La Jornada 27 de diciembre de 1997

``Hueco'' de $500 millones en las cuentas de Espinosa

Las llamadas partidas secretas y bolsas discrecionales que la fracción priísta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal encontró en el proyecto de presupuesto de gastos del DF para 1998 no eran tales, pero su señalamiento sirvió para que los diputados locales revisaran con mayor rigor las iniciativas enviadas a este órgano por el gobierno capitalino.

Los nuevos funcionarios de la Secretaría de Finanzas también trabajaron horas extras en busca de presuntos o reales errores, adicionales a los que fueron indicados también por la diputación panista cuando compareció el titular de esta dependencia, Antonio Ortiz Salinas.

El propio jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, emitió un acuerdo administrativo por el que limitó a 70 mil pesos su remuneración y la de los altos funcionarios de su gestión, a pesar de que originalmente se había presupuestado una cantidad total de 98 mil pesos para él, la más alta de todos e igual a la que cobraba el ahora ex regente y secretario de Turismo, Oscar Espinosa.

Sin embargo, la exhaustiva revisión de la documentación dejada hizo evidente un hueco de 500 millones de pesos en la administración de la última regencia, ``en cuentas que no están notificadas adecuadamente'' y que tendrá que cubrirse con recursos del presupuesto que se ejercerá en 1998, según informó Antonio Ortiz Salinas, secretario de Finanzas del primer gobierno electo del Distrito Federal. (Juan Antonio Zúñiga M.)


Juan Antonio Zúñiga M. Ť Las relaciones financieras y fiscales del gobierno federal con el de la ciudad deben replantearse a partir de la imposibilidad de los habitantes de la capital de subsidiar en más de 6 mil millones de pesos a la población del estado de México; cargar con una deuda heredada que compromete a ésta y otras dos administraciones, así como con una participación en descenso de los impuestos federales por la que ha dejado de percibir unos 11 mil millones de pesos en los últimos 3 años.

En estos términos, Antonio Ortiz Salinas, secretario de Finanzas del Distrito Federal, sintetiza los tres principales factores recibidos de la última regencia capitalina, que impiden y constriñen al mismo tiempo el ámbito de acción presupuestal del primer gobierno electo de la ciudad de México.

La inercia de administraciones conducidas como una dependencia más del gobierno federal se dimensiona en mayor magnitud conforme se profundiza el análisis de la información legada. La magnitud se materializa en contraste con el bajo tono empleado por quien intentará sentar las bases para una conducción autónoma de las finanzas capitalinas, con nuevas orientaciones y prioridades.

``El problema de fondo en las finanzas de la ciudad consiste en que se manejaba como parte del gobierno federal. Era un Departamento supeditado a la política del gobierno federal y ahora esto ha cambiado. Las autoridades federales deben reconocerlo'', dice.

Su despacho, más que sobrio, es austero. Una mesa oval, rodeada de una docena de sillas, paredes con una colección litográfica de paisajes ya olvidados de la ciudad y un retrato al pastel del ex secretario de Finanzas, Javier Beristáin Iturbide, enmarcan la entrevista.

--Se ha señalado la existencia de partidas secretas y bolsas de manejo discrecional en el proyecto de presupuesto presentado por usted a la Asamblea Legislativa del DF.

--No hay ninguna partida secreta. La Constitución de 1917, en el artículo 65, preveía la existencia de partidas secretas en el presupuesto federal, que consistían en recursos integrados de los que podrían hacer uso los secretarios de Estado con la autorización y firma del Presidente, con estrictos fines de seguridad nacional. En la ciudad esto no puede ser.

``Existen --agrega-- propuestas que le permiten al jefe de gobierno la facultad de cambiar y decidir partidas en función de las nuevas prioridades planteadas por su gobierno. Se trata del cambio de partidas que antes estaban limitadas porque había una clasificación de programas prioritarios. Nosotros planteamos eliminar esta diferencia establecida con los criterios priístas de la anterior administración y este gobierno debe fijar sus propios programas prioritarios. Esto está en la Ley de Contabilidad y en la de Presupuesto y Cuenta Pública''.

Lo básico, el costo real

Se extiende: en principio se trata de vincular las partidas en función de su costo real, porque encontramos que, por ejemplo, mientras en una delegación el precio de eliminar un árbol era de 50 pesos, en otra, por el mismo concepto, se consigna un pago de mil pesos.

Pausado, Antonio Ortiz se reclina hasta apoyar un codo sobre la mesa mientras con el otro brazo ilustra su explicación. ``Se ha dicho que nosotros tuvimos cinco meses para elaborar el presupuesto, y no es así. Recibimos información, pero no lo elaboramos. La última administración tomó decisiones hasta el último día. Llegamos con un presupuesto ya elaborado.

``Lo modulamos y cambiamos algunas prioridades: justicia, bienestar social. Establecimos programas que van desde los niños de la calle --porque es inadmisible que administraciones pasadas hayan permitido que se llegue a este grado inconcebible de abandono--; programas de combate a la adicción; de apoyo a mujeres golpeadas y otros de vivienda que le permitirá a los tabajadores de hasta tres salarios mínimos tener acceso a ella''.

Pero la herencia del último de los regentes, Oscar Espinosa Villarreal, pesa más que los señalamientos de partidas secretas y bolsas discrecionales. Esa administración contrató deuda por anticipado que respaldó con las participaciones presentes y futuras de la ciudad de México en la recaudación de impuestos federales. Según la trayectoria que ha tenido y seguirá la deuda, el secretario de Finanzas describe: en 1994 el endeudamiento era de mil 400 millones de pesos; en 1997 cerrará en alrededor de 13 mil millones; en 1998 llegará a 20 mil millones, y en el año 2000 ascenderá a 30 mil millones, ``sin que este gobierno pueda contratar nada para financiar sus proyectos''.

La última regencia informó a la entonces comisión de enlace que el pago de los intereses del endeudamiento capitalino representaría entre el 4 y 5 por ciento de los ingresos. ``Pero esto no es así. Porque una vez cubiertos los gastos irreductibles y los ingresos virtuales, que así como entran salen de la Tesorería --como los de las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial-- significan 20 por ciento de los recursos realmente disponibles''.

En el Metro, en su línea B, dice, 40 por ciento del tendido está en territorio del estado de México. ¿Quién hizo la inversión y las aportaciones? --se pregunta--. ``Sólo el gobierno de la ciudad'', responde. Además, 20 por ciento de los usuarios del Metro provienen de la zona metropolitana. Estas obras se financian fundamentalmente con deuda y con ellas se hipoteca el futuro de la ciudad.

La participación del Distrito Federal en la recaudación de los impuestos federales cayó de 20 a 13 por ciento entre 1990 y 1997, precisa. ``Mientras aquí se genera 25 por ciento del producto nacional y no se reconoce la presencia de por lo menos 6 millones de habitantes de población flotante diariamente en la ciudad'', señala. Concluye: ``Las finanzas están en una situación difícil. Necesitamos mantener la misma capacidad de gasto real que en 1997; que se redefinan las relaciones financieras con el gobierno federal ¿Hasta dónde vamos a subsidiar el área metropolitana? Se requiere elevar más los impuestos, pero no lo haremos, porque primero tienen que incrementarse los salarios, que nuevamente han quedado rezagados.