José del Val
Hoy la patria se lo demanda

Lo sabíamos todos; se anunció. Aun así, los responsables gubernamentales no actuaron con la sensibilidad y celeridad esperadas.

A nadie le queden dudas: el gobierno de la República sí tiene responsabilidades en la masacre de Acteal. Hoy o mañana los responsables concretos: materiales, intelectuales o por omisión deberán encarar los tribunales. Este crimen de lesa humanidad no quedará impune. No se resolverá solamente con renuncias, y no prescribirá nunca: es un crimen contra la humanidad. Si las circunstancias hoy impiden llevarlos a juicio, será después, estén donde estén.

Las fuerzas que impulsan democráticamente la transición mexicana, ya sea desde dentro del gobierno, desde la oposición y la sociedad toda, se ven otra vez impotentes ante un ubicuo enemigo que actúa impunemente en cualquier escenario y utilizando cualquier táctica.

En los años recientes, las acciones se habían concentrado en el asesinato de personajes de la vida pública nacional. La matanza de Aguas Blancas anunció una nueva etapa, en la cual las acciones contra el cambio elegían un nuevo objetivo: la población civil.

La falta de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, el sinfín de actuaciones soberbias, ignorantes, erráticas y contradictorias; la evidente permisividad frente a la creación y el accionar de grupos paramilitares --en lo que se ha caracterizado como guerra de baja intensidad--; el abuso en el uso de las fuerzas armadas; el desprecio reiterado a los señalamientos desde dentro y fuera del gobierno, determinaron la destrucción definitiva del frágil tejido social chiapaneco.

La cobarde y criminal masacre genocida de niños, mujeres y hombres indefensos en Acteal, da cuenta de un nuevo escalón en la ofensiva contra el cambio democrático en México.

No nos equivoquemos; no se trata sólo de Chiapas. Los indios de México están siendo sacrificados en el altar de los enemigos de la transición. No nos confundirán, a pesar del dolor, la rabia y la impotencia.

Claro que hay problemas intracomunitarios; claro que hay conflictos entre partidos, entre religiones y organizaciones; los hubo antes, los hay ahora y los habrá después; los hay en todos los países donde la desigualdad alcanza los dolorosos niveles de México.

Pero esos conflictos y contradicciones se procesan política y pacíficamente. Crímenes como los registrados en Aguas Blancas y en Acteal sólo ocurren en aquellos lugares donde las estructuras institucionales han dejado de responder, y en la lucha por el poder central uno de los polos actúa como una banda criminal. Sucede en Bosnia, en Argelia, en Ruanda. No sucedían aquí.

Todos sabemos que la paz en Chiapas se encuentra secuestrada en un par de oficinas en la ciudad de México. Cuatro años han pasado, se han firmado acuerdos y la paz sigue como rehén en esas oficinas.

Muchos creímos que el nuevo Legislativo asumiría los Acuerdos de Larráinzar con la legitimidad y la energía que el voto le confirió, y rescataría los expedientes de Chiapas de esas oficinas, haciendo honor a su responsabilidad y promesas.

La masacre habrá cumplido su función estratégica: imponer límites y condiciones a la transición mexicana, aterrorizar a la sociedad, estimular las tendencias retrógradas y fascistoides, y lanzar una provocación descomunal al EZLN. Además, por supuesto que incitarán al desarrollo generalizado de estrategias de autodefensa, con sus nefastas consecuencias.

La incapacidad de los actores de la transición de otorgarle una estructura significante a la misma, el imprescindible pacto entre todas las fuerzas políticas del país, está cobrando intereses moratorios: se está destruyendo el tejido social de la nación y abriendo las puertas a la barbarie.

Ante la incapacidad del poder Legislativo, y no digamos del poder Judicial, todo queda en manos del Ejecutivo nacional. El Presidente de la República está obligado a dar el golpe de timón, detener la Nación si es necesario, sentar en una mesa a todas las fuerzas del cambio, para acorralar definitivamente a los enemigos de la transición, y encabezar decididamente el Pacto por México.

Aun a pesar de la dimensión brutal del crimen contra seres indefensos que la matanza de Acteal implica, no será la investigación de la matanza y el encarcelamiento de algunos gatilleros lo que dará a los indios y al resto de los mexicanos satisfacción y caminos certeros para trabajar por un futuro con estabilidad, paz, justicia y dignidad. Hace falta mucho más.

La sociedad mexicana toda apoyará masivamente las medidas que democráticamente se consideren necesarias para garantizar el futuro de México.

La sociedad exige que se actúe rápida y enérgicamente contra la banda oscura de enemigos de México; los quiere ver sometidos a juicio, quiere saber quiénes son, sin importar su ubicación y poder. No hacerlo hoy puede hacer que nuestro país retroceda cien años, y el cambio de siglo puede vernos envueltos, otra vez, en una trágica guerra civil.

No hay en esto apocalipsis de bolsillo o catastrofismo: leamos con responsabilidad y profundidad los signos y los síntomas. Llegó el momento de las grandes decisiones, es necesario dar el jalón final que garantice la transición plena a la democracia en México.

La bandera mexicana está cambiando sus colores: el rojo cada vez ocupa más espacio; el blanco se tiñe de rojo, y el verde de la esperanza se deslava rápidamente. No lo permitamos: seamos, como decía el poeta hace unos días, dignos del sol y de las nubes de México.

Hoy la patria se lo demanda, señor Presidente: la historia lo ubicó aquí y ahora, y el pueblo de México se lo ordenó en las urnas.