Autonomía para la integración

Marco Rascón

El liberalismo y el federalismo mexicano asumieron la visión criolla integrista y no resolvieron el problema de las más de 125 nacionalidades (1) existentes en el territorio nacional todavía hace un siglo, de las cuales 68 desaparecieron ya a lo largo del etnocidio de baja intensidad; 56 son indias y sólo una, la mayoritaria mestiza de habla castellana, es reconocida por las instituciones republicanas. La hegemonía mestiza no necesitó del reconocimiento jurídico ni constitucional, pues bastaba ejercer su dominio imponiendo lengua, costumbres y reglas en la vida económica y comercial, en los patrones culturales, en la concepción ética, en la forma de sentir y pensar, para excluir al resto de las nacionalidades que siguen integrando cultural e históricamente la nación mexicana.

(2) La inexistencia jurídica de las nacionalidades indias en el texto constitucional, bajo la idea de que ``todos los mexicanos somos iguales ante la ley'', implicó la guerra y el rechazo de los diversos. Las nacionalidades indias para sobrevivir tuvieron que sujetarse al tutelaje de la Iglesia y el Ejército, para quienes la población india ha sido una reserva muy importante de fieles y soldados. Sólo el poder eclesiástico y el militar podían entrelazarse con las formas de gobierno indígenas, pues se considera que en esencia los indios son guerreros y creyentes antes que ciudadanos u hombres políticos y, por tanto, las instituciones que los enlazan a la civilización sólo pueden ser las que representan su religiosidad y su afición guerrera: la Iglesia y el Ejército. En el primer caso el sincretismo religioso es una concesión, una transición, un medio hacia la aceptación de este tutelaje; en el caso del Ejército, la milicia, el reclutamiento militar, es una forma de coexistencia de la tradición guerrera. Tanto el sincretismo como la pertenencia al Ejército son las únicas formas en que los indios tienen derecho a pertenecer a la república: o como soldados o como sacerdotes.

(3) El único indio ``civil'' es Juárez, como aspiración de igualdad; sin embargo, este reconocimiento no acabó con el juicio que considera que un indio sin tutela religiosa y militar es un ente salvaje, insumiso, remiso y rebelde. El odio a Juárez nace de que es un indio ciudadano, consciente del derecho y que no sólo se sirve de las instituciones, sino que las representa.

En el liberalismo y el pensamiento republicano esta idea de la ``igualdad'' ha servido para no reconocer la diversidad y un hecho de fondo que no acepta la ley, ni la sociedad ni la república: que los indios también quieren seguir siendo indios. En México, el nacimiento del indigenismo oficial ha servido para sepultar las culturas y encaminar a los pueblos indios a la ``civilización''. El indigenismo es una torcedura del liberalismo que piensa que para ser iguales a los indios hay que desaparecerlos. Esta posición ha sido tan poderosa que el resultado ha sido el etnocidio y la desaparición de 68 nacionalidades en los últimos cien años; basta recordar la obra y las campañas de Joaquín Terrazas en Chihuahua contra las tribus del norte, por las cuales todavía goza en la capital del estado de un monumento al ``Héroe de tres Castillas'' que luchó contra la ``barbarie''.

(4) La etnología intervencionista, herramienta del indigenismo y el colonialismo, se volvió doctrina que usa el conocimiento de las costumbres para eliminarlas.

La etnología colonial fue un arma adquirida por el liberalismo criollo, la Iglesia, el Ejército y el conservadurismo, y la convirtió en una doctrina para ``igualar'' a las nacionalidades indias. La primera gran tarea de la etnología oficial fue definir que el único futuro de las culturas indias era desaparecer ante la gran nación mestiza y criolla, pues éstas eran ``minoría''. Esta concepción se localiza por buena o mala fe tanto entre los autonómicos, como entre el integrismo oficial, que han tenido su alianza con el indigenismo. Prueba de ello es la coincidencia de los Acuerdos de San Andrés para ubicar la autonomía y el principio de la legislación indígena arrinconando los derechos en el artículo 4o. constitucional, junto al resto de sectores considerados ``minorías'': las mujeres, los sin techo, los minusválidos, los niños.

No puede haber autonomía, ni integración igualitaria en la república, mientras los autonómicos y el integrismo oficioso partan de la concepción de que los indios son una ``minoría'' cuya condición cultural es sinónimo de marginación, pues su ser nacional es contrario a la modernidad, a la técnica, a la convivencia con otras culturas en igualdad de condiciones. No hay peor racismo que la tolerancia.

