No al periodo extraordinario, deciden los priístas en la Permanente
Ciro Pérez Silva Ť Senadores y diputados de oposición pidieron las renuncias del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, por haber incurrido en ``graves omisiones'' que derivaron en la matanza de 45 campesinos en Chenalhó, mientras que legisladores priístas utilizaron su mayoría en la Comisión Permanente y se negaron a convocar a un periodo extraordinario para analizar la eventual desaparición de poderes en ese estado y discutir la propuesta de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas.
Durante una sesión que duró más de cuatro horas, los legisladores de oposición condenaron los asesinatos del pasado 22 de diciembre y subrayaron la militancia priísta de los presuntos autores materiales e intelectuales, además de afirmar que ``son los gobernantes y los poderosos de Chiapas y del país'' los que no quieren la paz y ``los que arman y organizan a las bandas paramilitares para mantener abierta la puerta de la guerra''.
El mandatario estatal actúa con ``negligencia''
Aseguraron que en Chiapas ``se vive ya una situación de ingobernabilidad'', donde las autoridades ``no sólo son incapaces de garantizar los más elementales derechos humanos, sino que aparecen como principales causantes de la situación de ilegalidad e impunidad''. De acuerdo con los legisladores de oposición, el gobernador Ruiz Ferro está actuando con ``negligencia'' y no genera confianza en la población; no existe una comisión permanente en el Congreso chiapaneco y la atracción que hizo la PGR del caso, ``demuestra que tampoco es útil el Poder Judicial'', por lo que se justifican la petición de desaparición de poderes y la sustitución del mandatario estatal.
El panista Santiago Creel consideró que hay indicios suficientes para configurar y materializar uno de los supuestos contenidos en el artículo 76 de la Constitución. La fracción tercera, señaló, que establece... con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos --por los titulares de los poderes de las entidades federativas-- que afecten la vida del estado impidiendo la plena vigencia del ordenamiento jurídico. ``Se puede propiciar una cosa por dos causas: por acción o por omisión'', subrayó.
En tanto, el senador priísta José Trinidad Lanz Cárdenas afirmó que en Chiapas ``los poderes constituidos siguen funcionando'' por lo que el Senado debe ejercer sus facultades, ``pero no simplemente acudiendo a protagonismos y a hechos que, por lamentables que sean, no justifican el cambio de la vida constitucional de esta nación''. Asimismo, legisladores priístas demandaron el ``desarme de todos los grupos paramilitares'' e incluyeron al EZLN en su petición.
El PRI preconiza y practica la convivencia pacífica: Pérez Jácome
Por su parte, el también senador priísta y ex funcionario de Gobernación, Dionisio Pérez Jácome, dijo que su partido condena los hechos de Chenalhó, al tiempo que se opone ``al pretendido usufructo político de una tragedia de tal magnitud, particularmente por quienes han sido proclives a la amenaza y a la violencia misma, como supuestos instrumentos de reivindicación social''. Señaló que a los priístas les ha indignado que se pretenda aprovechar la comisión de un delito ``para proyectar toda una campaña de calumnias y de desprestigio en México y en el exterior, contra un partido como el PRI, que preconiza y practica la convivencia pacífica, que privilegia la tolerancia sobre cualquier manifestación de autoritarismo, que procura el diálogo plural para resolver divergencias''.
Durante la sesión, legisladores de PAN, PRD, PT y PVEM dijeron que para quienes han seguido la evolución de los acontecimientos en Chiapas y han sido informados de la misma, ``como el presidente Ernesto Zedillo y Emilio Chuayffet'', la masacre ``ha sido luto, pero no sorpresa'' y afirmaron que si todo hacía previsible los hechos, ``por lo menos la responsabilidad de la autoridad es la omisión''.
El diputado perredista Pablo Gómez justificó la solicitud de desaparición de poderes e insistió en la ``ineficacia'' del titular de Gobernación. Sostuvo que la policía estatal ``está protegiendo a los asesinos; el secretario de Gobierno y el gobernador sabían de la llegada de los paramilitares al campo donde se realizó la matanza y no hicieron absolutamente nada. Cuando llegó la policía no se puso a perseguir a los criminales, llegó a recoger cuerpos y meterlos en una cueva. !Aquí, evidentemente, no hay gobierno¡'', dijo.
Apuntó que el PRI, en su defensa, ``viene a decirnos que las instituciones no asesinan, que son los seres humanos los que lo hacen. Pues en este caso fueron seres humanos con credencial priísta. El PRI, por razones de orden moral y congruencia con el discurso, debería admitir que los asesinos son su gente. Cuando el PRI gana una elección lo anuncia con bombo y platillo, pero cuando quienes ganan arman, dirigen, dan órdenes a los asesinos de mujeres y niños, entonces no tienen nada que ver con el PRI'', expresó.
El diputado priísta Ricardo Monreal consideró que ``este es el momento de la reconciliación. Los priístas apoyamos el proceso de paz, exigimos que se reinicie el diálogo lo más pronto posible y si es necesario modificar la ley indígena, nosotros estamos dispuestos a modificarla, analizarla y revisarla para que sea congruente y se dé cauce legal y pacífico a los conflictos en Chiapas''. Ello a pesar de que todos los priístas, inclusive el senador Oscar López Velarde, miembro de la Cocopa, votaron en contra de un periodo extraordinario para revisar esta iniciativa.
Gómez volvió a la carga: ``Todo mundo habla aquí, o muchos hablan aquí hipócritamente de la Cocopa, pero ¿por qué no aceptaron su texto? ¿Por qué no lo convirtieron en ley? ¿Por qué no se hizo la comisión de verificación? Esta es una auténtica retahila de hipocresías en donde hay responsabilidad. Y la responsabilidad política o se enfrenta o simple y sencillamente es el suicidio de la fuerza política que actúa de esa manera''.
Al final, por 20 votos en contra y 17 a favor, los priístas rechazaron las propuestas para convocar a un periodo extraordinario a efecto de evaluar la situación en Chiapas, determinar la desaparición de poderes y discutir la ley indígena. Sólo votaron por mayoría un compromiso para fortalecer a la Cocopa.