Reinstalaron a 43 oficiales uruguayos destituidos por la dictadura
Reuter, Dpa y Afp, Montevideo, 26 de diciembre Ť El gobierno uruguayo de Julio María Sanguinetti reinstauró hoy a 41 militares que se encontraban bajo condición de sancionados desde la dictadura castrense, que imperó en Uruguay entre 1973 y 1985, y con ello provocó fuertes discrepancias con las fuerzas armadas.
Horas después de que el Ejecutivo emitiera el decreto, el comandante en jefe del ejército, teniente general Raúl Mermot, presentó su renuncia por estar en desacuerdo con la modificación de la situación jurídica de dichos oficiales que estaban en calidad de ``reforma'', que significaba pérdida de su condición militar.
Los 41 oficiales habían sido destituidos por la dictadura por motivos ideológicos y arbitrariedad, pues los acusaron entonces de ser ``izquierdistas'', pero ahora la medida adoptada representa una reparación del daño moral que se les causó.
No obstante, por el tiempo transurrido, los oficiales con su reincorporación pasan a retiro, y ello implica que se les restituyen sus derechos de pensión y otras prerrogativas que habían perdido.
Uno de los militares beneficiados, Gerónimo Cardozo, se declaró satisfecho con la decisión del mandatario al señalar que contribuye a la reconciliación nacional y que es producto del régimen democrático.
En el mismo tenor se pronunció Edison Arrarte, otro de los oficiales, que calificó la medida como una reivindicación moral.
De acuerdo con un comunicado oficial, Mermot renunció al cabo de una reunión que sostuvo con Sanguinetti y el ministro de Defensa, Raúl Iturria; antes de que se conociera su dimisión ya había corrido el rumor de que renunciaría.
Durante la reunión Sanguinetti trató de persuadir a Mermot de que reconsiderara su decisión, al señalarle que el decreto era un ``acto de gracia, inspirado en el propósito de pacificación''.
Le insistió que los tribunales de honor militares no sufrieron menoscabo por un acto de gracia ejecutado 20 años después de ocurridos los hechos, y en momentos en que el país requiere restañar heridas.
A pesar del malestar en las fuerzas armadas, el presidente se mostró decidido a superar una eventual crisis, pues por lo pronto nombró al comandante del ejército con sede en Minas, general Néstor Bertrin, para sustituir en forma provisional a Mermot.
El malestar se reflejó también a través del Centro Militar, al señalar en un comunicado que con la medida presidencial se puso en un plano de igualdad ``a quienes han cumplido cabalmente con su deber con quienes son traidores reconocidos para los tribunales competentes y algunos otros militares que han cometido delitos comunes''.
El Centro Militar, que comprende militares en actividad y en retiro, sostuvo que la resolución del Poder Ejecutivo destruye el instituto militar de los tribunales, y añadió que ahora hay un ``profundo dolor'' porque se ``crea un motivo de resentimiento''.
Raúl Iturria declaró a su vez que el decreto no juzga el pasado sino que mira el futuro y tiene un fin pacificador, y que ``seguramente entendieron que se estaba juz- gando a los tribunales de honor, cuya actuación fue correcta en su tiempo''.
Hecho histórico: Seregni
El general retirado Líber Seregni, líder histórico de la izquierda, dijo que la resolución es ``un hecho político trascendente en lo que tiene que ver con la afirmación de la democracia y la búsqueda de la pacificación nacional a través de la integración de los distintos sectores de la sociedad''.
Entre tanto, parlamentarios de distintos sectores políticos se manifestaron de acuerdo con la decisión del presidente, al manifestar que es fruto del advenimiento de la democracia y que con ello se busca ``apagar fuegos'' y contribuir a la paz.
Por su parte, la logia militar de la Legión Tenientes de Artigas --que agrupa a oficiales del ejército en activo y en retiro-- admitió que los desaparecidos durante la dictadura militar ``están muertos'', acorde con un reporte del semanario Crónicas.
No obstante, justificó que los desparecidos están muertos debido a situaciones no buscadas, como resultado de ``urgencias y particularidades de las operaciones'' militares de aquella época, aunque sin aludir directamente a la guerrilla.
Esa logia atribuyó a ``potencias del neoliberealismo la comisión de las campañas exhumatorias'', al parecer en relación a los familiares que demandan saber sobre el paradero de los desaparecidos políticos.