En San Diego, los abogados de Alfredo Hodoyán Palacios y Emilio Valdés Mainero apelarán de las órdenes de extradición

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, y Juan Manuel Venegas Ť Los abogados de Emilio Valdés Mainero y Alfredo Hodoyán Palacios, presuntos sicarios del cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, presentarán el próximo lunes un recurso de apelación ante la Corte Federal de San Diego, California, buscando revocar la orden de extradición a México dictada por el magistrado Anthony Bataglia.

A su vez, la madre de Alfredo Hodoyán, Cristina Palacios Roji, dijo en entrevista en su domicilio, en Tijuana, que la decisión del juez estadunidense estuvo motivada por ``presiones políticas'' entre los gobiernos de México y Estados Unidos, sin considerar las pruebas de descargo que presentaron en tiempo los abogados de su hijo.

Valdés Mainero y Hodoyán Palacios fueron capturados en San Diego, toda vez que de acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) son corresponsables de los homicidios de los comandantes de la Policía Judicial Federal Ernesto Ibarra Santés y Jorge García Vargas, además de que se les acusa de delitos contra la salud.

Ibarra Santés fue asesinado --según el expediente-- en el marco de la disputa entre los cárteles de Tijuana y Juárez. Responsable del operativo Alacrán, preparado para la captura de los Arellano Félix, Ibarra Santés estaba ubicado como uno de los funcionarios policiacos que, en su momento, ``colaboraron'' con el fallecido capo de Juárez, Amado Carrillo Fuentes.

García Vargas, ex comandante operativo del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), fue asesinado el viernes 20 de septiembre de 1996, cuando tenía a su cargo una investigación que incluía a treinta empresas y comercios establecidos en Tijuana, bajo la sospecha de lavado de dinero del narcotráfico. De esas empresas, al menos 15 están supuestamente ligadas a los Arellano Félix.

Además, todo de acuerdo con el expediente de la PGR, García Vargas tuvo a su cargo la indagación de posibles vínculos de políticos y empresarios de Baja California con el narcotráfico y el lavado de dinero.

La apelación de Hodoyán

``Mi hijo es inocente y se le culpa por ser amigo de esa gente a la que se le acusa de ser del cártel de los Arellano, a quienes conoció desde que eran niños y acudían a la misma escuela'', sostuvo Cristina Palacios respecto a la relación de su hijo Alfredo con Fabián Martínez, alias El Tiburón --señalado como uno de los gatilleros más peligrosos al servicio de Ramón Arellano Félix--, y Malberto León, alias El Abulón.

Según Palacios Roji, los señalamientos en contra de su hijo por parte de la PGR, que lo vincula con el cártel del Tijuana, son absurdas, pues Alfredo, de 26 años de edad, nunca tuvo dinero y carece de propiedades inmuebles, ``yo siempre le tuve que estar dando para sus gastos; si el fuera lo que dicen, seguramente tuviera mucho dinero y nosotros vivieramos en mansión''.

La familia Hodoyán Palacios ha perdido más de 50 por ciento de sus bienes económicos en la defensa de Alfredo desde que éste fue detenido --el pasado 30 de agosto en San Diego, en posesión de un arma y dos cigarrillos de mariguana-- y en la búsqueda de su hermano mayor, Alejandro, quien desde el 5 de marzo de este año esta reportado en como desaparecido.

Mientras tanto, en la vecina ciudad de San Diego los abogados de Alfredo Hodoyán y Emilio Valdés trabajan en la apelación, con base en cuatro puntos fundamentales; el primero de ellos fundamentado en las evidencias que el pasado mes de agosto presentaron al juez federal Anthony Bataglia.

Se trata de fotocopias de pruebas utilizadas por el gobierno mexicano en contra del general Jesús Gutiérrez Rebollo, en las que se detectaron serias contradicciones favorables a los supuestos narcotraficantes.

Entre las evidencias a las que tuvo acceso La Jornada se encuentra la declaración ministerial del militar Vicente Ruiz Martínez --ex chofer de la esposa de Gutiérrez Rebollo--, quien el pasado 18 de marzo declaró dentro de la averiguación previa número 095/MPINCD/97 ante autoridades mexicanas haber tenido contacto con un detenido de nombre Fausto Soto Miller, alias El Chef, el 15 de septiembre de 1996 y a quien se trasladó en un avión militar de Guadalajara, Jalisco, a Culiacán, Sinaloa.

Declaraciones ministeriales de Alejandro Hodoyán, actualmete desaparecido, también confirman que tras su detención, el 12 de septiembre, fue llevado a una base militar, donde escuchó la voz de Soto Miller.

Sin embargo, en las evidencias presentadas por el gobierno mexicano en busca de la extradición de Valdés Mainero y Alfredo Hodoyán se establece que el arresto de Soto Miller ocurrió el 22 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.

Asimismo, en los documentos presentados por la PGR en una corte de San Diego se asegura que Soto Miller habría confesado que el 17 de septiembre recibió una llamada telefónica de Alfredo Hodoyán, en la que se le solicitó ocultar el vehículo que sicarios del cártel de Tijuana habían utilizado para asesinar a Ernesto Ibarra Santés, ex subdelegado de la Policía Judicial Federal en Baja California, la noche del 13 de septiembre en la ciudad de México.

Michael Pancer, abogado de los presuntos narcotraficantes, aseguró que la contradicción en las fechas de arresto de Soto Miller son una evidencia de que el gobierno mexicano manipula las pruebas a su conveniencia, tanto en el caso contra Jesús Gutiérrez Rebollo como en el proceso de extradición, iniciado hace 11 meses, de Valdés Mainero y Hodoyán Palacios.

Asimismo, la defensa utilizará una carta envida por Soto Miler el 21 de julio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, en la que denuncia haber sido víctima de actos de tortura. Los abogados alegan que, de ser devueltos a México, Alfredo Hodoyán y Emilio Valdés correrán la misma suerte.