Bárbara Zamora
El gran negocio de la justicia agraria

A diario leemos noticias sobre viejos y nuevos conflictos agrarios en donde los campesinos son desalojados de sus tierras o encarcelados por luchar por ella o enfrentados entre ellos por los actos de las propias autoridades. Decía un funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA): ``que se maten y ya con los que queden negociamos''.

Esto es tan cotidiano, que para muchos ya no es noticia; sin embargo, apenas ayer leímos una noticia sobre una indemnización millonaria (más de 15 millones de pesos) que la SRA debe pagar a cinco ``pequeños propietarios'' por haberles ``arrebatado'' su ``pequeña propiedad'' de 27 mil hectáreas para dárselas a los campesinos en 1976, cosa que fue resuelta por un juez de distrito y ratificada por un Tribunal Colegiado.

La ``pequeña propiedad'' es un latifundio lisa y llanamente, y la suma resulta verdaderamente insultante. Es una vergüenza para el Poder Judicial y para la SRA una resolución en estos términos, más aún en el momento actual, cuando a los campesinos e indígenas los arrojan de sus tierras con la entelequia de los finiquitos agrarios (creación de la SRA).

En repetidas ocasiones las autoridades agrarias han dicho que ``ya se terminó el rezago agrario'' inclusive el presidente Ernesto Zedillo hizo el anuncio y le dio formalidad con su publicación en el Diario Oficial. La realidad los contradice.

Hay que decir que gran parte de los conflictos agrarios se deben a deficiencias administrativas y a la corrupción de los funcionarios agrarios pero también a una situación de desorden jurídico que se ha agudizado con las reformas salinistas al artículo 27 constitucional. En este contexto, los miles de expedientes que la autoridad dice que ya concluyeron, se encuentran en litigio en diversos tribunales del país como se puede ver de la noticia que se comenta. Esto demuestra dos cosas: que el rezago agrario no ha concluido, y que hay una dualidad en la procuración y administración de la justicia agraria.

Efectivamente, a los campesinos les resuelven sus expedientes mandándolos al archivo porque ya no hay tierras para repartir, y en el mejor de los casos, a través de los famosos ``acuerdos de finiquito agrario'' que no son otra cosa que un préstamo por 20 mil pesos que la SRA les hace a los campesinos para que éstos compren tierra (4 has. de 5 mil pesos por ha.) a los ``pequeños propietarios''. Y en caso de que no acepten el ``acuerdo'', se les advierte que tiene dos opciones: abandonan los predios voluntariamente o la policía los echa por la fuerza. Jueces, magistrados y ministros no levantan su voz contra estos actos ilegales de la autoridad en perjuicio de los campesinos. En cambio hay que ver lo generoso que es el Poder Judicial en sus resoluciones para los ``pequeños propietarios'' que han sido ``arrebatados'' de sus tierras.

Señores jueces, magistrados y ministros, integrantes del Poder Judicial: la Constitución Mexicana en su artículo 27 señala: ``La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público''. Este precepto es muy claro pero ustedes están haciendo exactamente lo contrario con su resolución en favor de los ``pequeños propietarios''. Considerar a la propiedad privada como derecho absoluto por encima del interés social es violar esta disposición de nuestra Ley Fundamental.

No se debe permitir que los tribunales sean utilizados y que éstos se presten para traficar con la administración de justicia y como medios para el lucro. En estricto derecho, esta resolución debe ser revisada por el Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de vigilar los actos de los jueces y magistrados federales. Pero, ¿se puede confiar en el Consejo de la Judicatura si José Vicente Aguinaco Alemán es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial, y es también presidente del Consejo de la Judicatura, o sea el órgano que vigila los actos del Poder Judicial y además fue el abogado litigante de este asunto en sus inicios y padre del abogado que siguió el litigio cuando Aguinaco Alemán lo dejó.