Hay de autonomías a autonomías

El concepto de autonomía, aplicado al problema de las naciones indias de México y como la vía hacia una integración de la diversidad cultural y social, debe ser preciso y no confundirse con la tradición separatista y el regionalismo de las tendencias conservadoras de México. El partido conservador en la derrota es autono-

mista regional y como fuerza triunfante es centralista.

El autonomismo ha chocado con la idea de la república federal, luego de la independencia de Texas, cuyo programa autonómico fue tan sólo la vía para la anexión a Norteamérica. El autonomismo en Nuevo León durante la guerra de intervención francesa y la ``casta divina'' de Yucatán o los coletos, finqueros y ganaderos de Chiapas constituyen una carga que se quiere ahora adjudicar a las naciones indias cuando proponen sus derechos autónomicos. Tanto en el siglo pasado como hoy, las tendencias autonómicas provienen de Europa, España, Irlanda del Norte, de los restos del imperio Austrohúngaro y del bloque socialista en Europa del este. La integración de culturas y territorios que se han mantenido pese a todo tomaron fuerza y se convirtieron en una respuesta nacional a la globalización y a las políticas de integración económica. En México, la connotación que da el liberalismo a la autonomía es de separación y anexión, sea hacia el norte o hacia Centroamérica. Por eso tras la Guerra de Tres Años la geografía del estado de Nuevo León fue modificada: Coahuila y Tamau- lipas le quitaron su salida al mar y su conexión con la frontera de Texas. En la península de Yuca- tán, ése es el origen del territorio de Quintana Roo, que se constituyó en la franja protectora entre el estado de Yucatán y Belice, en ese tiempo territorio inglés y hoy recientemente independizado.

La derecha mexicana ha venido haciendo suyo el concepto de autonomía para fortalecer sus espacios regionales de poder, y desde 1983, en que se inicia el ascenso del PAN en el norte, la idea autonómica con respecto ``al centro'' se convirtió en parte central de su discurso y su programa. Paradó- jicamente, razones más ideológicas y raciales explican la oposición del PAN a la propuesta de autonomía de los pueblos indios, cuando ellos, por razones de ``decencia'' regional, la promueven entre las clases medias, empresarios, ganaderos, comerciantes, la Iglesia y productores en los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo Léon y Sinaloa. El regionalismo ha sido una forma vergonzante de autonomía, pues histórica e ideológicamente la ``autonomía'' en el norte significa una vía para la anexión a Estados Unidos, luego del camino seguido por Texas, que primero se independizó bajo un discurso autonómico para luego anexarse a Norteamérica. ¿No se han promovido recientemente proyectos autonómicos en La Laguna, región entre Coahuila y Durango? ¿No es acaso la autonomía fiscal, la autonomía hacendaria, uno de los principales argumentos del PAN en el norte contra el centro y el resto del país? La derecha ha impulsado en el norte la idea autonómica con relación a la recaudación fiscal, las participaciones y las aportaciones obligatorias de los estados con la Federación, dejando siempre la sospecha de que detrás de esta propuesta existe la intención o la alianza externa para la futura anexión de los estados fronterizos a Norteamérica o la integración de una república mexicana del norte, diferenciada de la del sur.

El liberalismo, luego de los 30 años de la dictadura de Díaz, transformó la suma de estados ``libres y soberanos'' y el federalismo en una república centralista como respuesta a estas amenazas en ``defensa de la soberanía nacional''. Por eso, bajo esta bandera a Zedillo, luego de ser artífice de la globalización y la ocupación económica de todo el territorio por los capitales extranjeros, no le importa pasar a la historia como represor, pues su idea contra la autonomía de las naciones indígenas es la misma que la de los finqueros, la del PAN, la de la ``casta divina'', la de los laguneros.

Así como no es lo mismo el nacionalismo de las grandes potencias europeas o de América asociadas al racismo, la xenofobia, los prejuicios y el ultraconservadurismo, que el nacionalismo de los países que intentan defenderse de la voracidad imperial, así tampoco es igual el concepto de autonomía de los propietarios de la tierra, que la que debe surgir de las naciones indias. Para los pueblos indios la autonomía es integradora, mientras para los propietarios es contra el pacto federal.

