Cada día los mexicanos soportamos la conciencia de otro agravio. El señor Robert Rubin explica que la crisis de 1994 fue producto de los ``trágicos errores'' de Carlos Salinas. El Fondo Monetario Internacional, que ha impuesto a los dóciles regímenes mexicanos desde hace 15 años la política económica, no es responsable de la decadencia y la concentración del ingreso que esa política ha provocado. Luis Echeverría se burla de la opinión pública: ni él ni nadie es responsable de la matanza del 2 de octubre de 1968. Son más evidentes las vinculaciones de ciertos gobernadores con el narcotráfico, los secuestros y la delincuencia profesional. Sin embargo, ninguno de ellos es llevado a juicio.

Jamás en la historia contemporánea de México habíamos tenido tanta libertad de información. Pero sabemos de los agravios y sabemos, simultáneamente, que quedan impunes los mayores responsables. Es urgente acabar con esta contradicción. Tenemos que aceptar que la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático implica grandes costos. Ninguna transición contemporánea ha triunfado sin una ley de amnistía y reconciliación. Debemos encarar al futuro. Construir instituciones que garanticen a los ciudadanos el control de la función de gobierno. La transparencia en el proceso de toma de decisiones y la rendición de cuentas. Si no acabamos con la impunidad, se irá minando la base moral del nuevo sistema que empieza a surgir.

Pero ¿en qué consiste el control sobre la función gubernamental? José Joaquín César Arzani la describe como aquélla por la que una autoridad autónoma y crítica fiscaliza la operación del gobierno y su funcionamiento en todas sus fases y no sólo en sus consecuencias.

Es muy importante entender que el control está orientado a la seguridad. Que no es un instrumento de venganza. Lo que daría sentido a un instrumento moderno de control sería lograr la transparencia de las decisiones gubernamentales. Registrar la forma en que se adoptan y después darles un seguimiento tanto para constatar, eliminar o sancionar errores, desperdicios, fraudes, indisciplinas, como para apoyar a la autoridad administrativa que alcance la máxima excelencia operativa.

México necesita de un instrumento que no intente corregir las desviaciones cuando éstas ya no tengan remedio. El control en los países democráticos se ejerce sobre las acciones gubernamentales cuando éstas están apenas en planeación. Lo que quieren es garantizar la seguridad de que las decisiones que se toman son las más adecuadas, y que una vez tomadas se cumplen de modo eficiente.

La sociedad está más interesada en este factor de calidad que en ningún otro de los aspectos. En una democracia representativa, los ciudadanos tienen una oportunidad muy pequeña de influenciar sobre el comportamiento de las instituciones públicas. Se limitan a votar y a elegir a sus representantes entre el elenco que les proponen los partidos políticos. La tendencia en las democracias más maduras consiste en ir ampliando la participación ciudadana en un número cada vez mayor de funciones y en áreas de la tarea gubernamental.

En México estamos totalmente fuera de época. Los funcionarios tienen una actitud prepotente. No existe una cultura ciudadana en la que la rendición de cuentas de los jerarcas sea importante. Los mexicanos seguimos siendo considerados por nuestros gobernantes como incapaces para vigilar sus decisiones. Aunque éstas tengan un efecto devastador sobre nuestros intereses vitales. Nosotros mismos hemos aceptado esta condición de súbditos.

Los instrumentos de control son verdaderamente primitivos. Existe, por supuesto, una aparatosa institución que es la Contraloría de la Federación. Los expertos dicen que sus únicos efectos hasta hoy han sido provocar una parálisis progresiva en parte de la administración pública. Los ciudadanos ignoramos cómo se manejó el dinero asignado al presupuesto gubernamental en el pasado. Nadie sabe qué se logró con esos recursos. No se ha iniciado ningún proceso indagatorio con relación a los abusos de altos funcionarios del gobierno. Sabemos, sí, de unas cuantas venganzas políticas. Pero, ¿dónde están los procesos en contra de los responsables de los ``trágicos errores de 1994''? ¿Qué procesos, juicios políticos, jurados populares, han reparado los innumerables agravios mayores sufridos por el pueblo de México?

Valdría la pena seguir conversando el próximo domingo sobre este tema central de la reforma del Estado.