José Blanco
La credibilidad en el pantano
En el asunto de Chiapas el gobierno nuevamente se halla en un pantano. No sólo porque aparece embarrado de pies a cabeza, sino también porque da a la sociedad la imagen de una inmovilidad de pesadilla. Por tal motivo, casi cualquier declaración o acción que dice llevar a cabo, aparece como una atitud simulada y, por tanto, como un nuevo engaño sobre este tema nuevamente hipersensible a la sociedad, lo que empeora la falta de credibilidad del gobierno en este asunto que lo hunde en el pantano.
Lo ha dejado en ese estado no sólo la falta de credibilidad en casi todo cuanto manifiesta respecto al abominable crimen de los indígenas tzotziles en Chenalhó, sino la programada inacción de los muchos meses anteriores.
El gobierno le replica al EZLN que su demanda de pedir explicaciones acerca del origen de las armas de los grupos paramilitares que asesinaron con la mayor vileza en Chenalhó, no se hace cargo de explicar la procedencia de las suyas propias. El gobierno lleva razón, pero no puede evitar al mismo tiempo que este argumento aparezca como una forma de defensa de tales grupos paramilitares. Peor aún, acepta la existencia de tales grupos, cuando son las autoridades mismas las que tienen la entera responsabilidad de que dichos grupos existan.
Cuando el gobierno confiesa estar enterado de la acción de los grupos paramilitares, pero no estarlo respecto de la planeación del asesinato colectivo de Chenalhó, uno apenas puede creer lo que lee. Sabía el gobierno de tales grupos, pero nunca los desarticuló y los puso en su lugar. Sabía de tales grupos, pero precisamente de esta acción, no sabía. ¿Es posible admitir que un gobierno no esté enterado de todo cuanto pasa en un espacio en donde todo es conflicto, tensión y amenaza permanente de explosión social? ¿Es ``explicable'' el asesinato colectivo a mansalva para frenar ``la constitución de `autoridades en rebeldía' que evidentemente son ilegítimas y propician enfrentamientos entre las comunidades'', como se desprende de la argumentación de la Secretaría de Gobernación? Hace mucho tiempo que la opinión pública informada sabe de la presencia y de los asesinatos de los llamados grupos paramilitares, como sabe también de la completa parálisis del gobierno federal frente al torpe desgobierno chiapaneco. Es decir, sabe de la callada tolerancia del Ejecutivo federal y, por tanto, no puede pensarse sino en una inacción programada para vencer la voluntad del EZLN y de sus bases indígenas campesinas. Después de tantos meses de manejar así el asunto chiapaneco, haciendo caso omiso de la Ley de Pacificación -que obliga en primerísimo lugar al gobierno federal-, es absolutamente normal que un segmento muy significativo de la opinión pública opine que, como dice el dicho popular, la autoridad ``no tiene boca con qué hablar'', es decir, su falta de credibilidad se halla por los suelos.
Marcos ha cometido no pocos errores desaprovechando diversas oportunidades para avanzar no sólo en la vía política sobre el conflicto, sino que tampoco ha hecho algo para aliviar el drama social de las comunidades. Muchas cosas podrían haberse llevado a cabo, pero el EZLN se aferró a la idea de que primero debía ser resuelto el asunto político, antes de aceptar cualquier programa de apoyo social a las comunidades. Temía, probablemente, que las bases sociales perderían su coraje y su enjundia por pelear un nuevo estatus radicalmente distinto del que se les ha impuesto por siglos. Pero el gobierno parece haber confiado en que tales errores, que fueron apagando la presencia del EZLN en la opinión pública, acabarían por extinguirlo como una chispa en el aire. La barbarie de Chenalhó puso nuevamente en el centro de la escena de la preocupación política de los ciudadanos el asunto de los indígenas chiapanecos. Y ello puso en evidencia la inacción gubernamental. De ahí la caída vertical de la credibilidad gubernamental sobre este asunto en unos cuantos días.
Numerosos grupos extranjeros (políticos y de defensa de derechos humanos), con fuerza de opinión, creen también en lo que dice el EZLN, no lo que dice el gobierno.
Frente a tal falta de credibilidad y frente a la urgencia extrema de evitar más sufrimientos dantescos a las comunidades indígenas chiapanecas, la esfera de los partidos políticos, los medios, la sociedad y el gobierno tienen que comenzar a pensar en alguna forma de intermediación internacional por la ONU. Sin duda una delegación aceptable por las partes, podrá concluir con rapidez en una solución constitucionalmente correcta y que dé salida ya a un conflicto cuya duración resulta a todos inaceptable.