La Jornada 4 de febrero de 1998

Desde 95 se denunciaron ilícitos del jefe antisecuestros

Francisco Guerrero Garro, corresponsal, Cuautla, Mor., 3 de febrero Ť Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se entrevistaron con representantes de organismos no gubernamentales (ONG) del estado, los cuales denunciaron que desde 1995 presentaron un informe al procurador Carlos Peredo Merlo, que incluía pruebas que inculpaban al jefe del grupo antisecuestros Armando Martínez Salgado --entonces encubierto por el ex director de la Policía Judicial, Martín Landa Herrera-- de brindar protección a grupos de secuestradores.

Encabezados por Eduardo Reveles Andrade, los representantes de la CNDH expresaron que a partir de esta reunión iniciarán las indagaciones sobre posibles nexos de secuestradores con altos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que habrían encubierto 50 secuestros en el último año. También se documentan los casos de cinco desapariciones y 150 privaciones ilegales de la libertad.

El visitador recibió un grueso legajo de casos que revela que desde 1994 se advirtió de la colusión entre Martín Landa, Armando Martínez y la ex directora de averiguaciones previas, Adela Manzanarez Alonso, con poderosas bandas de secuestradores, pero se hizo caso omiso y se les permitió seguir en la impunidad.

Carmen Genis, presidenta de Casa Ciudadana de Cuautla, aseguró que los secuestradores se mantienen en la impunidad, pero con dos nuevas modalidades: ``una es la táctica de la guerra psicológica al amenazar a las víctimas con matarlas y mutilarlas o violar a familiares si no se pagan los rescates'', y la otra es la del terror e intimidación telefónica, por medio de la cual exigen mensualmente el pago de diversas cantidades o de lo contrario atentan contra la vida de las personas: ``estas amenazas se cumplen cabalmente y hasta hay tiraderos de cadáveres en la zona de Amilcingo y Axochiapan''.

Genis Sánchez detalló que los datos que lograron recabar los han aportado víctimas de manera confidencial, pero que se niegan a presentar denuncias por temor a represalias y por la intuición de que son los propios judiciales quienes operan como bandas de secuestradores con placa.

Afirmó que en la zona oriente de la entidad, en donde se ha presentado el mayor número de secuestros, operan bandas de plagiarios como las de Liborio Colín Domínguez, ``quien está libre y según las autoridades está preso'', y la de Miguel Angel Vivas, La Víbora, quien está preso pero su organización se mantiene viva.

Finalmente, solicitó a los enviados de la CNDH que conduzcan a fondo sus indagaciones y emitan recomendaciones a la Procuraduría General de la República, que se atrajo el caso, y que éstas no se dirijan al gobernador Jorge Carrillo Olea, quien al igual que el procurador Carlos Peredo ha hecho caso omiso a las denuncias de que el ex director y el director de la Policía Judicial, Martín Landa y Jesús Miyazawa, respectivamente, así como Armando Martínez y Adela Manzanarez, están relacionados con el manejo y encubrimiento de bandas de secuestradores.