Las nacionalidades indias plantean la integración y la unidad nacional, mientras que la derecha y los sectores conservadores sí constituyen un peligro para la separación del pacto federal, aunque hoy la globalización haya atenuado esa tendencia, pues para sus intereses y los de Estados Unidos ya no es tan importante la pertenencia política para ser parte de los mercados y la integración comercial; no obstante, seguramente en muchos estados y regiones del norte y el occidente establecen ya sus propias alianzas exteriores de manera directa, sin pasar por la intermediación del pacto federal. En las zonas más ricas, la autonomía comercial y económica es ya un hecho que ha derivado en los últimos años en las facultades, incluso de estados y municipios, para contratar deuda externa.

En el federalismo no hay mayorías ni minorías

En el debate histórico entre federalismo y centralismo ganó el sincretismo de un federalismo centralista; sin embargo, en la estructura de la república, el pacto federal --representado por el Senado-- estableció los mecanismos inicipientes para un desarrollo más o menos homogéneo del país al integrar la política fiscal, los mecanismos de compensación tributaria y de distribución del producto nacional y al sistema educativo general, por citar algunos ejemplos. El federalismo político y la representación equitativa de los estados en el pacto federal, independientemente de su territorio, población o participación económica, significaron la base ideológica de la integración de la república. Esta estructura contribuyó al desarrollo nacional mediante la fórmula autonómica de un ``estado libre y soberano'' y ello no significó la balcanización, sino la cohesión de las distintas regiones naturales en un solo proyecto nacional. La base del federalismo mexicano, integrado por estados libres y soberanos, es una integración con base a autonomías jurídicas y políticas. Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué el gobierno no acepta que, además de este federalismo político, es posible un federalismo cultural donde estén representadas las 57 nacionalidades que integran la gran nación mexicana?

Es obvio que estamos ante un problema ideológico que dicta la estructura jurídica y política para excluir y no reconocer que el país contiene la diversidad cultural que le da fuerza a la nación mexicana. El liberalismo y el conservadurismo mexicano han desconocido esta diversidad y la existencia de estas nacionalidades culturales que subyacen con gran fuerza y estarán presentes en la perspectiva de México.

El liberalismo y el conservadurismo reivindican el integracionismo de la Constitución de 1857, que estableció que todos los mexicanos ``eran iguales ante la ley'', lo cual significó la hegemonía ideológica de la nación mestiza, criolla de habla hispana, sobre el resto de las 56 nacionalidades originarias.

El territorio y la autonomía

Para responder a la visión integrista del neocriollismo de Zedillo-Burgoa es necesario antes establecer que la idea autonómica de las naciones y pueblos indios no puede definirse a partir de una nueva delimitación territorial de los municipios. El arreglo en esos términos es prácticamente imposible.

Pueblos indios, organización política y territorios no son homogéneos, y por eso el concepto de autonomía en México no puede ser a semejanza de las aspiraciones autonómicas en España o en Nicaragua, pues en esos casos las autonomías de vascos, catalanes, gallegos o miskitos están delimitadas en territorios específicos, territorial y culturalmente homogéneos, que no es el caso de México, donde las nacionalidades o pueblos indios se mezclan en territorios, regiones y municipios según condiciones que rebasan el marco de la estructura política del país. Bajo el concepto estrecho de federalismo y soberanía, la república castiga a quien abandona su territorio original, negándole todo derecho ciudadano para elegir, ser electo. Sólo los propietarios e inversionistas son portadores de derechos, mientras los trabajadores en general son despojados de éstos, restando cada migrante a su nacionalidad y convirtiendo en paria al que abandona su territorio original.

Una reforma sobre los derechos autonómicos no puede tomar como eje exclusivo el territorio, pues esto excluiría a los millones de indígenas que han abandonado ya su territorio original y viven en las grandes ciudades, incluso en el exterior.

El reciente reconocimiento a la doble nacionalidad de los mexicanos que viven en el exterior es en sí una amnistía frente al castigo impuesto por abandonar el territorio. México resta nacionalidad con los migrantes, siendo que otros países suman nacionalidad con sus compatriotas residentes en el extranjero.

Por eso, en el caso de la autonomía, ésta no debe definirse a partir del territorio original, sino de los derechos individuales y colectivos de cada uno de sus integrantes independientemente de dónde resida.

El derecho a la educación en la lengua materna, a los servicios, a la modernidad, a la justicia, y a representar y ser representado por los de su mismo pueblo, son derechos que deben ser garantizados independientemente del territorio.

