Ex director de la Judicial de Guerrero, implicado en secuestros en Morelos

Raúl García, corresponsal, Chilpancingo, Gro., 31 de enero Ť El secuestro de un ganadero guerrerense radicado en Morelos, José Guadalupe Barragán Serrato, aún desaparecido, podría ser una de las principales pruebas para descubrir la complicidad de las corporaciones policiacas en ambas entidades, no sólo en el encubrimiento de plagiarios, sino en la colaboración directa con ellos.

Armando Martínez Salgado, director de la Unidad Antisecuestros de la Policía Judicial de Morelos -detenido por la Policía Federal de Caminos junto con otros dos agentes cuando pretendían deshacerse de un cadáver en territorio guerrerense, el miércoles pasado-, fue acusado por los hermanos de Barragán Serrato, Emilia y Alberto, de extorsionar en varias ocasiones el ganadero con la advertencia de que lo vincularían con el narcotráfico. Cuando el ahora plagiado denunció formalmente lo anterior, fue ``amenazado de muerte'' por el jefe policiaco.

Aunque hay menos agravantes contra la Policía Judicial de Morelos ``por falta de pruebas'', las acusaciones por el plagio del ganadero pesan más sobre la Policía Judicial guerrerense.

El ex director de esa corporación, Francisco Vargas Nájera, y cuatro de sus guardaespaldas y comandantes: Predix Luna Simón, Esteban Parra Ríos -señalados por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de Guerrero como violadores de garantías individuales-, Salvador Sánchez Loza y el agente Oscar Arturo Hernández Roldán enfrentan una demanda penal en la Procuraduría de Morelos por ese delito.

Las pruebas

La principal prueba de los Barragán Serrato es un documento oficial que envió Vargas Nájera al director de la Judicial de Morelos, Jesús Miyazawa Alvarez, fechado el 27 de agosto de 1997, en el que le pide ``brindar todas las facilidades'' a los cuatro agentes mencionados, quienes en esa fecha llevarían a cabo ``una comisión'' que les fue conferida por esa dirección.

Ese día, el ganadero fue plagiado en la caseta de peaje de Alpuyeca por tres hombres encapuchados que, según los testigos del secuestro y amigos del comerciante, José David Ortega Tapia y Adán Medrano, coinciden con las descripciones de los judiciales guerrerenses protegidos por Vargas Nájera.

A pesar de las recomendaciones de la Coddehum y de una supuesta depuración de jefes de grupo, de la cual fueron excluidos los hombres de Vargas Nájera, éste fue destituido en octubre pasado y nombrado titular del Fideicomiso de la Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), del que fue cesado a principios de enero.

En la averiguación previa interpuesta por Adalberto Barragán Serrato, hermano del ganadero secuestrado, ante la agencia especializada del Ministerio Público del fuero común de Morelos, se acusa a los cuatro judiciales de ser los autores materiales del rapto, en complicidad con Vargas Nájera.

``Quiero agregar -indica en la denuncia Adalberto Barragán- que el día 28 del año que cursa, fecha en que presentamos la denuncia y nos entrevistamos con el comandante de la Antisecuestros (de Morelos), le hicimos saber a dicho comandante Martínez que una persona nos había informado que el mismo 27, día del secuestro, y el anterior, o sea el 26, elementos de la PJE de Guerrero se encontraba en esta ciudad, viéndolos en la Procuraduría(...) y que anduvieron rondando su casa, de José Guadalupe, así como la del suscrito''.

Ante esa queja, Martínez Salgado, investigado junto con los agentes Miguel Espinoza López y Jacinto Arizmendi Rosas por la Procuraduría General de la República (PGR), respondió que los judiciales de Guerrero le habían pedido ayuda para un operativo, pero que no los apoyó porque le pareció sospechosa su actitud; sin embargo les hizo creer que sí.

El comandante, de quién los Barragán desconfiaban por las amenazas que había hecho a su hermano, ``siempre dio largas y no investigó nada'', señalaron los familiares del secuestro cuando presentaron una queja formal del caso ante la Coddehum de Guerrero.

``Nosotros sabemos que ellos tienen en su poder a mi hermano, y eso lo sabe perfectamente Vargas Nájera'', comentó entonces Amalia Barragán, quien agregó que en una entrevista que tuvo con el entonces procurador de esta entidad, Antonio Hernández Díaz, éste les comentó que los judiciales a quienes señalaban como plagiarios no podían haber participado en el rapto porque estaban dados de baja de la corporación luego del cese de 150 jefes de grupo y 80 judiciales, dentro de un proceso de depuración que se realizó en la dependencia contra elementos vinculados con los secuestros, bandas de asaltantes de autos o por la prueba antidoping que en ellos resultó positiva.

Sin embargo, el oficio firmado por Vargas Nájera el 27 de agosto al parecer no era conocido por el procurador Hernández Díaz, a pesar de que el documento tiene al calce la inscripción de ``con copia para'' el titular de la PGJE de Guerrero y el subprocurador Francisco Díaz García, porque en él se detallan los nombres de los cuatro agentes y sus amigos.

En el texto del documento destaca un detalle: a pesar de que la PGJE de Morelos, a través del comandante antisecuestros detenido el jueves pasado, admitió que recibió la petición de ayuda de la PJE de Guerrero el mismo 27 de agosto en que está fechado, los sellos de recibido de la Procuraduría de Morelos y de la secretaría particular de la guerrerense tienen la fecha del día siguiente, 28 de agosto.

El oficio detalla que los agentes asignados a ``una comisión'' -la cual nunca especificó Vargas Nájera, quien decía a los reporteros que sus judiciales iban ``a buscar unos domicilios para unas pesquisas''- llevaban ``para su seguridad y servicio'' tres rifles AK-47, unos R-15, dos pistolas Colt, una Taurus y una Piettro Beretta, además de que se trasladaron en una camioneta con placas del Distrito Federal.

Un arsenal muy grande para cuatro judiciales que sólo iban a Morelos a identificar ``unos domicilios''.