El café es un producto clave para la economía nacional. Tan sólo en el ciclo pasado su exportación trajo al país alrededor de 900 millones de dólares. De él viven cerca de 280 mil productores directos, y se generan más de un millón y medio de empleos adicionales. Por ello sorprende que el gobierno haya reducido la asignación original de recursos programados en el Presupuesto de Egresos de 308 a 202 millones de pesos, y resulta absurdo que se haya autorizado, al margen de la normatividad establecida y a pesar de ser autosuficientes, la importación de 150 mil sacos del grano.

Las divisas que brinda al país la venta del aromático sirven para compensar, parcialmente, el enorme gasto provocado por la importación de granos básicos y oleaginosas. Según cifras de las organizaciones gremiales cafetaleras, este año el gobierno federal regresará al sector solamente 1.7 por ciento de los ingresos que generan sus ventas al exterior. Con los precios de este producto al alza en el mercado mundial, reducir los recursos públicos para estimular y mejorar su producción tendrá resultados contraproducentes.

Más delicado aún es que esta reducción presupuestal se concentre en estados como Chiapas, al que se le destinó 36 por ciento menos de lo asignado inicialmente, o como Guerrero, al que se le otorgó sólo 27 por ciento de lo acordado. De la producción de café obtienen su principal fuente de ingresos 200 mil pequeños agricultores -en su mayoría indígenas- que tienen predios menores de dos hectáreas. Ellos viven -en un porcentaje muy elevado- en regiones de alta y muy alta marginalidad, sin servicios básicos ni carreteras. A menudo deben enfrentar la voracidad de los comerciantes y acaparadores locales que compran sus cosechas a bajos precios. En las zonas productoras sobreviven algunos de los cacicazgos más atrasados del país. Reducir el presupuesto gubernamental destinado al sector profundizará los problemas sociales de comunidades tradicionalmente abandonadas por las agencias de desarrollo estatal. No hay que olvidar que entre las causas que explican la insurrección indígena chiapaneca se encuentra, precisamente, la drástica reducción de los ingresos de los pequeños productores de aquel estado como resultado de la caída de los precios del café y el desmantelamiento precipitado del Inmecafé. Asimismo, no puede pasar inadvertido el hecho de que el EPR ha logrado implantarse socialmente en zonas donde se cultiva el aromático.

Resulta obvio que, como consecuencia del desplome de los precios del petróleo, se haya tenido que reajustar el presupuesto gubernamental para este año. Sin embargo, sería conveniente reflexionar sobre la conveniencia de reducir 41por ciento los recursos asignados en la Alianza para el Campo a un sector que es clave en la generación de divisas, y en la estabilidad política y social de regiones donde la paciencia de la población parece haber llegado al límite. Asimismo, es necesario pregun- tarse a quién beneficia el que, a pesar de ser absolutamente autosuficientes en la producción del aromático, se autorice su importación. Es por ello que son pertinentes los señalamientos de las 12 organizaciones productoras del grano a nivel nacional, sobre el empobrecimiento inexplicable de los recursos gubernamentales destinados a la caficultura.

En vísperas de las campañas electorales para los comicios estatales que tendrán lugar este año, los procesos de selección de candidatos en las filas del Partido Revolucionario Institucional han generado significativos malestares y disensos. Los casos más claros son Zacatecas, Durango y Chihuahua.

En el primero, la designación de Marco Antonio Olvera como precandidato único, y la inconformidad de Ricardo Monreal Avila -hasta ahora vicecoordinador de los diputados federales del tricolor- ha generado una perceptible polarización a nivel nacional en las filas del partido gubernamental, hasta el punto de que connotados priístas como el senador José Luis Soberanes, por un lado, y el secretario general de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, por el otro, asumen públicamente posturas opuestas en torno al diferendo.

A las pugnas interpriístas por las candidaturas ha de agregarse la cada vez más evidente lucha entre representantes del priísmo tradicional -los llamados dinosaurios, cuyo representante más visible es el gobernador de Puebla, Manuel Bartlett-, y el grupo tecnocrático que controla el gobierno federal desde, por lo menos, el sexenio pasado. A estos dos polos partidarios se agrega un tercero, el de militantes con trabajo de base y afanes democratizadores. Uno de los puntos de conflicto entre estos grupos o tendencias es la conservación o la remoción del ``candado'' establecido en los estatutos partidarios por la Asamblea 17 del tricolor para impedir que la candidatura presidencial del año 2000 pudiera recaer en un un funcionario sin militancia real o sin haber pasado previamente por cargos de representación popular.

En un escenario de plena normalidad democrática, las diferencias en el seno de un partido, así sea el mayoritario, deberían ser vistas como parte del acontecer político rutinario. Pero, en la difícil y accidentada transición en la que aún se encuentra México, las grietas que se manifiestan en el edificio priísta introducen diversos factores de distorsión y riesgo.

Por una parte, las disputas dentro del PRI alteran en forma significativa la vida interna de los otros partidos, en la medida en que se presenta en ellos la tentación de cobijar bajo sus siglas a los aspirantes de candidaturas descartados por el tricolor, como es el caso del propio Monreal, cuya inconformidad ha desatado toda suerte de cálculos de cooptación en las filas de los otros partidos con registro. Por la otra, la creciente erosión de la disciplina partidista del tricolor abre vacíos de poder en el tejido institucional.

Ello es así porque, tras siete décadas de simbiosis, ni el PRI ni el gobierno han sido capaces de establecer un deslinde claro entre sus respectivos ámbitos, con lo que las rupturas en el Revolucionario Institucional se proyectan fuera del entorno partidario.

Es claro que, en tanto no se emprenda a fondo esa siempre postergada tarea de deslinde, mientras no prosperen los hasta ahora malogrados ensayos de democratización, y no se transforme el PRI en un verdadero partido político, seguirá profundizándose la crisis priísta y continuarán produciéndose en su interior pugnas, fracturas y escisiones cíclicas que, a su vez, introducirán factores de inestabilidad e ingobernabilidad en el contexto nacional.