En México, el despojo de tierras reclama para las naciones indias y los campesinos una revolución agraria que devuelva las tierras despojadas a los pueblos, lo cual no subsana ya el fenómeno migratorio y el desarrollo de las culturas en los grandes centros urbanos. Solamente en la ciudad de México existen más de 2 millones de migrantes indios; miles en la frontera norte y en Estados Unidos. La característica es que esta población no piensa regresar y al mismo tiempo defiende su cultura, lengua, tradiciones, etcétera.

El hecho de no ligar territorio y autonomía da lugar a la defensa de la tierra en los lugares originales, sin menoscabo del derecho a ejercer la nacionalidad. Cuando la república reconozca todas las culturas jurídicamente, se estará creando la igualdad y la verdadera integración más allá de las

disputas territoriales, pues cada nivel de gobierno deberá responder a la diversidad de los pueblos que la integran, dando representación política a las identidades culturales: habrá nación de todos y para todos.

El federalismo cultural

Bajo el concepto de federalismo cultural no habría mayorías y minorías, sino la suma de todas las nacionalidades. Si en el Congreso de la Unión un diputado mixe hablara hoy en la tribuna y no tradujera su intervención, habría una crisis constitucional, pues por una parte a) en ninguna parte de la Constitución se señala que el castellano sea la lengua oficial en México y b) se demostraría jurídicamente que la nación mixe esta ahí representada en su lengua y que es el Congreso, la república, la que debe garantizar la traducción del diputado mixe para el entendimiento del resto de los

diputados.

El punto central del debate histórico sobre el problema de los pueblos indios es que éstos y su cultura no tienen reconocimiento jurídico y por tanto para el país no existen, salvo como minorías, según establece el artículo 4o. constitucional. Para el país, los pueblos indios y los indios son ciudadanos en la medida de que se despojan de su identidad y la subsumen a la única nación criolla mestiza.

Política y jurídicamente, ser indio carece de importancia, pues la ley lo niega como tal: ``todos son iguales'', y en esta afirmación no se reivindica la indianidad, sino que se niega. A esto se agrega que ser indio es atraso, símbolo contrario de la modernidad, lo cual requiere, en el umbral del siglo XXI, de ser tutelados por la Iglesia, la milicia o el poder económico.

Bajo una estructura que integrara las autonomías en un federalismo cultural, se reconocería que México es la suma de nacionalidades y pueblos precoloniales, y resultante de la fusión y mezcla libre de todas ellas, donde todas las instituciones republicanas deben servir a todos y no sólo a la mestiza de habla castellana. No habría en el federalismo cultural naciones chicas y grandes, sino que todas tendrían el mismo valor al ser parte de la unidad cultural de México con base en el reconocimiento de la diversidad; la nación triqui o maya sería igual a la rarámuri, yaqui o mestiza, independientemente de su número o el tamaño de su territorio.

Cómo unir federalismo político y cultural

El Congreso representa hoy el pacto federal de los estados; en él accidentalmente es electo algún representante indio, pero esto ni representa el reconocimiento autonómico de las nacionalidades, ni significa una disposición integradora. Para una verdadera representación que reconociera la integración de las 57 nacionalidades del país en igualdad jurídica:

La Cámara de Diputados debería ser integrada por 600 diputados, de los cuales, además de los 300 de mayoría relativa y 200 plurinominales, habría 100 electos por ``usos y costumbres'' de las 56 nacionalidades minoritarias existentes en el país. Cada nacionalidad tendría derecho a un diputado y los restantes 44 de acuerdo con el número de ciudadanos-indios que integren la nacionalidad, estableciéndose un diputado indio por cada 60 mil integrantes de éstas; ya electos, cada diputado indio se integraría a las fracciones de cada partido nacional con el que se identificara.

Para ejercer ese derecho, se integraría un padrón adicional que especificara la nacionalidad a la que pertenece el elector indio, independientemente de su lugar de residencia.

Para el Senado se elegirían 148 senadores: 64 electos por mayoría relativa y 56 asignados a las nacionalidades indias, las cuales elegirían un senador por nacionalidad y 32 por representación proporcional a los partidos, eliminando a los 32 representantes de ``primera minoría''.

