La crisis del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal

Adriana López Monjardín

Para comprender la crisis de los diálogos de San Andrés, hay que recordar que el gobierno federal está obligado a dialogar con el EZLN por mandato de ley. El Congreso de la Unión aprobó, el 11 de marzo de 1995, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Justa en Chiapas, en la que se establece el diálogo como el camino para identificar y resolver las causas que dieron origen al conflicto.

Con base en dicha Ley, el EZLN y el gobierno federal pactaron una agenda y acordaron un ``marco jurídico'' que debe regir el proceso de diálogo, que fue modificado --por acuerdo de las partes-- el 12 de julio de 1996. En este ``nuevo marco jurídico'' que reglamenta los diálogos de San Andrés se precisa que, en una primera etapa y a través de cuatro mesas de trabajo, las partes involucradas deben analizar y proponer alternativas para resolver los problemas de carácter social, económico, político y cultural que originaron el conflicto. Las cuatro mesas de trabajo son las siguientes: 1) Derechos y Cultura Indígenas; 2) Democracia y Justicia; 3) Bienestar y Desarrollo; 4) Situación de la Mujer en Chiapas.

En un segundo momento del diálogo, según la agenda acordada, las partes deben analizar las alternativas de recomposición del tejido social en Chiapas y el proceso de reinserción política de los integrantes del EZLN.

El ``nuevo marco jurídico'' establece también que sólo la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) --que está integrada, por mandato de ley, con diputados y senadores de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión--, en consulta con la Comisión Nacional de Intermediación (Conai, presidida por el obispo Samuel Ruiz), puede declarar que el proceso de diálogo se encuentra roto. Mientras esto no ocurra, el gobierno federal se compromete explícitamente a suspender la persecución judicial de los integrantes del EZLN y a garantizar que las comunidades en las que habitan las bases de apoyo zapatistas puedan asentarse en los poblados que tradicionalmente ocupan.

El espacio de diálogo y negociación, conquistado por el EZLN, fue puesto al servicio de la sociedad civil. En la mesa 1, sobre Derechos y Cultura Indígenas, en vez de plantear únicamente sus propias demandas, el EZLN convocó a un conjunto de dirigentes de organizaciones indígenas, sociales, políticas, civiles y no gubernamentales, a especialistas en diversos campos, a intelectuales y comunicadores para elaborar, entre todos, las propuestas llevadas a la negociación.

Como resultado de una amplia participación y de la elaboración de un conjunto de propuestas que reflejaban un amplio consenso, los representantes del gobierno federal y del EZLN firmaron, el 16 de febrero de 1996, los primeros acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas.

Sin embargo, al abordar los temas correspondientes a la mesa II del diálogo de San Andrés, sobre Democracia y Justicia, los responsables de la delegación gubernamental violentaron el espíritu y la letra del reglamento para el diálogo. Aunque el EZLN cumplió con todas las condiciones en cada uno de los momentos de la mesa II, la delegación gubernamental nunca presentó una propuesta seria, por lo que canceló la posibilidad de desarrollar el diálogo, de identificar los problemas y de llegar a acuerdos sobre las posibles soluciones. La incapacidad de la delegación gubernamental para cumplir su cometido y para atenerse a los acuerdos y a los reglamentos ya pactados se vio agravada por el trato autoritario y racista en contra de los comandantes del EZLN.

Por otra parte, se extendió la militarización en las comunidades indígenas y se intensificaron las actividades impunes de los grupos paramilitares y de las guardias blancas. En la región norte de Chiapas operan las bandas llamadas Paz y Justicia y los Chinchulines, que son responsables de las muertes de decenas de indígenas y del exilio de millares de familias que han tenido que dejar sus casas y pueblos para escapar de esta guerra sucia. Las autoridades judiciales y la fuerza pública protegen a estos grupos paramilitares, mientras que varios cientos de campesinos inocentes han pasado largos periodos en las cárceles o permanecen todavía en ellas, acusados de delitos falsos que, naturalmente, no pueden ser probados.

