Alberto Aziz Nassif
Chiapas, el horror

La masacre del 22 de diciembre en Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas, es un horror. En unos días más estaremos en el cuarto aniversario de la guerra que se inició al despuntar 1994 y hoy tenemos un escenario mucho más complicado y desgarrador. Chiapas es para el gobierno federal un fracaso político que ha desembocado en una guerra que destruye comunidades.

El gobierno de Zedillo no ha tenido voluntad política de resolver, ha instrumentado estrategias contradictorias tales como buscar la paz y al mismo tiempo endurecer la presencia militar; ha ido del discurso pacifista a la acción contrainsurgente; ha implementado frentes de negociación y acuerdos, y ha pactado por escrito y luego se ha retractado. En los últimos meses se ha dedicado a hacer el vacío y a que las mismas fuerzas locales pobladas de caciques y grupos contrainsurgentes tiendan su manto asesino. Después de la matanza hubo discursos presidenciales de indignación, pero al mismo tiempo se instrumentó una estrategia para minimizar el caso y darle un perfil completamente local, como si Acteal fuera un producto de pugnas intercomunitarias. Por la gravedad del caso se hizo el procedimiento de atracción y se metió a la Procuraduría General de la República a investigar. Ya se empezó el proceso judicial, los primeros detenidos ya están en el penal de Cerro Hueco y se llegó a la detención del presidente municipal de Chenalhó. Hay indicios firmes de que no sólo se trató de un conflicto de alcances municipales, sino que hay una vinculación con el gobierno estatal, si es que se le puede llamar así, ya que en Chiapas existe una grave y creciente ingobernabilidad. El gobernador, el secretario de gobierno, el subsecretario de gobierno, están involucrados (Editorial de La Jornada, 29/XII/97).

Resulta difícil aceptar que la matanza de Acteal fue una acción planificada centralmente desde las instancias federales, pero no se puede dejar de reconocer que el vacío que dejó la interrupción de las negociaciones fue llenado por las fuerzas caciquiles y los grupos de asesinos que comandan. La responsabilidad del gobierno federal no es directa y concertada, pero sí es por omisión, incapacidad y falta de voluntad. El caso de Acteal tiene mucha más cola.

La matanza de Acteal es una expresión del fracaso político de las negociaciones para establecer en Chiapas una paz digna y duradera; una pacificación en esta región supone un cambio radical en la correlación de fuerza y en los proyectos de autonomía.

Una de las constantes que la opinión pública ha repetido es que se trató de un asesinato colectivo largamente anunciado; en este caso no hay sorpresa, sólo indignación y horror. ¿Cuál es el temor del gobierno federal a cumplir con los acuerdos de San Andrés? ¿Por qué la resistencia a impulsar una negociación de fondo? ¿Cuántas matanzas más como la de Acteal necesitan suceder para dar un golpe de timón y mostrar voluntad pacificadora en Chiapas?

Cuando se revisan las diferentes propuestas que fueron el motivo que provocó el rompimiento de las negociaciones, se ve con claridad que la intransigencia no es del zapatismo, quien aceptó la propuesta de la Cocopa que estaba por debajo de su proyecto inicial, es decir, el EZLN sí asumió la disminución que tiene cualquier negociación; por el contrario, el gobierno federal presentó una propuesta inadmisible y dejó las cosas como estaban.

Por ejemplo, en el caso de la autonomía real se requieren al menos cuatro factores, que la propuesta de la Cocopa no incorpora: una base político-territorial, una jurisdicción propia, un autogobierno y facultades autonómicas (Héctor Díaz-Polanco, La rebelión zapatista y la autonomía.) Una conclusión de este trabajo es que la autonomía es un proceso y que incluso en el caso de que se llegara a legislar la propuesta de la Cocopa, los pueblos indios tendrían que seguir luchando por su autonomía.

En síntesis tenemos: un alargamiento del conflicto que ha llegado a niveles de alta descomposición; una falta de voluntad política gubernamental para pacificar la región; una ingobernabilidad estatal vinculada a la masacre; un zapatismo replegado que resiste la embestida de los caciques asesinos; una sociedad civil acostumbrada al conflicto y que sus partes más activas tratan de influir para restablecer la negociación; una opinión pública internacional sorprendida; comunidades indígenas desplazadas, asesinadas y sometidas a la lógica de una guerra de baja intensidad que se ha convertido en una guerra civil de proporciones muy graves en este final de 1997.

¿Cuántos indígenas más necesitan asesinar para que el gobierno federal tenga voluntad política de pacificación y cumpla con sus obligaciones constitucionales?