Buscan revocar permisos de caza de borregos cimarrones en BC

Angeles Cruz Ť Los permisos de cacería son personales e intransferibles según establece la ley federal respectiva; no obstante, durante años han sido vendidos a cazadores, principalmente del extranjero, a precios exorbitantes y sin ningún control, lo que ha llevado a la desaparición casi total de la fauna mayor en México, de la que sólo quedan cuatro especies, además en peligro de extinción, entre ellas el borrego cimarrón.

Según la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la especulación en el caso del borrego cimarrón se debe a que ninguna de las otras especies llega a cotizarse en 300 mil dólares, y de ahí es entendible que a espaldas de la sociedad se otorguen los permisos de cacería y se ofrezcan a las asociaciones de cazadores extranjeras.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, explicó Alberto Tapia Landeros, coordinador de Divulgación Científica de la UABC, en México el dinero que pagan los cazadores por los permisos de aprovechamiento cinegético (de cacería) nunca ha servido para programas de protección y conservación de las especies. Por el contrario de 1986 a 1990, el Consejo Nacional de la Fauna se apropió de los recursos y ``jamás se supo de su destino''.

El especialista, estudioso de la biología del borrego cimarrón, recordó que el gobierno del estado, desde el periodo de Xicoténcatl Leyva, pasando por Oscar Baylón Chacón y los panistas Ernesto Ruffo y ahora Héctor Terán Terán le negaron el reconocimiento al Consejo Nacional de la Fauna.

Ahora, para enfrentar la nueva maniobra del Instituto Nacional de Ecología (INE), que otorgó permiso para la caza de tres borregos cimarrones en las sierras de Santa Isabel, el Diablo, Arroyo Grande y La Asamblea, se buscará el apoyo del Consejo Universitario de la UABC a fin de que sea esta institución la que reclame los derechos de protección de la especie.

Según Tapia Landeros, el gobernador Terán está de acuerdo y lo más probable, sostuvo, es que se genere un movimiento similar al de diciembre de 1996, cuando la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, acudió a Baja California a revocar 17 permisos de cacería ya otorgados.