Las consideraciones contenidas en el comunicado dado a conocer ayer por el procurador general de la República en torno de las causas de la matanza de Acteal --en las que se intenta reducir a enfrentamientos de índole intercomunitaria o interfamiliar lo que, en realidad, son actividades criminales abiertas de grupos paramilitares vinculados a las oligarquías políticas y económicas de Chiapas- representan una burla a la sociedad y evidencian un perturbador e intolerable afán de las autoridades federales por minimizar el significado y las causas de la violencia desatada en Chiapas en contra de comunidades indígenas indefensas.

Si se trata de conflictos entre familias, ¿quién financió, entrenó y entregó a quienes perpetraron la matanza de Acteal y otros ataques anteriores? ¿Las propias familias campesinas que, históricamente, han permanecido sumidas en la miseria y en el abandono? Si la explicación de la violencia se encuentra en conflictos comunitarios que no exceden lo estrictamente municipal, ¿quién le otorga a los grupos homicidas los márgenes de impunidad con los que han operado hasta ahora? ¿Por qué las autoridades estatales no actuaron en su momento para desactivar la violencia si ésta se registraba de manera aislada y marginal?

En su boletín, la PGR intenta también, incluir entre las causas de la violencia consideraciones de índole religioso que no se sostienen y que se mencionan de forma descontextualizada. Si bien es cierto que existen tensiones y se han registrado enfrentamientos por diferencias de culto religioso en Chiapas, éstos no tienen relación causal con los acontecimientos de Acteal, pues en ellos se ha confirmado, por múltiples conductos y testigos, la participación de escuadrones paramilitares escudados y pertrechados por grupos de poder económico y político que rebasan, con mucho, a las comunidades.

Es evidente que en la posición de la PGR existe un interés por minimizar la gravísima situación que prevalece en innumerables pueblos de Chiapas y representa un intento de argumentación política -más que jurídica y basada en hechos y consideraciones reales- para enfrentar las múltiples críticas, tanto nacionales como internacionales, que han señalado la responsabilidad directa o indirecta de los poderes públicos, ya sea locales o federales, en los acontecimientos de Acteal.

Por esta vía, la investigación de los atroces homicidios de hombres, mujeres y niños indefensos está condenada a correr la misma suerte que las indagaciones de los asesinatos de Colosio o Ruiz Massieu: empantanarse en falsas líneas de investigación, en vicios e irregularidades y, a fin de cuentas, impedir la aplicación de la justicia y la vigencia del estado de derecho.

Por añadidura, reducir la violencia en Chiapas a enfrentamientos de carácter intercomunitario o interfamiliar, además de minar todavía más la muy desgastada credibilidad de las instancias de procuración de justicia, podría agudizar las tensiones existentes en Chiapas y desencadenar nuevos ataques y asesinatos.

Las autoridades federales, entre ellas la PGR, deben abandonar cuanto antes su intención de minimizar los hechos de Acteal y de eludir su responsabilidad, así sea por omisión, en esos trágicos acontecimientos. De igual modo, deben asumir que en el fondo de los hechos violentos que culminaron con la matanza de 45 inocentes se encuentra la descomposición social exacerbada por el estancamiento del proceso de paz, luego del rechazo del Ejecutivo federal a la propuesta de Ley en materia de derechos y cultura indígena formulada por la Cocopa y por la actividad delictiva de grupos paramilitares de filiación priísta -como ha quedado documentado en incontables testimonios de los sobrevivientes de los ataques y en las confesiones de varios de los acusados de participar en la matanza de Acteal- que operan con la tolerancia, o incluso el apoyo, de autoridades locales o federales.

Por ello, para prevenir nuevos actos criminales contra las poblaciones indígenas y para propiciar la distensión y la recomposición social en Chiapas, es urgente que, a la par que se castigue conforme a derecho a quienes perpetraron las intolerables y bárbaras agresiones contra las comunidades indígenas, se desarticulen los grupos paramilitares y homicidas que operan en las regiones del Norte y los Altos de Chiapas y se reinicie el proceso de paz mediante la aceptación, por todas las partes involucradas, pero principalmente por el gobierno federal, de la iniciativa de la Cocopa y de los Acuerdos de San Andrés.