La representación de todos los estados y las culturas en el Congreso de la Unión se deberá reflejar en todas las instituciones. En el caso del Poder Judicial no sólo habrá jueces, sino el derecho a ser juzgado en la lengua y a que se tomen en cuenta, como agravante o atenuante, los usos y costumbres de cada nacionalidad. El Ejecutivo federal, de los estados y municipios, deberán incluir en sus políticas educativas, de salud, de atención a la niñez, comercio, industria, cultura, etcétera, la atención y respuesta a las exigencias para el desarrollo cultural, social, político y económico de cada nacionalidad.

La autonomía es un medio

Si de lo que se trata es de reivindicar los usos y costumbres, la lengua, el desarrollo cultural de las naciones indias, en la perspectiva del desarrollo general de la sociedad, la autonomía es el medio donde se genera la identidad cultural en uso de territorios, el trabajo, la educación, el comercio, etcétera. Las instituciones de la república deben estar al servicio de las autonomías culturales, pues su relación estrecha garantiza el desarrollo integral de ambas tanto de las instituciones como de las nacionalidades de cada pueblo.

En San Andrés Larráinzar los acuerdos establecieron el reconocimiento autonómico, pero esto debe reflejarse en el reconocimiento jurídico de las nacionalidades, estableciendo que México está integrado por 57 nacionalidades culturales, todas con pleno derecho a su desarrollo y todas iguales. Que esta pluralidad cultural es la base de la nacionalidad mexicana y en ella reside también la soberanía del país.

En este sentido, la autonomía de cada nacionalidad es parte del federalismo y del pacto constitucional.

Todas las nacionalidades tienen el mismo derecho a la salud, la educación, el trabajo y la representación política. Cada nacionalidad es considerada patrimonio nacional y, por lo tanto, la república pone a su servicio todos los recursos y las instituciones para el desarrollo de cada una de éstas en sus regiones, a través de los estados y los municipios y está representada en los tres poderes que integran el Estado mexicano.

Los derechos individuales y colectivos de las naciones indias son irrenunciables. Bajo estos propósitos se reconoce como legítimo tanto el proceso de ladinización como el de indianización, ya que la pertenencia a una nacionalidad india no significará atraso, miseria y exclusión del desarrollo. La autonomía es la base para alcanzar este propósito, haciendo llegar los derechos tanto a los que habitan sus territorios originales como a los que han migrado.

Artículo 2o. constitucional

El principio de estos objetivos debe ser necesariamente a partir del reconocimiento jurídico de la composición del país. En este sentido, siendo el artículo 2o. de la Constitución (5) una definición de principio contra la esclavitud, ahora deberá ser el que establezca la igualdad y reconocimiento de las 57 nacionalidades que integran la nación mexicana.

A partir de este reconocimiento, cada esfera de actividad, cada institución, deberá reflejar este principio tanto en la Constitución como en las leyes secundarias y reglamentarias, quizás como lo plantea Castro y Castro: ``En los juicios, procesos y procedimientos, inclusive los agrarios, en que los pueblos indígenas como tales sean parte, las leyes aplicables deberán prever las prácticas y costumbres de los pueblos, pero siempre con respeto al principio jurídico de igualdad de las partes que contiendan en controversias legales''.

El principio autonómico debe ser, sin duda, el reconocimiento de la diversidad, un paso hacia la integración, subsanando los errores del liberalismo mexicano y respondiendo así a la visión excluyente, integrista de las fuerzas conservadoras de México que consideran a la nación el país de los criollos.

A fin de fortalecer el uso del concepto de ``nacionalidad'' para nombrar a los 56 pueblos que constituyen el mosaico cultural de México y que no se refieren al número o el territorio para alcanzar la categoría de nacionalidad, se presentan las siguientes a manera de ejemplo. De ninguna manera agotan la amplitud del término, sino que justifican el uso utilizado de nacionalidad a los pueblos indios a fin de redimensionar la propuesta indígena sobre autonomía, la cual tiene que ver más con una idea federalista que con una sociológica o de la antropología, que por definición señala el caso indígena como un problema ``marginal'' o el debate entre una población minoritaria contra otra mayoritaria.

Según la Real Academía Española, nacionalidad significa Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación. Es la designación oficial de algunas comunidades autónomas.

Para Norberto Bobbio, Nicola Mateucci y Giafranco Pasquino, el concepto de nación continua siendo ``uno de los más vagos e inciertos del vocabulario político''. El concepto de nación está ligado sólo parcialmente a la idea de una comunidad política, un Estado y el poder. En sus variantes existe desde la concepción de la nación a partir del ``vínculo natural'' que culmina con el nazismo al ser identificada la nación con la raza.

