanitaria. Para crear estas condiciones, la labor social del Ejército debe desaparecer y los militares tienen que salir de las comunidades.