La presencia de grupos paramilitares se extendió hacia la región de los Altos de Chiapas desde 1996, según fue denunciado reiteradamente por investigadores, observadores civiles, por organismos no gubernamentales de derechos humanos y por la delegación del EZLN en los diálogos de San Andrés. Desde entonces se gestaba la matanza de 45 indígenas tzotziles que ocurrió el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, en el municipio de Chenalhó, que se preparó y concibió con la complicidad de las autoridades y la impunidad de las bandas paramilitares, asociadas al Partido Revolucionario Institucional.

Ante esta situación, el 2 de septiembre de 1996 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional comunicó su decisión de suspender el diálogo hasta que se cumplieran cinco condiciones mínimas, para garantizar que los diálogos con el gobierno fueran realmente un camino hacia la paz con justicia y dignidad, y no sólo una simulación que permitiera al gobierno buscar el momento propicio para provocar una agresión militar contra las comunidades indígenas.

Las cinco condiciones del EZLN para la reanudación de los diálogos fueron:

1) El cumplimiento de los acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas.

2) Que la delegación gubernamental presentara una propuesta seria sobre Democracia y Justicia.

3) La libertad de los presos, que permanecían encarcelados bajo la acusación de ser zapatistas.

4) El fin a la guerra de baja intensidad y el desarme de los grupos paramilitares en la zona norte de Chiapas.

5) La designación de una delegación gubernamental con capacidad de interlocución y resolución, y respetuosa de la delegación zapatista.

Durante octubre de 1996, pese a la suspensión del diálogo, el EZLN y el movimiento indígena nacional tomaron un nuevo impulso, expresando la fuerza de su lucha y la razón de sus demandas. Bajo el lema ``Nunca más un México sin nosotros'', se realizó en la ciudad de México el Congreso Nacional Indígena. Con la participación de la comandante zapatista Ramona, el EZLN logró romper los cercos impuestos a las comunidades indígenas por el Ejército federal, el olvido y la miseria que amenazan su salud y sus vidas.

La exigencia al gobierno de cumplir los acuerdos firmados con el EZLN en San Andrés Sacamch'en de los Pobres se convirtió en la principal resolución del Congreso Nacional Indígena, y alcanzó un amplio y activo respaldo de la sociedad civil nacional e internacional.

Después del Congreso Nacional Indígena, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) tomó un papel más activo en la búsqueda de un nuevo camino para alcanzar la paz con justicia y dignidad. Sus primeros esfuerzos se centraron en la tarea de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas.

En un prolongado proceso de consultas y de búsqueda de consensos con el EZLN y el gobierno federal, la Cocopa elaboró una propuesta de reformas para incorporar a la Constitución General de la República el reconocimiento de los derechos indígenas. Dicha propuesta tomó los aspectos fundamentales de los acuerdos de San Andrés, adecuando las formulaciones a la técnica jurídica.

La propuesta de reformas constitucionales redactada por la Cocopa parte del reconocimiento y la definición de los pueblos indígenas como sujetos de los derechos consignados en los artículos constitucionales que propone reformar. Se plantea el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público, del mismo modo en que ya lo son actualmente los municipios. La propuesta reconoce el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, en el marco del Estado mexicano, y precisa los ámbitos políticos, jurídicos y sociales en los que se hará valer dicha autonomía. Así, se reconoce el derecho de los pueblos a elegir a sus autoridades de acuerdo con sus tradiciones, y a ejercer sus sistemas normativos propios en ámbitos específicos. La propuesta establece también el derecho de los pueblos indígenas al disfrute y aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras y los territorios que actualmente usan u ocupan de alguna manera.

El EZLN, en consulta con la comisión legislativa del Congreso Nacional Indígena y con sus asesores, acordó aceptar la propuesta presentada por la Cocopa el 29 de noviembre de 1996. En un primer momento, el secretario de Gobernación manifestó también la disposición del gobierno federal a aceptar dicha propuesta. Sin embargo, unos

días después, el gobierno federal rechazó la propuesta de reformas elaborada por la Cocopa.

En diciembre de 1996, el gobierno federal presentó una contrapropuesta de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas que no sólo era completamente distinta a la que elaboró la Cocopa, sino que contravenía el espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés.

