Sólo dos priístas de la Cocopa han confirmado su asistencia a la reunión de hoy en Tuxtla

Angeles Mariscal y Juan Balboa, corresponsales, y Jesusa CervantesŤ La masacre de Chenalhó podría ser un ``pretexto'' del Ejecutivo federal para militarizar Chiapas y presionar al EZLN a que regrese al diálogo sin que se cumplan los acuerdos de San Andrés, consideró Gilberto López y Rivas, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación.

Hasta ahora, sólo dos de los seis representantes del PRI en la Cocopa han confirmado que asistirán a la reunión que hoy sostendrán los integrantes de ese organismo en Tuxtla Gutiérrez.

En la oficina del presidente en turno de la Cocopa, Carlos Payán Velver, se informó que los legisladores priístas Oscar López Velarde, Roberto Albores Guillén, Roberto Fuentes Domínguez y Carlos Alonso Hernández Gómez, dijeron que no les será posible viajar a la capital chiapaneca por motivos diversos.

Por su parte, la presidenta de la CNDH, Mireille Roccatti, se entrevistó con el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, quien sostuvo también reuniones con priístas y empresarios locales.

En Tuxtla Gutiérrez, López y Rivas subrayó que debe investigarse a los cuerpos policiacos y militares, pues existen evidencias de que ellos financian y entrenan a los grupos paramilitares. Enfatizó que los poderes del estado deben desaparecer y fincarse responsabilidad penal en contra de quienes participaron como cómplices de la matanza.

El legislador subrayó que la Cocopa ``está preocupada por la impunidad con la que se mueven los asesinos, quienes incluso son protegidos por la policía estatal, lo cual es una de las pruebas sobre la participación del gobierno del estado en la masacre. Por su presunta participación directa o por la complicidad al tratar de cubrir la dimensión de los hechos, estamos ante un crimen de Estado por omisión o ejecución de una matanza perpetrada por grupos paramilitares cuya existencia se había estado denunciando desde hace dos años y medio''.

Añadió que hay acusaciones de que oficiales del Ejército Mexicano han entrenado a esos grupos con el financiamiento de secretarías de Estado y el respaldo logístico de la policía estatal, acusaciones y evidencias que por su gravedad deben ser investigadas, como el hecho de que ``algunos de los ahora detenidos viajaban en sacos, escondidos en camiones y escoltados por la fuerza pública del estado''.

Abundó: ``Uno de los objetivos de la matanza podría ser la combinación entre yunque y martillo; el yunque es el Ejército y el martillo los paramilitares, es decir, los grupos que provocan la llegada del Ejército. La llamada del Presidente de la República al diálogo es una acción retórica, demagógica e irresponsable porque él ha sido el causante de que el diálogo no se reanude''.

Por otro lado, al término de una reunión con el gobernador Ruiz Ferro, la presidenta de la CNDH, Mireille Roccatti, dijo que se está entrevistando con todas las autoridades del estado a fin de integrar un expediente con la intervención de diversos funcionarios estatales en la masacre de Chenalhó, pero rehusó revelar las conclusiones. Más tarde, Ruiz Ferro estuvo con el Comité Ejecutivo Estatal del PRI, para discutir la presunta vinculación de miembros de ese partido con detenidos por la matanza. Posteriormente se entrevistó con miembros del sector empresarial, pero ninguna de las partes quiso hablar sobre lo tratado.

Por su parte, Gabriel Gutiérrez Avila, presidente estatal del PRD, consideró que está suficientemente sustentada la exigencia de la renuncia del gobernador, toda vez que durante este año se cometieron 115 actos violentos que dejaron más de 300 muertos.

A la vez, la Conai confirmó que diputados y senadores de la Cocopa llegarán a Chiapas al mediodía de este sábado y realizarán un recorrido por comunidades de Chenalhó, mientras que organizaciones de derechos humanos y legisladores perredistas visitarán dos campamentos de desplazados.