Después de un prolongado periodo de parálisis, contradicciones, discursos dobles y confusiones en torno al conflicto y a la situación de la población indígena de Chiapas, el Presidente de la República se vio obligado a hacer una declaración clara, decidida y conciliadora sobre la posición del gobierno de la República ante las condenas generalizadas de la Comunidad Europea, de diversos grupos de intelectuales de todo el mundo y de amplios sectores de la sociedad mexicana.

Desafortunadamente, la declaración de Yucatán no ha logrado incidir en el destrabamiento del conflicto; deja la impresión de que el propósito de la misma no era otro que salir del paso, bajar la presión del problema y poder viajar nuevamente a Europa con una imagen menos vulnerable ante posibles críticas descalificadoras.

Aunque el deseo de que la crisis de Chiapas finalmente se resuelva y los indígenas puedan obtener la satisfacción a sus demandas, permitió que las declaraciones recibieran al menos el beneficio de la duda, y su impacto inicial se deteriora rápidamente. Las razones para ello son de tres tipos.

La primera se refiere a la inclinación sistemática que ha caracterizado al Presidente y a su gobierno: La de no cumplir sus compromisos ni ofrecimientos tanto en el terreno económico (promesas para la recuperación económica, elevación temporal de impuestos, creación de empleos, etcétera), como en el enfrentamiento a la corrupción y en el caso mismo de Chiapas (activación de la emboscada al subcomandante Marcos en febrero de 95, incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, encarcelamiento de presuntos zapatistas, etcétera). Por ello, el nuevo ofrecimiento del Presidente tendría que ser acompañado de hechos que le den concreción en los próximos días; de lo contrario, sus posibles efectos positivos se perderán en el mar de confusión que había prevalecido en los meses anteriores a la matanza.

La otra razón de duda está en la capacidad real que tiene el Presidente para controlar a los diferentes actores supuestamente bajo su mando. Las contradicciones conocidas entre lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional y lo que sostienen los funcionarios de Gobernación, y de la PGR; la incapacidad manifiesta para asegurar el estado de derecho en Chiapas, por parte del gobierno del estado y las actuaciones recientes de los sectores duros del PRI.

El escenario que todos ellos conforman, permite suponer que los intereses y visiones encontradas de estos grupos, que por lo demás representan alianza reales con los actores más directos del conflicto, pueden neutralizar o deformar las intenciones del Presidente, como ha estado sucediendo.

La tercera razón es igualmente grave. El discurso del Presidente contiene verdades a medias e imputaciones equivocadas; asimismo, mantiene vivas algunas de las causas centrales del estancamiento del conflicto. En efecto, el discurso del Presidente ignora su responsabilidad y la de su gobierno en la conformación, equipamiento y protección de los grupos armados, que entre otras cosas son responsables de la matanza de Acteal. Mantiene las reticencias esenciales contra la autonomía de los indígenas, y los identifica como grupos que podrían buscar su separación del país, e incluso actuar como agentes de una potencia extranjera, al negarles por ejemplo, la posibilidad de contar con estaciones locales de radio (radiodifusoras) administradas por ellos, que transmitan en sus propios idiomas.

Finalmente en su discurso, el Presidente condena a quienes aprovechan el conflicto para fines proselitistas, discutiendo en foros extranjeros lo que se debería tratar sólo en casa (con clara referencia al Partido de la Revolución Democrática).

Antes de ocurrir la masacre de Acteal tuve la oportunidad de levantar diversas encuestas de opinión en diferentes partes del país, en las que el tema indígena y el conflicto del estado de Chiapas eran tratados tangencialmente.

En todos los casos resalta la preocupación de la sociedad por la situación de los indígenas y la demanda de alcanzar la paz en Chiapas mediante el diálogo. No tengo la menor duda de que ambas demandas son hoy más fuertes que nunca.

Por ello, la actuación del PRD debe ser vista como la de un partido que atiende a una preocupación y a una demanda de la sociedad, más que a una intención malsana de aprovechar un conflicto a su favor.

La decisión de la dirección perredista, de unir fuerzas y utilizar sus recursos para presionar por la solución de todos deseada, es correcta y tendrá un impacto positivo en los procesos electorales de 98, no tengo la menor duda.

En cuanto a la utilización de foros internacionales para discutir el conflicto, el estancamiento mismo del proceso y sus deplorables resultados son los que han atraído la atención de la comunidad internacional. Seguramente ya lo saben el Presidente y sus colaboradores.