La contrapropuesta de reformas constitucionales del gobierno federal en materia de derechos indígenas se niega a definir a los pueblos indígenas como sujetos de derecho; niega el reconocimiento a sus sistemas normativos propios y pretende reducirlos al estatus de ``usos y costumbres''; limita sus derechos a elegir a sus gobernantes de acuerdo con sus propias tradiciones, así como los derechos a la libre asociación de las comunidades y los municipios indígenas. Omite, también, todo reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios y a los recursos naturales que en ellos se encuentren. Pretende subordinar el ejercicio de los derechos constitucionales a una legislación secundaria, inexistente en unos casos y restrictiva en otros. En suma, propone una serie de candados y limitaciones al ejercicio de los derechos que apenas enuncia.

Ante esta ruptura de los acuerdos ya firmados, el EZLN rechazó la contrapropuesta del gobierno, demandó a la Cocopa que sostuviera su propia propuesta y se manifestara públicamente sobre esta nueva situación de crisis del diálogo.

La contrapropuesta del gobierno federal sólo ha sido apoyada y defendida por un puñado de juristas de las élites, que ha exhibido su desconocimiento y su desprecio por el mundo indígena. Mientras tanto, la propuesta presentada por la Cocopa y respaldada por el EZLN ha recibido el apoyo del Congreso Nacional Indígena, de las organizaciones democráticas sociales, civiles, eclesiales, políticas y no gubernamentales, y de numerosas personalidades de los ámbitos especializados, de la ciencia y la cultura.

El apoyo a la propuesta de la Cocopa permite afirmar que, después de un amplio debate público, dicho texto ya no es sólo la iniciativa de una comisión del Legislativo, sino la propuesta de un amplio sector de la sociedad civil, rural y urbana, que reconoce la pertinencia de las reformas contenidas en el texto de la Cocopa. Por primera vez un proyecto de ley, de tal importancia, se construye desde múltiples rincones. Por primera vez se consensa en múltiples espacios de expresión y participación independiente. Por primera vez el Legislativo redacta una propuesta de ley como expresión de esas aspiraciones ciudadanas. Por primera vez existe un respaldo social, amplio, al cuerpo legislativo en su trabajo de elaborar leyes.

La negativa del gobierno federal a legislar sobre los derechos indígenas se ha convertido en un obstáculo, hasta la fecha insalvable, en el proceso del diálogo. Si el gobierno da marcha atrás y desconoce los primeros acuerdos firmados, ¿qué garantías tienen los integrantes del EZLN de que se cumplan los próximos acuerdos a los que pudiera llegarse? El gobierno rompió el activo principal de toda negociación: la confianza. Lo que hoy está en crisis no es sólo el futuro de las reformas constitucionales sino todo el proceso de diálogo, y la credibilidad en la palabra empeñada por el gobierno federal.

A lo largo de 1997 se ha estrechado el cerco militar a las comunidades indígenas; la guerra de baja intensidad se ha extendido hacia los municipios del norte y los Altos de Chiapas; los caciques y los ganaderos siguen armando a sus guardias blancas y atacando a las comunidades en todo el estado. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han documentado el hecho de que ha habido más indígenas muertos en estos tiempos de guerra de baja intensidad que durante los 12 días de combates abiertos en 1994.

La situación actual es sumamente grave, ya que la suspensión del diálogo lleva aparejada una creciente militarización del estado de Chiapas y la actuación impune de los grupos paramilitares y las guardias blancas, que --según la reiteradas denuncias de los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos-- son armados, dirigidos y protegidos por el partido oficial, la fuerza pública y las autoridades judiciales.

Las comunidades indígenas zapatistas han sostenido, de manera pacífica, su exigencia de que el gobierno cumpla con los acuerdos ya firmados. Entre el 8 y el 18 de septiembre de 1997, los delegados de los mil 111 pueblos que apoyan al EZLN integraron el Agrupamiento Especial Emiliano Zapata y recorrieron más de dos mil kilómetros del territorio nacional, en una marcha para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y para encontrarse con los hermanos del Congreso Nacional Indígena, con el Movimiento Urbano Popular de la ciudad de México, con el Frente Zapatista de Liberación Nacional, con los estudiantes y profesores universitarios, con los pueblos de Juchitán, Oaxaca, Acatlán, Tepoztlán, Milta Alta y Xochimilco, y con los campesinos y trabajadores de Puebla y Tlaxcala.

Desde la sociedad civil nacional e internacional se siguen sumando voces que sostienen la propuesta de reformas constitucionales elaborada por la Cocopa y que demandan al gobierno mexicano el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.