Masiosare, domingo 21 de diciembre de 1997

Con información de Juan Balboa y Jesusa Cervantes

A lo largo de la campaña electoral federal, que abarcó el primer semestre de 1997, la organización paramilitar Paz y Justicia, de filiación priísta, mantuvo una actitud amenazante frente a los comicios del 6 de julio. Arguyendo que sus ``posiciones ideológicas'' no estaban ``representadas'' en las candidaturas a diputaciones federales y locales impulsadas por el PRI, diversos portavoces del grupo reiteraron que apelarían a la violencia para impedir que la gente acudiera a votar en la zona norte de Chiapas.

Sin embargo, las elecciones se efectuaron en esa región sin que Paz y Justicia cumpliera sus siniestras advertencias. El 8 de agosto, en un comunicado de prensa, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional denunció que, ``además de enlodarse con el dinero del narcotráfico, el ejército federal se llena las manos de sangre indígena, directamente o a través de escuadrones paramilitares que entrena y dirige, en sus acciones en el otro México. (Carlos Rojas acaba de otorgarle, por presiones del Ejército, 5 millones de pesos a Paz y Justicia).''

Durante los meses posteriores, la prensa capitalina investigó, y comprobó parcialmente, esta versión. El sábado 4 de octubre, la columna El Tonto del Pueblo ofreció en La Jornada esta todavía inexacta aproximación a la verdad:

``El 2 de julio, cuatro días antes de las elecciones federales de mitad de sexenio, en Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo una reunión en la que participaron el gobernador Julio César Ruiz Ferro y el diputado priísta Samuel Sánchez Sánchez, fundador y máximo dirigente del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Como testigo de calidad, participó un muy alto oficial del Ejército Mexicano, a cuyo mando se encuentran numerosas tropas en la región. El encuentro fue breve. Ruiz Ferro (otras versiones dicen que en realidad fue Carlos Rojas, titular de la (Secretaría) de Desarrollo Social, quien) entregó a Samuel Sánchez 450 mil dólares en moneda nacional, a cambio de que Paz y Justicia no cometiera actos violentos antes, durante y después de la jornada electoral. Esta información, que ya era del conocimiento público, nunca fue desmentida''.

Al día siguiente, 5 de octubre, un vocero de la Sedeso rechazó ``la supuesta entrega por parte del titular de Desarrollo Social de 450 mil dólares a un grupo llamado Paz y Justicia''. No obstante, las denuncias sobre el carácter paramilitar de Paz y Justicia y su vinculación con el gobierno de Ruiz Ferro y con el PRI continuaron multiplicándose. Notas de prensa, informes de ONG locales y nacionales, así como un detallado reporte de Human Rigths Watch/ Americas, insistieron en esta relación vergonzante.

Pero el debate llegó a su clímax el domingo 7 de diciembre, en el Canal 2, cuando el programa televisivo de Ricardo Rocha, Detrás de la noticia, desde el municipio de Chenalhó, puso al descubierto la existencia de otras bandas paramilitares, creadas a imagen y semejanza de Paz y Justicia, para reproducir en los Altos de Chiapas el esquema de contrainsurgencia que desde 1995 opera en la zona norte.

El PRI reaccionó finalmente. El lunes de la semana que hoy concluye, distintos diarios capitalinos publicaron una inserción pagada y firmada por los coordinadores parlamentarios de ese partido en los 31 estados de la República mexicana, incluido el de Chiapas, según la cual ese instituto político rechaza que sostenga relaciones de cualquier tipo con grupos paramilitares. Pero 72 horas más tarde, Juan Balboa, corresponsal de La Jornada en San Cristóbal de Las Casas, obtuvo una copia del convenio suscrito por el gobierno de Ruiz Ferro con Paz y Justicia, el 4 de julio de 1997, por un total de 4 millones 600 mil de pesos, teniendo como ``testigo de honor'' al ``general DME'' (Diplomado del Estado Mayor) ``Mario Hernán (sic) Castillo, comandante de la VII región militar'', quien por cierto fue relevado de Chiapas el pasado 10 de noviembre.

Convenio de desarrollo productivo que celebran por una parte, el gobierno del Estado de Chiapas y por la otra, campesinos de la organización ``Desarrollo, Paz y Justicia, A.C.'' de los municipios de Tumbalá, Sabanilla, Tila, Salto de Agua y Yajalón que tendrá por objeto apoyar y fomentar la actividad agroproductiva a través del programa de reactivación agrícola y pecuaria establecido con este propósito al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERO: El presente convenio tiene por objeto establecer los compromisos generales que den pauta a la implementación del programa de reactivación agrícola y pecuaria en los municipios de Tumbalá, Sabanilla, Tila, Salto de Agua y Yajalón para beneficio de los campesinos de la organización Desarrollo Paz y Justicia A.C. y cuya finalidad es apoyar los sectores agrícolas y pecuarios.

SEGUNDO: El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno apoyará a la organización Desarrollo, Paz y Justicia con recursos económicos hasta por un monto de 4 millones 600 mil pesos, ministrados en el transcurso de un año, de acuerdo a la estructura de inversión del programa presentado por esta organización.

Estos recursos se entregarán a los representantes legales de la organización Desarrollo, Paz y Justicia, de acuerdo a los lineamientos y normatividades convenidas para su ejecución en el periodo de julio de 1997 a junio de 1998.

Las ministraciones serán de acuerdo al siguiente calendario:

1.- 4 de agosto de 1997

2.- 4 de diciembre de 1997

3.- 4 de mayo de 1996

TERCERO: Los campesinos de la organización Desarrollo, Paz y Justicia A.C. se comprometen a implementar el programa citado de acuerdo a los lineamientos y normatividades de ejecución que se establezcan de común acuerdo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el programa. Las partes asumen el compromiso de revisar y en su caso, modificar y adecuar de común acuerdo los criterios específicos para la administración y operación del programa.

CUARTO: Previo balance de las metas, objetivos y resultados de la ejecución del programa de reactivación agrícola y pecuaria, el gobierno del estado se compromete a asignar un presupuesto anual para impulsar obras de infraestructura y proyectos productivos para el desarrollo rural, para las comunidades comprendidas en los municipios citados.

Dado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los cuatro días del mes de julio de 1997. Firmado para constancia de todos los que en ella intervinieron.

LIC. HOMERO TOVILLA CRISTIANI
SECRETARIO DE GOBIERNO
(RUBRICA)
LIC. URIEL JARQUIN GALVEZ
SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO
(RUBRICA)
POR LA DELEGACION DE REPRESENTANTES
DE LA ORGANIZACION ``DESARROLLO,
PAZ Y JUSTICIA, A.C'', DE LOS MUNICIPIOS
DE TUMBALA, SABANILLA, TILA, SALTO
DE AGUA Y YAJALON
(64 FIRMAS ILEGIBLES)

TESTIGO DE HONOR
GRAL. D.E.M MARIO HERNAN (sic) CASTILLO
CDTE. DE LA VII REGION MILITAR (Rúbrica)