EL TONTO DEL PUEBLO Ť Jaime Avilés
Seguridad Nacional: ¿ineptos o cómplices?
Un cable de la agencia Nuevo Amanecer Press-Europa, fechado el 7 de noviembre en Barcelona, informa: ``Al menos desde la primera quincena de octubre, agentes de Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se encuentran en comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas, donde se ha detectado la presencia de varios grupos paramilitares. La región, habitada mayoritariamente por bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha sido escenario de agresiones armadas por parte de los paramilitares financiados por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, en el poder desde 1929''.
A ese despacho, que en aquel momento se fue al archivo ``Es lógico que Seguridad Nacional esté donde hay problemas'', me dijo el tonto del pueblo, se fueron sumando reportes procedentes de Majomut y otras comunidades del municipio de Chenalhó, donde la violencia paramilitar siguió incrementándose durante noviembre, provocando más de 30 asesinatos y el desplazamiento de más de 6 mil personas.
La matanza de este lunes en Acteal, municipio de Chenalhó, abre enormes signos de interrogación sobre la responsabilidad que el máximo organismo de información política del ``gobierno'' federal tiene en esta crisis. ¿Qué hicieron los agentes de Seguridad Nacional en Chenalhó durante los últimos 90 días? ¿Supervisar la buena marcha de la guerra de baja intensidad, las metódicas agresiones con incendios y saqueos en contra de las comunidades zapatistas y perredistas? ¿Definir ``escenarios'' útiles para prever el impacto social y las consecuencias de una operación de mayor envergadura, como la que acaba de horrorizar al mundo?
Todo, tarde o temprano, saldrá a la luz pública. Pero la Comisión Permanente del Congreso de la Unión puede, y debe hacerlo cuanto antes, despejar estas dudas. ¿Seguridad Nacional participó en la matanza de Acteal como un tercer nivel en la secuencia *gobierno del municipio-gobierno del estado-gobierno federal*, toda vez que el Cisen depende, directamente, de la Secretaría de Gobernación y ésta de Emilio Chuayffet Chemor?
La matanza comenzó a las 10:30 de la mañana. Una hora después, el subsecretario de Gobierno de Chiapas, Uriel Jarquín Gálvez, según su propio dicho, recibió ``la comunicación de Gonzalo Ituarte (vicario de la diócesis de San Cristóbal), tomé nota y le notifiqué que no teníamos ningún reporte en ese momento. Notificamos de inmediato a la policía de Seguridad Pública que estaba destacamentada en el lugar para que verificara; no encontró ninguna evidencia de enfrentamiento, ninguna casa quemada, ningún problema en la región; nos lo reportó, reforzamos la vigilancia y seguimos pendientes'' (La Jornada, 24/12/97).
Jarquín, según la nota de Angeles Mariscal, añadió que no fue sino hasta las cinco de la tarde cuando le avisaron ``sobre tiroteos'' en Acteal, y que a partir de ahí ``fuimos obteniendo información del enfrentamiento, de los muertos, de los heridos''. Esto es falso: en la misma nota, la corresponsal de La Jornada afirma que a la una de la tarde del día de los hechos ``salieron de la base aérea de Terán, ubicada en la capital del estado, varios helicópteros de las policías Judicial y de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y del gobierno del estado rumbo a la zona de Chenalhó''. Aun así, la policía intervino hasta las cinco de la tarde.
Los asesinos tuvieron tiempo no sólo de disparar a placer contra la gente arrodillada que rezaba en el templo, sino de rematar cómodamente a los heridos y darse el gusto de afilar, usar, limpiar, afilar y usar de nuevo los machetes, cuantas veces fuera necesario, para mutilar los cadáveres de los nueve hombres, las veintiún mujeres, los catorce niños y el bebé. ¿Cuál era la idea? ¿Emplear, a escala industrial, la técnica del descuartizamiento que vimos en el ejido Morelia en 1994 y en septiembre de este año en el Ajusco?
Los periodistas, Hermann Bellinghausen entre ellos, entrevistaron en San Cristóbal a los primeros heridos, los cuales hablaban de ``como 16 muertos''. En esos momentos, era ya el principio de la noche. La tercera parte del plan estaba en marcha. Porque la primera, ya se advierte, había consistido en la utilización de las armas de fuego, para tocar, inmovilizar, impedir que huyeran las víctimas: unas rápidas descargas de ``cuernos de chivo'' y metralletas más antiguas, para hacer el menor de los ruidos posible. El eco de esos disparos, precisamente, fue lo que prendió los focos de alarma en la diócesis de San Cristóbal. Así que ahora los asesinos tenían que actuar en silencio.
Fue entonces cuando entraron en escena los machetes. Durante cuatro horas, las hojas metálicas cumplieron su diabólico trabajo acallando los gritos del dolor y los aullidos infantiles del pánico. Pero como en todas las comunidades indígenas de Chiapas el llanto de los niños es algo que suena a toda hora del día, seguramente en los alrededores nadie se extrañó.
La llegada de la policía al caer las sombras, como lo narró Bellinghausen, fue también para preparar el set antes que llegaran los periodistas. ``Los agentes encargados de la operación debieron trabajar arduamente, así como los agentes del Ministerio Público que presuntamente atestiguaron. Limpiaron de casquillos y algunas ropas ensangrentadas, pero no todas. Ya se ve que la sangre ensucia. Todavía hoy se ven grandes coágulos, jirones de ropa ensangrentada, así como huellas de la huida en el lodo y los matorrales. Huellas de la persecución, también'' (La Jornada, 24/12/97).
