Atrajo la CNDH casos de plagios y tortura en Morelos revelados por ONG

Francisco Guerrero Garro, corresponsal, Cuernavaca, Mor., 11 de febrero Ť El gobernador Jorge Carrillo Olea rehusó una vez más la petición de dirigentes estatales de los partidos Acción Nacional, (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Civilista de Morelos (PCM) para que destituya al procurador de Justicia, Carlos Peredo Merlo. La postura del gobernante se da antes de que el Congreso del estado apruebe la designación del nuevo funcionario.

Mientras tanto, en la ciudad de México se dio a conocer que Peredo Merlo acudirá este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR), para rendir declaración ante el Ministerio Público Federal en el caso de la protección a secuestradores en Morelos.

Por otra parte, se dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD propuso a los partidos de oposición y a la sociedad en general, ``iniciar el trabajo legal que permita fundamentar el juicio político en contra de Carrillo Olea'', realizar un plebiscito ``para conocer si la ciudadanía morelense está a favor de la renuncia del gobernador'' y promover una denuncia penal contra el contralor de la entidad, Javier Rueda, ``por ser presumiblemente cómplice de actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios de la administración del gobierno del estado''.

Alejandro Mojica, del Partido Civilista, y Julián Vences, del PRD, declararon después de la reunión con Carrillo Olea que no se había llegado a un acuerdo con él, porque insiste en que mientras el Congreso del estado no apruebe su iniciativa no destituirá a Peredo Merlo.

El dirigente perredista indicó: ``Le manifestamos al gobernador que nuestra exigencia es la inmediata destitución del procurador Peredo Merlo, antes de empezar a discutir la inicitativa que mandó al Congreso del estado''.

Pruebas para juicio político

En cuanto al resolutivo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, se establece que con la presencia de los cinco diputados federales por Morelos, diputados locales y el Comité Ejecutivo Estatal se procederá a agilizar el acopio de información necesaria, para fundamentar la presentación de un juicio político contra el gobernador Carrillo Olea, ``acompañando este esfuerzo con la movilización social y ciudadana''.

También se acordó impulsar la realización de un plebiscito, ``con el propósito de saber si la ciudadanía morelense está a favor de la renuncia del gobernador'', y promover una denuncia penal para fincar responsabilidades al contralor del gobierno de la entidad, Javier Rueda Velázquez, quien ``presumiblemente ha sido cómplice de actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de varios funcionarios de la actual administración''.

Además, se resolvió impulsar el apoyo moral y legal a los familiares y a quienes han sido víctimas de secuestro y otro tipo de agravios cometidos por las autoridades de Morelos, para encauzar ese esfuerzo dentro de la investigación que actualmente realiza la PGR y, por otra parte, presionar a esa institución para que investigue a fondo todos los delitos cometidos por funcionarios del gobierno de Carrillo Olea.

Atrae la CNDH denuncias de tortura, desaparición y secuestro

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del estado, Ignacio Suárez Huape, informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le notificó ayer que atrajo ya a su jurisdicción los señalamientos hechos por diversas organizaciones no gubernamentales sobre los casos de tortura, desaparición, secuestro y homicidio en que estarían involucrados integrantes de la Policía Judicial del estado y otros funcionarios del gobierno.

El diputado explicó que ya se han entregado a la CNDH todos los expedientes de las acusaciones que han hecho diversas organizaciones durante estos últimos tres años, y que el gobierno de la entidad siempre ignoró, para que se llegue al fondo de todos esos asuntos y se castigue a los culpables''.

En tanto, la dirigente de la Casa Ciudadana de Cuautla, Carmen Genis, que fue la primera que denunció a la Policía Judicial como cómplice de secuestros, y el diputado Ignacio Suárez Huape manifestaron que están siendo amenazados, presuntamente por estar encabezando la movilización ciudadana en contra de Carlos Peredo Merlo, Jesús Miyazawa y el jefe del grupo antisecuestros, Martínez Salgado.