En un contexto de incertidumbre monetaria y financiera nacional de corto plazo, la dirección de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM cambiará de manos la próxima semana.
En efecto, la economía mexicana nuevamente está a debate. El reciente desplome del precio internacional de los hidrocarburos provocó una reducción de más de 15 mil millones de pesos en el presupuesto de gasto del gobierno federal, lo que desacelerará la tasa de crecimiento del producto en 1998 en aproximadamente uno por ciento. Como consecuencia de ello y asociado al impacto de la crisis financiera de Asia, el tipo de cambio ha saltado a más de 8.50 pesos por un dólar; ello podría conducir o a una revisión al alza de la inflación esperada este año (12 por ciento) o a nuevos recortes en la base monetaria por parte del banco central a fin de mantener la meta inflacionaria. Esto último induciría un crecimiento más lento, inferior a 5 por ciento.
Asimismo, ya se anticipa un mayor déficit en cuenta corriente. Y aún falta por conocer la repercusión sobre las exportaciones derivada del impacto negativo de la crisis asiática en la economía norteamericana, que representa el 85 por ciento de nuestro comercio internacional. Este es el marco económico coyuntural en el que se verificará el cambio de administración en la facultad de marras para el periodo 1998-2002.
¿Por qué es importante reflexionar al respecto? En primer lugar, la FE ha sido el alma mater de una caterva de economistas que han jugado un papel relevante en la política económica del pasado y el presente. Segundo, el realineamiento ideológico impuesto por la moda de la liberalización y la desregulación económicas dejó a la FE casi como el único bastión discordante de la creencia ortodoxa en las virtudes del laissez-faire; y, tercero, los descalabros financieros de 1994-1995 y 1997-1998 han alimentado dudas respecto de la consistencia y los resultados del modelo económico vigente, aun en ciertos círculos oficiales.
Y es que la evidencia empírica es elocuente. Entre 1960 y 1981 la economía creció a una tasa promedio anual de 6.7 por ciento, mientras el crecimiento fue de 0.7 y 3.2 por ciento en 1982-89 y 1990-97, respectivamente. Lo anterior significa que el PIB por habitante aumentó en 101.7 por ciento en el primer periodo, y disminuyó 1.24 por ciento entre 1982 y 1997. Además de que en este último lapso se ha acumulado un déficit de 8 millones de empleos, la distribución de la riqueza nacional se ha vuelto más desigual: el ingreso que percibía el 20 por ciento más rico de la población era ocho veces más que el que recibía el 20 por ciento más pobre en 1981, y actualmente esa diferencia es de 11 veces. Es claro que conviene al país abrir el debate intelectual al pluralismo con rigor científico en pos de estrategias de desarrollo efectivas, y no alambicar la discusión acerca del modelo económico ``correcto'' con fórmulas dogmáticas. Dada su naturaleza pública, la FE debe contribuir a este debate.
La FE está emergiendo de un largo letargo en que se extravió por casi una década cuando se abatieron los niveles académicos; la matrícula descendió por debajo de las plazas disponibles a principios de los 80; la imagen académica se deterioró al extremo de dificultar la inserción de sus egresados en el mercado de trabajo, particularmente en ciertas áreas del sector privado, y la FE se aisló de la sociedad. El costo de ello fue el rezago académico y aun el envejecimiento de la logística y la infraestructura docente y de investigación.
Es obvio que la FE no debe transitar de nuevo por estos derroteros. Durante la administración que está por concluir, se frenó el deterioro y se modernizó la logística académica, se revisó el plan de estudios después de 20 años, y la FE recuperó algo de su imagen perdida. Se hizo la gran reforma administrativa y de relación de la FE con su entorno, pero quedó pendiente la mayúscula tarea de la reforma académica integral. Se requiere ahora dar un salto académico de calidad que pase del papel a la vanguardia real en la enseñanza y la investigación económicas. La FE es un bien público y de ahí lo delicado de la decisión que la junta de gobierno de la UNAM tomará muy pronto. Ojalá que ésta se base en la más rigurosa evaluación académica de los programas presentados y, sobre todo, se apegue estrictamente a los principios de la autonomía universitaria, tal como es vox populi en la comunidad de la FE.