Masiosare, domingo 21 de diciembre de 1997

Oscar Oliva, integrante de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai):

¿Alguien tenía duda? El gobernador Ruiz Ferro firmó un convenio con el grupo priísta paramilitar Paz y Justicia, al que entregará la cantidad, enorme, insuitada, increíble para esas regiones de Chiapas, de 4 millones 600 mil pesos. La máxima dirigencia de ese grupo paramilitar debe estar en estos momentos frotándose las manos y también frotando y aceitando sus armas.

Esa gran cantidad de dinero que le otorgará el gobierno estatal en el transcurso de un año se la volverá a dar si la tarea sucia de este grupo paramilitar le resulta satisfactoria; así, entonces, el convenio se renovará cada año. Yo me pregunto: ¿hasta qué año? Entonces, nuevas armas, reclutamiento de más hombres dispuestos y empujados por la miseria, dispuestos a atacar y a reprimir a sus propios hermanos; más vehículos, más y mejores sistemas de radiocomunicación para ese grupo que es el instrumento, como todo mundo sabe, de una estrategia radical y de largo plazo.

No nos confundamos. No hablemos de guerra civil entre indios como si fuera un conflicto entre ellos, un encuentro bélico entre ellos, como lo quieren hacer pasar. Veamos con claridad cómo están las cosas. Veamos cómo el gobierno estatal y el federal están ganando en esta guerra más terreno, una guerra ya no sorda ni solapada sino abierta y franca, que tiene en contra de los indios que quieren una vida con democracia y paz.

Para rematar todo esto, todas estas tareas de contrainsurgencia que realizó en Chiapas el comandante de la séptima región militar, el general Mario Renán Castillo, es testigo de honor de este convenio en contra de los indios de Chiapas, que no quieren ver sus tierras arrasadas ni sus casas quemadas. ¿Alguna duda, insisto? ¿Alguien todavía no se ha dado cuenta de lo que sucede en Chiapas? No puedo decir, como el gran poeta Octavio Paz lo dijo hace unos días, al dejarse abrazar por el señor Zedillo, que en México se preparan nuevos días y que esos días serán de luz. Esto no será posible, mientras estén preparando más días sangrientos.

ESTO EXPLICA EL ESTANCAMIENTO DEL PROCESO

Carlos Payán Velver, presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa):

Desde hace meses, se ha tratado de ocultar la relación del gobierno de Chiapas con Paz y Justicia. Este documento prueba que desde hace tiempo tienen relaciones. Ahora, con las evidencias a disposición, se corrobora no sólo que éstas relaciones existen sino que son mucho más profundas de lo que se hubiere llegado a creer.

-¿Cómo incide la aparición de este documento tan buscado, en la crisis por la cual atraviesa el llamado proceso de paz en Chiapas?

-Lo que este documento saca a la luz pública es una de las razones por las que el proceso de paz se encuentra estancado. Es muy grave y muy triste, pues lo que vemos es que el gobierno de Chiapas está avivando, y apoyando económicamente, con grandes recursos, a una fuerza que no quiere la paz. Una fuerza que, a juzgar objetivamente por las acciones que se le atribuyen, lo que quiere es ahondar la guerra.

LO MáS DEPLORABLE, EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Gonzalo Ituarte, vicario de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal:

Nosotros mantenemos una grande preocupación por el desarrollo de esta guerra de baja intensidad, tan negada en efecto, pero tan real. Hay muertos, heridos, refugiados y destrucción de bienes. Y dadas las características de Paz y Justicia, es sorprendente que se le financie con montos tan grandes, que a otros se les niegan.

-¿Qué opina sobre la participación del general Mario Renán Castillo como testigo de calidad?

-Los testigos de calidad sorprenden porque ésta no parece ser una actividad propia de su competencia. Pero lo más deplorable es que la posposición del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sólo nos ha conducido a que veamos esta debacle, en lugar de que florezca el desarrollo de la identidad de los pueblos indios en todo el país.

ESTA ES LA VERDADERA BALCANIZACION, NO LAS TONTERIAS DE BURGOA

Mariclaire Acosta, presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos:

Este documento confirma, de manera cada vez más clara, que el gobierno federal tiene una responsabilidad directa -y digo directa, no por omisión- en el hecho de que el gobierno de Ruiz Ferro esté impulsando una política de contrainsurgencia, una política muy peligrosa para el país. Esta es la verdadera balcanización, no las tonterías que ha dicho Ignacio Burgoa sobre la autonomía de los pueblos indios.

-¿Por qué balcanización?