Por instrucciones del gobernador Julio César Ruiz Ferro y del secretario de Gobierno de éste, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquín llegó a Acteal a las cuatro de la mañana. A esas alturas, los policías habían trabajado no sólo en limpiar, como lo contó Bellinghausen, sino en excavar seis fosas comunes para enterrar los cadáveres. Juan Balboa escribe:
``Testigos presenciales, habitantes de comunidades vecinas, trabajadores de organismos humanitarios que participaron en el levantamiento de los cuerpos y organismos de derechos humanos coincidieron en que la operación realizada por la policía de Seguridad Pública y coordinada por el subsecretario Uriel Jarquín Gálvez, entre las 4 y las 6 de la mañana del pasado 22 de diciembre, intentaba cambiar el escenario de la masacre'' (La Jornada, 26/12/97).
¿Dónde estaba Seguridad Nacional antes de este episodio? En el número 16 de la revista Milenio, publicado el domingo pasado, Ciro Gómez Leyva y Federico Arreola cuentan que durante el secuestro de Fernando Gutiérrez Barrios, perpetrado el martes 9 de diciembre, Jorge Tello Peón, director de Seguridad Nacional, permaneció al margen de las negociaciones.
Estas corrieron por cuenta de Miguel Nassar Haro y de Fernando Gutiérrez Morales, el hijo mayor del ex secretario de Gobernación. En un momento de tensión extrema, relatan los citados periodistas, Tello Peón explotó y dijo: ``Lo están haciendo todo muy mal. Si algo sucede, no traten de culpar al gobierno''.
Gutiérrez Barrios fue liberado el 16 de diciembre a cambio de 6 millones de pesos. Sus captores rebajaron sus pretensiones iniciales de 10 millones de dólares hasta aceptar esa bicoca. ¿Cuánto habían obtenido antes de emprender su trabajo?
Seguridad Nacional tampoco posee la respuesta.
Observemos el asunto desde el ángulo opuesto. Seguridad Nacional nunca estuvo en Los Altos de Chiapas, a pesar de los copiosos informes de prensa y televisión que en las últimas semanas alertaron a la opinión pública sobre los peligros que allí se habían incubado. Si entonces los preparativos de la matanza le pasaron de noche, ¿para qué diablos sirve esa oficina? ¿Y para qué sirve la Secretaría de Gobernación?
En septiembre, otra dependencia de la cartera de Emilio Chuayffet, la Dirección General de Prevención Civil, causó la muerte de 125 personas en Acapulco cuando, luego de varios días de alerta en toda la costa del Pacífico, el huracán Paulina azotó con furia indecible a miles de familias indefensas. Fue, en última instancia, una grave falla de la Secretaría de Gobernación, pero el presidente Zedillo no hizo
nada en este aspecto. A él, probablemente, también le satisfizo la coartada del empleado de Chuayffet que dijo: ``125 muertos es una cifra aceptable''.
Ahora, los 45 muertos de Chenalhó ¿también configuran una cifra aceptable? El domingo 7 de diciembre, Ricardo Rocha difundió, a través de Canal 2, un reportaje que estremeció al país entero, excepto al presidente Zedillo y, mucho menos, al secretario de Gobernación. Este, según la página del tonto del pueblo del sábado 13, ``se molestó muchísimo'' con Rocha.
El domingo pasado, 21 de diciembre, Rocha había anunciado la segunda parte de su trabajo sobre la violencia en Los Altos de Chiapas. Sin embargo, a la hora de la transmisión, una amable locutora explicó que el periodista se había ido de vacaciones. Pero ese mismo día, muy temprano en la mañana, el suplemento Masiosare presentó una versión íntegra del convenio firmado por Homero Tovilla y Uriel Jarquín, a nombre del gobierno de Chiapas, con la organización paramilitar priísta Paz y Justicia.
La noticia, cuentan periodistas de Tuxtla Gutiérrez, cayó como una bomba en el palacio de Julio César Ruiz Ferro y en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Desgraciadamente, la denuncia no surtió efecto para cancelar los planes de los asesinos. Para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la matanza de Acteal ``se afinó el 21 de diciembre en una reunión de paramilitares (dirigida por el señor Jacinto Arias, presidente municipal priísta) de las comunidades Los Chorros, Puebla, La Esperanza y Quextic, todas éstas del municipio de Chenalhó''. Y contó, agrega el comunicado del subcomandante Marcos, con la aprobación del gobierno.
El miércoles 24 de diciembre, durante un mitin en el Angel de la Independencia, el presidente nacional del PRD dijo: ``En estos momentos, el presidente Zedillo debe actuar como estadista y mostrar, con hechos, de qué lado está. Si con los caciques o con la República''.
Todas las evidencias prueban que el presidente municipal de Chenalhó ha contado, y cuenta a la hora de ser escritas estas líneas, con el apoyo resuelto del gobernador Ruiz Ferro y de sus operadores del terror y de la muerte: Tovilla y Jarquín.
Todas las evidencias, al mismo tiempo, reiteran que el gobernador Ruiz Ferro fue premiado, al día siguiente de la masacre, por una nueva declaración de respaldo del Presidente de la República, quien aprovechó su indignado mensaje a la nación para anunciar que dará más recursos al gobierno de Chiapas.
Para complementar el panorama, todas las evidencias revelan que el presidente Zedillo cuenta con la solidaridad, cínica y militante, del presidente de Estados Unidos, William Clinton. Así, la cadena se cierra. La matanza de los santos inocentes de Chenalhó es el Guernica del neoliberalismo en sus cuatro niveles de gobierno: municipal, estatal, federal y global contra un pueblo indefenso.
Y el Guernica, en su momento, fue un escupitajo de la muerte en los ojos de la humanidad, algo que nunca perdonaremos.