En los últimos meses se ha dicho que el monto del subsidio total a las tarifas eléctricas es de 23 mil millones de pesos; que es de 20 mil millones y, con una semana de diferencia, que es de 19 mil millones de pesos. Sin embargo, en la más reciente Cuenta Pública eso no aparece, y tampoco en el Presupuesto para 1998.

Sí aparece, por ejemplo, en la Cuenta Pública de Luz y Fuerza del Centro un subsidio de poco más de 3 mil 900 millones de pesos. Pero el atribuido a la Comisión Federal de Electricidad en ese documento es cero, y las columnas reservadas para ``Subsidios y transferencias'' aparecen siempre en blanco.

Sobre la base de las declaradas cifras ``de chicle'' que nunca se pueden documentar y que varían caprichosamente, es posible decir que las tarifas domésticas están subsidiadas, pero las llamadas industriales (que en realidad son para la electricidad entregada en mediana o alta tensión, trátese o no de industrias) no tienen subsidio. Lo cierto es que el precio promedio del kilowatt-hora entregado en alta tensión a consumidores grandes es menos de una tercera parte que el de la entregada a pequeños comercios o talleres en baja tensión. Y, a su vez, en diferentes momentos esto ha sido pretexto para que no haya un aumento real a las tarifas de alta tensión, en perjuicio de la economía del sector eléctrico.

También, al amparo de las indefiniciones, se mantiene el subsidio a los primeros kilowatts-hora consumidos por los grandes consumidores domésticos, cuando el subsidio debería ser para quienes lo necesitan. El usuario no tiene manera de saber cómo se construyó la cantidad que tiene que pagar, y a menudo no puede distinguir si se trató de un error o si la tarifa efectivamente implicaba un pago muy superior al que esperaba.

Al amparo de estos factores se han dado, en diversos momentos, movimientos o pronunciamientos contra el alza de tarifas o en favor de su rebaja. A veces la demanda planteada, sea por falta de conocimiento de sus implicaciones o por conveniencia de una minoría, beneficiaría a unos pocos. Por ejemplo, hace un tiempo se planteó, en Sinaloa, que las partes del estado en las que se pagaba la tarifa 1D, se pagara, como sucede en las ciudades más cálidas del mismo, la tarifa 1E. Para la mayoría de los usuarios, la mejora hubiera sido mínima: mientras que en invierno no hay diferencia entre ambas, en la primera de las mencionadas tarifas se subsidian en verano los primeros mil kilowatts-hora, y en la segunda los primeros 2 mil 500. Pues resulta que los que consumen más de mil kilowatts-hora al mes, que serían los verdaderos beneficiados, apenas llegan a 3 por ciento de los consumidores del Estado.

En el año que está por empezar -estamos en época de buenos deseos- valdría la pena hacer frente a esta cauda de problemas, antes de que lleguemos a situaciones más caóticas.

Procedería legislar para establecer subsidios transparentes desde el fisco en los casos en los que se justifican, facturas en las que el usuario pueda ver cómo se construyó su monto a pagar, y el cargo de costos reales a quienes no tienen por qué ser subsidiados