-Uso el concepto de balcanización en el sentido de que el gobierno federal y el gobierno estatal están creando las condiciones para una violencia generalizada, que está derivando en conflictos étnicos y religiosos. Hablo de un gobierno estatal que juega al aprendiz de brujo y de un gobierno federal absolutamente irresponsable, que, repito, están introduciendo conflictos étnicos y religiosos porque no pueden resolver las justas demandas de participación social y económica de vastos sectores de población que se levantaron en armas. Son estos conflictos inducidos los que pueden desgarrar, y en este sentido, balcanizar al país.

ES UNA VERGÜENZA

Arturo Farela, de la Confederación nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas:

Es un hecho muy vergonzoso que el gobierno del estado utilice recursos para un grupo racista. Los recursos del país no deben caer en manos de delincuentes. Es una lástima que habiendo tanta hambre se destinen recursos para un grupo paramilitar. Es un hecho que no coadyuva al proceso de paz.

-El convenio dice que son recursos para proyectos agropecuarios.

-Por experiencia sabemos que ellos no hacen ningún proyecto constructivo. Sólo es un grupo paramilitar que trata de frenar la coalición PRD-EZLN-catequistas. De ahí que pensamos que esos recursos pudieran ser desviados para otros fines.

-¿Cuáles?

-Para armarse.

Uriel Jarquín Gálvez, subsecretario de Gobierno de Chiapas

-¿Puedo hablar con el licenciado Homero Tovilla? (secretario de Gobierno de Julio César Ruiz Ferro).

-Está en una reunión de trabajo. Déjeme sus datos y yo le paso el reporte de llamada.

Dos horas después.

-¿Diga?

-Señor, mire usted, por instrucciones del licenciado Tovilla, lo voy a comunicar con el señor Manolo Zepeda, de comunicación social.

-Gracias, pero tenemos que hablar personalmente con el señor Tovilla.

-¿No quiere hablar con el señor Zepeda?

-Sólo con el señor Tovilla, por favor.

-Yo le voy a transmitir su petición y enseguida me comunico.

Una hora después.

-Señorita, ¿ahora sí puedo hablar con el señor Tovilla?

-Fíjese que está en otra reunión. Yo lo comunico en cuanto salga.

Media hora después. Contesta la voz de un empleado.

-¿Ahora sí puedo hablar con Tovilla?

-Ya se retiró.

-¿Quién habla?

-El secretario de guardia. No hay nadie más.

-Pero supongo que tendrá cómo localizarlo. Digo, si hubiera algo muy grave ahorita, ¿a dónde lo llamaría?

-No, señor, al que llamaría es al señor Jarquín Gálvez...

-¿Y me puede comunicar con él?

-¿Es grave?

-Es urgente...

-Bueno, llámele al 3 94 35 (en Tuxtla Gutiérrez).

Dos minutos después.

-¿Con Uriel Jarquín, por favor?

-¿Aló?

-Tenemos una copia del convenio que firmaron usted y el señor Tovilla con Paz y Justicia.

-Se metió un fax. ¿Me puedes hablar por el 3 01 48?

Un minuto después.

-¿Ahora sí?

-¿De qué se trata?

-Es sobre el convenio con Paz y Justicia. Sólo queremos saber una cosa. ¿De qué partida presupuestal se tomó ese dinero?

-No sé, pero te lo puedo investigar. Háblame mañana a las diez.

-Otra cosa. El convenio dice que el segundo pago se haría el 4 de diciembre. ¿Ya le pagaron a Paz y Justicia el segundo tanto?

-No.

-¿Por qué?

-No sé.

-¿Quién maneja ese convenio?

-Coutiño.

-¿Quién es Coutiño?

-Roberto Coutiño, el secretario de Agricultura.

-¿Entonces la partida es de Agricultura?

-Eso creo. Háblale a Roberto. Mañana lo encuentras.

TENEMOS EL AVAL DE LA SOCIEDAD

Carlos Rojas Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social

Si hubiera una actitud de contrainsurgencia o de privilegiar a ciertos grupos en contra de otros, de provocar división en las comunidades ya nos hubieran secuestrado, robado los vehículos o agredido y no ha pasado nada. Yo puedo demostrar que en las casi 600 comunidades de Las Cañadas, en todos los casos (donde hay programas de Sedeso) se ha respetado la decisión comunitaria más allá de la pertenencia política o de organización o de grupo o religiosa que pueda tener la comunidad o parte de la comunidad. Chiapas ha sido muy complejo para trabajarlo, pero hemos sido muy cautelosos, más que en otros casos y el mejor aval es el que te da la propia sociedad.

SON RECURSOS DE CHIAPAS

Enrique Del Val, subsecretario de Sedeso

A pesar de lo que dicen no hay dinero de Sedeso ni del gobierno federal en Paz y Justicia, es cierto que hay partidas federales en la adminstración estatal, pero los recursos para Paz y Justicia, todos, son del Estado.