Rodolfo F. Peña
Hechos son amores...

En su oración del 9 de febrero, el general Enrique Cervantes Agui-rre, secretario de la Defensa Nacional, abundó en buenas razones, o sea en buenas palabras y argumentos, para conjurar fantasmas, como el de una confrontación en gran escala y el golpismo, que se han hecho presentes a raíz del conflicto chiapaneco. Y no lo hizo por cuenta propia, o no sólo, pues habló en presencia del Presidente de la República, que es su comandante supremo, y los secretarios de Despacho, con lo que debe entenderse que el contenido del discurso es compartido por ellos.

Dijo el jefe militar que no se debe permitir que hablen las armas, ``ni que la intransigencia, la cerrazón o la ceguera marquen la agenda de la nación''. El Ejército, según sus palabras, que no fue instituido para agredir, sino para defender, dice ``no a la lucha fratricida'' y no quiere, ``nunca más y por ningún motivo, la lucha entre hermanos''. Llamó a restringirse al ``campo de la política, del derecho, de la discusión académica, de la lucha sufragal, de los espacios extremadamente abiertos de las publicaciones y los medios todos de comunicación''. Además, rechazó ``la violencia, la conculcación del derecho, la parcialidad en contra de los intereses y dictados del colectivo nacional y la intromisión que los aliente''.

La esencia del discurso está clara, y es de observarse que se enmarca razonablemente en el artículo 129 constitucional, tan vapuleado a últimas fechas a propósito del conflicto chiapaneco, que sin duda campeó durante toda la ceremonia. El texto de ese artículo se remonta a la Constitución de l856-57.

En efecto, las comandancias generales, en las primeras décadas de la independencia, se entrometían lo mismo en asuntos civiles, políticos y administrativos que en las funciones hacendarias, de justicia, y de policía, según el voto particular del diputado potosino Ponciano Arriaga, quien logró al fin que se suprimieran, cuando menos en la ley, tales comandancias. En la realidad, sobrevivirían éstas, mientras era posible que las tropas fueran alojadas en edificios dependientes de la autoridad civil, o en campamentos fuera de las poblaciones. Para Arriaga, y para el resto de sus compañeros, era tan importante separar al Estado de la Iglesia como separar al Ejército de la población civil.

Pero Porfirio Díaz, escarneciendo sin rubores la norma constitucional, modernizó al ejército con oficiales de élite, y con oficiales subalternos que vivían la vida de los soldados reclutados mediante la leva. Ese ejército era defensor de los privilegios y del estatus agrario, y sometía a la gente del pueblo mediante el terror. Era el mismo contra el que luchó Madero, el mismo que quedó intacto por virtud de la bondad apostólica del Presidente (bondad que no se dejó sentir en el caso de los zapatistas), el mismo que traicionó a Madero. Fueron los días en que la lealtad castrense brilló por su ausencia, salvo en los casos sobresalientes de los cadetes del Colegio Militar y del general Felipe Angeles.

Ese fue el ejército federal que se enfrentó a la convulsión revolucionaria, el mismo que en agosto de l914 se rindió incondicionalmente y fue desarmado y disuelto. Con las legiones de la revolución se construiría un nuevo ejército, que, mutatis mutandis, es el actual. Repitamos: los términos del civilista artículo 129 constitucional se mantienen intactos desde hace más de l40 años; y hay que ver lo que ha sucedido desde entonces a pesar de su vigencia.

Por eso entendemos bien las observaciones del general Cervantes sobre una posible e indeseable regresión. Son cosas que sabemos bien los mexicanos, como lo sabe este periódico, que por razones profesionales ha vivido dolorosos ``baños de sangre'' en otras partes del mundo y que ha elegido, desde sus inicios, la vía de la política, que es la vía pacífica, para resolver los conflictos sociales, y jamás la vía de la fuerza. Y si lo sabe el general Cervantes tan bien como lo dice, sabe asimismo que él y sus oyentes directos adquirieron un compromiso. Y los únicos pasos consecuentes con el compromiso del 9 de febrero, tienen que ser el retiro de las tropas del territorio chiapaneco, el envío presidencial de la iniciativa de ley de la Cocopa, que recoge los acuerdos de San Andrés, el sometimiento de las bandas paramilitares por la PGR y la reanudación del diálogo hasta agotar la agenda convenida y alcanzar la paz con justicia. Esto porque si las razones son muy buenas, sólo los hechos son amores.