En la extensión del término, el concepto de nación remite a la identificación en la lengua y las costumbres, identificando a grupos que tienen la misma fisionomía que ``vincula su experiencoa cotidiana, crea recuerdos comunes, vuelve similar la forma de vivir y la vuelve un elemento constitutivo de su personalidad''. Otros autores, como Ernest Renan, utilizan el concepto de la ``voluntad de vivir juntos'' en el ``plebiscito de todos los días''. A estas definiciones hay que agregar que existen nacionalidades integradas por diversas lenguas, lo cual no anula la categoría de nacionalidad a las comunidades que la integran.

Notas

(1) Diccionario de Política. Siglo XXI Editores, pp. 1022, 23, 24, 25 y 26.

(2) Carlos Basauri registró 125 etnias vivas en los últimos cien años, lo cual corroboraría la existencia de un etnocidio mexicano que hizo desaparecer una forma de pensar, un sentir, una lengua y cosmogonía que ya no recuperaremos. Publicaciones INI.

(3) Lucas Alamán, en el debate con Ocampo, considera que la nación debe descansar en la Iglesia y el Ejército; defensor de Iturbide y de una independencia que mantuviera la vieja estructura monárquica colonial, Alamán impugna la posibilidad de ``una nación de base indígena'', con la cual tampoco Ocampo estaría de acuerdo y lo considerarían uno de los errores de Miguel Hidalgo. Así se quebró Ocampo. Ed. Narciso Bassols Batalla, 1979, pp. 135.

(4) El gran pecado criollo de la independencia fue el asunto de las naciones indias. Centralistas y federalistas, liberales y conservadores, ambos bandos declararon la guerra a las naciones indias durante todo el siglo XIX, tanto en el norte como en el sur de México. El etnocidio fue la exclusión de la base india de México, logrado con diversos argumentos que han ido desde la ``igualdad'' y la acción ``civilizadora'' hasta el indigenismo oficioso. La antropología fue al principio un arma colonial y luego se transformó en un instrumento integrista en la mayoría de los casos. Esta política significó que los indios del norte o los mayas en Yucatán declararan la guerra al resto del país. En el norte, fueron brutalmente perseguidos por el ejército privado de Joaquín Terrazas, que todavía mantiene su monumento ``contra la barbarie'' a la entrada de la Avenida Zarco en Chihuahua, Chih. Esta guerra convirtió a las naciones indias del norte en aliadas de la política expansionista norteamericana, pues luego de declarar la guerra a México, sirvieron a la separación de los territorios de Arizona, Texas, Nuevo México, Colorado y las Californias, pues en México la política hacia ellos era de exterminio. En este periodo los colonizadores norteamericanos les otorgaron una tregua mientras contribuían a proteger los trabajos de deslinde de la nueva frontera; como pago, unos fueron exterminados y otros confinados en reservaciones y cuarteles.

Joaquín Terrazas y los hacendados del norte, héroes de la Guerra de los Tres Años, continuaron el etnocidio hasta el final de siglo y la última batalla en Tres Castillas, donde fue derrotado Gerónimo y el indio Victorio, jefes de la apachería.

(5) La propuesta sobre la reforma al artículo 2o. fue presentada en dos artículos publicados por el autor los días 7 y 8 de enero de 1997 en La Jornada, titulados: ``Para ser indio/I y II''. En estos artículos el autor de este trabajo plantea sacar el debate desde la óptica de la antropología y el conservadurismo criollo que ha permeado no sólo a la derecha, sino al liberalismo mexicano.

Por eso, la propuesta del magistrado de la Suprema Corte de Justicia Juventino Castro y Castro, planteando la reforma al artículo 2¼ y 4¼, constituye un paso importante en la perspectiva del reconocimiento de la diversidad cultural y jurídica cuando plantea una necesaria ``reestructuración unitaria de Méxi- co'' reconociendo a éstas (`supuestas soberanías e independencias raciales o culturales') como divergencias con una realidad nacional a conservar como una de sus esencias''. El hecho de que los derechos indígenas no sean considerados ``mínoría'' en el artículo 4o., como fue propuesto anteriormente por antropólogos y representantes del gobierno, constituye un avance hacia el reconocimiento jurídico de las naciones indias.