Emplaza la CIDH a México a esclarecer la matanza de Acteal

Alma E. Muñoz y Juan Balboa, corresponsal Ť La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio al gobierno mexicano un plazo de seis meses para que dé respuesta a las investigaciones sobre los sucesos en Chenalhó y de inmediato tome medidas de protección para los desplazados de Chiapas. El presidente Ernesto Zedillo tiene 15 días, a partir del 24 de diciembre, para responder sobre el asunto.

Esta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió su determinación al jefe del Ejecutivo después de que Human Rigths Watch Americas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), así como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, solicitaron su intervención para el esclarecimiento de la masacre de 45 indígenas en Acteal, Chiapas.

Amnistía Internacional, por su parte, exhortó a una ``acción urgente'' de la comunidad internacional para expresar su preocupación por los hechos, y demandó al gobierno garantías para los sobrevivientes y testigos de los sucesos, así como una investigación inmediata e imparcial de los mismos.

Mientras tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, propusieron al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas, Bacre Waly Ndiaye, visite nuevamente México para verificar ``crímenes de lesa humanidad''.

Plantearon, en San Cristóbal de las Casas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza sus facultades constitucionales para realizar una investigación imparcial de la masacre en Chenalhó.

El 23 de diciembre, los organismos defensores de derechos humanos pidieron a la OEA su intervención en el caso.

Al día siguiente, Jorge Taiana, secretario ejecutivo de la CIDH, informó que pidió al gobierno mexicano proporcionar inmediata atención médica a los sobrevivientes del atentado y garantizar su seguridad física; adoptar las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad física de los desplazados, testigos y heridos; iniciar de inmediato una investigación seria y exhaustiva para sancionar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para prevenir que hechos de esta naturaleza vuelvan a producirse.

En San Cristóbal de las Casas, el representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Miguel Angel de los Santos, informó del envío de una misiva para el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, para hacerle saber que el secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, fue enterado al mediodía del 22 de diciembre del ataque contra los desplazados.

Mediante la carta se denuncia la ``impunidad con que actúan los grupos paramilitares, seguida de la indiferencia de las autoridades ante los reclamos y denuncias contra estos grupos'', independientemente de que ``pudiera configurarse un delito de genocidio'' en el caso Chenalhó.

De ser así se establece que estamos ante por lo menos 45 ejecuciones extrajudiciales, ``lo que es calificado como crimen de lesa humanidad y violatorio al artículo sexto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU''.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas explicó que la Corte Internacional de Justicia tiene capacidad para establecer tanto la responsabilidad criminal del Estado o de particulares en un genocidio, como podría ser la actuación de los grupos paramilitares de Chenalhó. Precisó en este sentido, que el Estado mexicano incumplió con sus obligaciones de respeto a la vida y la integridad física o mental de los pobladores de este municipio.

Mientras tanto, el secretariado de Jueces para la Democracia de España, organismo no gubernamental que vigila el respeto a los derechos humanos en el mundo, pidió a la Unión Europea revise los acuerdos del tratado comercial que firmó con México el 8 de diciembre pasado porque, expuso, no se cumplió la cláusula de respeto a las garantías individuales al amparar la actuación de grupos paramilitares en Chiapas.

Pidió al gobierno de México que ``cese'' la militarización en aquella entidad ``por ser esta circunstancia un caldo de cultivo propicio'' para realizar asesinatos masivos; se cumplan los acuerdos de San Andrés Larráinzar y se ordene la creación de un poder judicial independiente, imparcial y promotor de los derechos humanos.