Explicado el origen de la idea del Centro Antidrogas en Panamá, nos parece indispensable citar algunos pocos hechos recientes que exhiben cómo el país se encuentra asediado y sometido a una gran presión que reduce sus posibilidades soberanas.

A fines del año pasado grupos armados colombianos, en número indeterminado, se tomaron el poblado de Boca de Cupé, en la selvática provincia panameña de Darién; obligaron a los policías nacionales a huir (recordar que Panamá no tiene ejército), ocuparon e incendiaron el cuartelillo en donde éstos se alojaban, se hicieron de las armas que encontraron, y desaparecieron.

El asunto provocó la consiguiente alarma. Afortunadamente, tras las averiguaciones en búsqueda de la verdad, se concluyó que no podían ser las guerrillas colombianas de las FARC, las que antes se han servido del área como lugar de ``alivio'' y a quienes, por tanto, no conviene provocar el reforzamiento y la militarización de la zona. Por razones parecidas se descartó que pudieran ser grupos armados de narcotraficantes. En la lógica de la exclusión, y pensando en el beneficiario del hecho, la mayoría de la prensa concluyó que se trataba de un acto destinado a mostrar ``objetivamente'' a Panamá como un país inerme y a la necesidad que éste tenía de la presencia militar estadunidense.

Pero, aparte de lo que sucede en la frontera con Colombia, otro tanto peligroso, pero de matiz distinto, ocurre en la otra frontera. En la provincia de Bocas del Toro, colindante con Costa Rica, extranjeros estadunidenses y europeos, pensando en el futuro turístico de Panamá, se han dedicado vorazmente y en gran escala a acaparar tierras, sin ninguna regulación estatal, comprándolas a bajos precios a los pobladores pobres.

Por otro lado, en noviembre, un jurado absolvió de toda culpa a Pedro Miguel González, hijo de Gerardo González, presidente del Parlamento panameño, y a otros dos jóvenes, quienes habían sido acusados, poco después de la invasión, de emboscar y liquidar a Zak Hernández, miembro del ejército de Estados Unidos. La simpatía popular por los tres jóvenes fue evidente durante el juicio. No sólo los ciudadanos los sabían inocentes, sino que en el tuétano sentían que se estaba juzgando el derecho de Panamá a ser libre. El jurado actuó bien, valorando las pruebas y los alegatos. Sin embargo, de inmediato, el embajador estadunidense formuló declaraciones agresivas inconformándose contra el sistema panameño de justicia, con insinuaciones preocupantes.

Estados Unidos mantiene una presión machacante sobre Panamá de tal naturaleza que actualmente cursa en el congreso estadunidense una iniciativa de ley, cuya autoría es de Duncan Hunter, limitando el manejo panameño de las tierras revertidas y estableciendo el derecho de Estados Unidos a mantener una presencia militar en nuestra nación ``para cooperar en la defensa del canal''. La mencionada iniciativa es muy grave si se toma en cuenta que las fuerzas armadas panameñas, encargadas por los Tratados Torrijos-Carter de la defensa del Canal de Panamá a partir del 2000, desaparecieron con la invasión.

Lo anteriormente expuesto nos hace concluir que Panamá no se encuentra en las mejores condiciones para negociar verdaderamente un Centro Antidrogas que no sea una nueva base militar en el país. Pobre Panamá: tan cerca de Dios por su desamparo y tan lejos de la buena voluntad de Estados Unidos. Cuando cayó definitivamente en las garras de Washington a raíz de su independencia sui generis en 1903, para disimular su sonrojo estampó en su escudo el lema de ``Pro Mundi Beneficio''. Y ahora, que se van destruyendo sus expectativas soberanas y se pretende reafianzar en su suelo el imperio, podría fabricar un nuevo escudo con la divisa ``Pro Antidrogas Beneficio''.

Todo suena a burla. Según ha informado la prensa, desde el centro en Panamá se trataría de interrumpir la ruta de la droga en camino hacia Estados Unidos. Pero, ¿dónde queda lo demás? ¿Cómo hacer para disminuir los efectos de la demanda en Estados Unidos, que tiene un consumo anual de drogas cifrado en más de 50 mil millones de dólares anuales? ¿Cómo atacar a fondo a las ``500 organizaciones mayores del narcotráfico'' que, según anuncio de la Casa Blanca, del 3 de diciembre de 1997, operan en Nueva York, Miami, Los Angeles, San Francisco y Houston? ¿Y cómo controlar los sistemas bancarios, principalmente el de Estados Unidos, para que no sigan agilizando el lavado de dinero?

A fin de que el Centro Antidrogas nazca jurídicamente se requieren aún las discusiones con los países latinoamericanos que accedan a participar, así como el referéndum que debe llevarse a cabo en Panamá, por disposición constitucional, para que los ciudadanos se pronuncien en favor o en contra.

El asunto exige estar vigilantes y seguirlo de cerca, partiendo del conocimiento puntual del ``acuerdo base'' que, hasta donde sabemos, no ha sido publicado. Para nosotros se trata de algo capital que involucra la soberanía de Panamá y que amenaza la soberanía de otros países latinoamericanos, y que nos impone volver sobre el tema cuantas veces sea necesario.