El rechazo de la mayoría priísta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la propuesta de todos los partidos de oposición para que se llevara al Senado de la República la discusión sobre la desaparición de poderes en Chiapas, constituye un grave y ominoso signo de la resolución del aparato gubernamental y de su partido a proteger a toda costa a una autoridad estatal incapaz de mantener la paz y la seguridad y, según los indicios disponibles, involucrada en la matanza de ancianos, mujeres, niños y hombres que se perpetró en Acteal el 22 de diciembre.

La desaparición de poderes en la convulsionada entidad es, sin duda, un paso indispensable para llevar a sus últimas consecuencias legales la investigación de ese acto de exterminio -que ha indignado y consternado a la opinión pública nacional e internacional-, y una acción necesaria para afrontar, de una vez por todas, el desmantelamiento de las oligárquicas, represivas y violentas estructuras de poder que imperan en Chiapas, y avanzar en el establecimiento de una paz justa y digna en ese estado, como lo ordena la ley del 11 de marzo de 1995. El rechazo oficial a la mera discusión de la desaparición de poderes en el Senado representa, en esa perspectiva, un preocupante mentís al tantas veces declarado compromiso gubernamental con la paz en Chiapas y con la procuración de justicia en torno a los sucesos de Acteal.

La actitud oficial que denota este rechazo podría llevar implícita la renuncia del Estado a erigirse como árbitro de los conflictos nacionales y una propensión a tomar partido por los sectores que propician la guerra y la persistencia de las injusticias sociales en Chiapas. De esta manera, se estaría conduciendo a esa entidad y al país en su conjunto a una indeseable po-larización de consecuencias incalculables.

Esta actitud puede percibirse, también, en las diversas voces oficiales -como la del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor- y oficialistas que, en el marco del debate por la matanza de Acteal, han buscado establecer paralelismos entre los grupos paramilitares que actúan en diversas regiones de Chiapas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

A la demanda de sectores religiosos, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y medios de información de que las autoridades federales emprendan de inmediato el desmantelamiento y el desarme de las bandas que operan impunemente en la entidad y cuya más reciente acción fue el operativo de exterminio perpetrado la semana pasada en Chenalhó, las voces mencionadas replican, en diversos tonos, que el EZLN es también un grupo paramilitar y, con base en esta analogía engañosa, piden su desarme. Tal exigencia está claramente emparentada con la falsedad de que hechos como el ocurrido en Acteal el lunes 22 son ``enfrentamientos'' entre grupos indígenas rivales -prozapatistas y antizapatistas- que obedecen a pugnas ``interfamiliares'' o ``intercomunitarias''.

Quienes expresan tales consideraciones pretenden ignorar las grandes diferencias políticas, legales, sociales y morales que existen entre la organización de los indígenas que se rebelaron el primero de enero de 1994 y las bandas armadas creadas y financiadas por los intereses oligárquicos, políticos y económicos, que mantienen el poder en Chiapas.

Por principio de cuentas, el EZLN es una fuerza surgida ante la cerrazón de los caminos institucionales en Chiapas y ante la consiguiente imposibilidad de los indígenas de esa entidad de luchar por la reivindicación de sus derechos mediante vías pacíficas y democráticas, en tanto que la aparición de bandas como Paz y Justicia, Máscara Roja, Los Chinchulines y otras es la respuesta de ganaderos, terratenientes, caciques y autoridades municipales, estatales y sectores antidemocráticos y represivos del gobierno federal ante la insurrección indígena de 1994.

Los zapatistas enarbolan una propuesta de país que incluya a los pueblos e individuos indígenas como sujetos de pleno derecho; los paramilitares son meros instrumentos de quienes desean mantener las actuales estructuras sociales opresivas, represivas, racistas y depredadoras en Chiapas. La sociedad, la opinión pública internacional y el propio gobierno federal han reconocido, en múltiples ocasiones, las motivaciones del levantamiento chiapaneco, y se ha creado un amplio consenso en torno a lo justo y la pertinencia de las reivindicaciones zapatistas.

Finalmente, resulta preocupante que el secretario de Gobernación no considere, en sus declaraciones, que el EZLN es una fuerza reconocida por el Estado mexicano en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en vigor desde el 11 de marzo de 1995, en la cual se estipula que el desarme de los indígenas rebeldes y su incorporación al ejercicio político dentro de los cauces pacíficos y legales deben ser producto de un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno federal y los alzados.